La Fiscalía General de la República (FGR) deberá entregar una versión pública de los informes y documentos que las autoridades y agencias de Estados Unidos realizaron sobre el caso Iguala, de acuerdo con una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, luego de que la Fiscalía había rechazado la solicitud de una persona quien solicitó la versión pública de dichos archivos.
Entre los informes que no han sido dados a conocer en su totalidad referentes al ataque y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, se encuentra la intercepción que la Administración de Control de Drogas (DEA por su siglas en inglés) hizo a los teléfonos móviles de los líderes e integrantes de Guerreros Unidos, parte de lo cual dio a conocer este diario en el reportaje titulado: “La DEA ocultó la verdadera noche de Iguala”, sin que a la fecha se haya dado a conocer el contenido de al menos nueve horas de esas conversaciones consideradas cruciales en la investigación del caso.
Fue el 24 de mayo del año pasado cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el gobierno de Estados Unidos había hecho entrega de una “parte del expediente” que las autoridades de ese país tienen del caso, pero al ser cuestionado por mayores detalles de dicho expediente el mandatario refirió: “no puedo decir más, pero ya tenemos la respuesta y están por enviarnos en esta semana el resto, entonces, hay cooperación en estos casos y vamos a continuar así”.
Ante la negativa de la FGR para entregar dichos documentos, argumentando que tras “una búsqueda razonable y exhaustiva, no encontró información relacionada con la solicitud”, la resolución del INAI se apegó al mismo criterio por el que en 2018 el Pleno del organismo ordenó que la Fiscalía diera a conocer una versión pública de la averiguación previa de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, considerando, al igual que en este aspecto de los informes de autoridades estadounidense, que el “caso Ayotzinapa se refiere a una crisis en materia de violaciones graves de derechos humanos que sufre nuestro país”, como señaló la comisionada Norma Julieta del Río Venegas al presentar el asunto ante el Pleno.
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