QUITO, ECUADOR. El movimiento indígena aceptó el sábado el diálogo directo que había rechazado en principio con el presidente Lenín Moreno, en el marco de nuevos focos de violencia en Quito por las reformas económicas pactadas por el gobierno de Ecuador con el FMI.
Las manifestaciones derivaron en el asalto al edificio de la Contraloría, que fue incendiado y saqueado por manifestantes encapuchados. La sede quedó envuelta en una espesa humareda.
La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, anunció el desalojo de la zona en cuyos alrededores se registraban enfrentamientos con la fuerza pública. La Policía ha detenido a 30 personas, añadió.
Cerca de ahí, en los alrededores de la Asamblea Legislativa, manifestantes indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno, según periodistas de la AFP.
La fuerza pública reforzó el control en esa zona tras el breve asalto del Congreso el pasado martes por manifestantes.
En medio del rebrote de la violencia, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) dijo que había decidido finalmente “participar” en un encuentro cara a cara con el mandatario después de “un proceso de consulta con las comunidades”.
El viernes había dicho que la propuesta “carecía de credibilidad” e insistía en que solo se sentaría a conversar cuando se derogara el decreto que eliminó los subsidios de los combustibles y encareció los precios en hasta 123% de la gasolina y el diésel.
Sin embargo, la Conaie reconsideró su negativa inicial e incluso se mostró dispuesta a conversar sobre “la derogatoria o revisión del decreto”.
El jueves los indígenas rechazaron un primer acercamiento planteado por el gobierno a instancias de la ONU y la Iglesia católica.
Y decidieron radicalizar sus acciones mediante el bloqueo de vías y la toma de instalaciones ante la muerte de un responsable indígena.
Desde que estallaron las protestas hace 11 días han muerto cinco civiles y se registran unos 2 mil heridos y detenidos, según la Defensoría del Pueblo.
“Frenar la violencia”
Moreno, que días antes se mostró confiado en un “pronto” arreglo, sigue la crisis desde el puerto de Guayaquil, adonde trasladó la sede de gobierno después de declarar el estado de excepción y enviar las Fuerzas Armadas a contener las protestas.
El descontento social con sus reformas económicas sumió en una espiral de caos a Quito e interrumpió el transporte de petróleo -la mayor fuente de divisas- por el principal ducto del país a causa de la ocupación de pozos en la Amazonía.
Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos.
“Es indispensable frenar la violencia”, clamó Moreno el viernes después del llamado de la dirigencia a radicalizar la protesta y abrir la opción de una negociación directa.
En el poder desde 2017, el gobernante enfrenta su mayor crisis debido a los ajustes económicos que impuso a cambio de préstamos por 4.200 millones de dólares que contrajo con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal que achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de su antecesor y exaliado Rafael Correa.
Washington, a través de un comunicado del secretario de Estado, Mike Pompeo, apoyó al gobierno ecuatoriano y sus “necesarias” reformas.
Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.
