Mujer estuvo en prisión injustificadamente casi 7 años; CNDH emite recomendación

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 64/2018 a autoridades locales por el caso de una mujer que estuvo en prisión durante casi siete años, acusada falsamente de formar parte de una banda de secuestradores. El documento recomendatorio fue dirigido al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura local, Álvaro Augusto Pérez Juárez. Lo anterior, al acreditarse que, con sus acciones, servidores públicos de esas instancias violentaron los derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad personal, debido proceso, a una defensa adecuada y a la presunción de inocencia, así como de acceso a la justicia en su modalidad de administración de justicia en agravio de la mujer, informó el organismo nacional. La detención de la persona afectada derivó del secuestro de tres personas cuando circulaban en un vehículo por el Circuito de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, dos de las cuales aparecieron muertas días después. La tercera sobrevivió y testificó que el día del secuestro una mujer, haciéndose pasar por una autoridad policial, les marcó el alto para revisar el automotor, los obligaron a descender del mismo y enseguida los subieron a otro vehículo llevándolos secuestrados. Con motivo de esos hechos, la procuraduría local aseguró a seis personas, entre ellos a la víctima, sin que existiera una imputación directa, firme y categórica en su contra, advirtiéndose del análisis de evidencias hecho por la CNDH, que la imputación hecha contra la víctima derivó de una denuncia anónima recibida por la PGJ capitalina. En la referida denuncia se le relacionaba como integrante de una banda de secuestradores, que como característica colocaba una flor en la boca de las víctimas secuestradas. Del mismo modo, se desprendió que aunque el testigo señaló la intervención de sólo una persona del sexo femenino en el retén donde se habría verificado el secuestro de las tres personas, por ese mismo hecho fueron procesadas dos mujeres: la víctima ante el Juzgado del Fuero Común y otra mujer probable responsable en el fuero federal por los mismos hechos. Es así que la víctima permaneció en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, procesada bajo dos causas penales. Después de seis años, 10 meses y 11 días, el Juzgado del Fuero Común ordenó su libertad, porque la agente del Ministerio Público presentó inacusatorias, es decir, reconoció expresamente que no había elementos que sustentaran válidamente las imputaciones formuladas en su contra, tanto en el caso que se ha referido, como en otros ocho respecto de los cuales se le pretendió, infundadamente, fincar responsabilidad. Por ello, la CNDH solicitó al jefe de Gobierno de la Ciudad de México reparar integralmente el daño a la agraviada, en términos de la Ley General de Víctimas e inscribirla al igual que a sus familiares en el Registro Nacional de Víctimas. Además, instruir al titular de la PGJ capitalina para que en coordinación con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ofrezca una disculpa pública. Otras acciones son eliminar jurídica y materialmente la información que de la víctima circule en la red, eliminar todos los registros generados con motivo de su proceso penal, así como notificar a las autoridades consulares de Estados Unidos sobre la eliminación de sus antecedentes penales. También, dejar sin efecto los acuerdos A/003/2012 y A/004/2013, emitidos por el procurador general de Justicia del entonces Distrito Federal, relativo a la presentación ante los medios de comunicación de personas puestas a disposición del Ministerio Público. Asimismo, capacitar al personal ministerial y policial capitalino en materia de derechos humanos; colaborar en la integración de la carpeta de investigación y procedimiento administrativo que se inicien con motivo de la denuncia de hechos y queja que la CNDH formule contra los funcionarios involucrados. Al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura capitalinos le pidió iniciar el procedimiento que corresponda en términos de la Ley Orgánica de ese Tribunal, vigente al momento de los hechos, contra la autoridad involucrada. Y, en su caso, la denuncia ante el agente del Ministerio Público de la procuraduría capitalina. Para el caso de que se encuentren prescritas las conductas de los servidores públicos involucrados, se incorpore copia de la presente recomendación en sus expedientes laborales. Ambas instancias deberán designar a los servidores públicos que serán enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, y en caso de ser sustituidos, notificarlo oportunamente. NM