Tras 12 meses de hermetismo, presiones a familiares y filtraciones de información en torno al caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua al fin arrojaron un primer resultado con la detención del presunto autor intelectual del asesinato, pero el esclarecimiento y la justicia en este caso no ha llegado.
Algunos resultados han sido públicos, como la detención, el 25 de diciembre, de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, “señalado como autor intelectual del crimen”, informó la Fiscalía de Chihuahua. El 19 de diciembre ocurrió el asesinato de Ramón Andrés Zavala, autor material del homicidio de la periodista, eslabón fundamental del caso, porque sólo él conoció a quién dio la orden de disparar; además de un tercero que no ha sido localizado.
Desde que comenzaron las investigaciones sobre el asesinato de Miroslava, la suerte ha corrido a favor del fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, y diciembre fue un mes clave para él por la localización, sin vida, del autor material del homicidio de la periodista, Ramón Andrés Zavala, en Álamos, Sonora. Después, la detención de El Larry.
Acá algunas pistas. En abril de 2017, la Fiscalía había tenido otro golpe de suerte: el arma que se disparó contra la periodista, prácticamente le fue entregada al ser colocada en el cuerpo de Gabriel Federico Ochoa Cárdenas, asesinado en un taller mecánico. Los peritos de la Fiscalía estatal confirmaron que el arma calibre 38, fue con la que asesinaron a la periodista, pero la víctima, no. De las investigaciones de este homicidio nada se sabe. El 10 de abril había sido asesinado, con la misma arma que mató a Miroslava, afuera de un restaurante de Chihuahua, el piloto Jorge David Coughanour Buckenhofer, quien prestaba sus servicios al grupo de Los Salazar y de quien se dijo había trasladado ese mismo día a El Larry.
Batalla legal
El 27 de noviembre de 2017, los cinco hermanos de Miroslava solicitaron a la Fiscalía ser reconocidos como víctimas, además de la designación de sus asesores jurídicos, mientras que los hijos de la periodista han mantenido hasta hoy un bajo perfil.
El 23 de septiembre pasado, familiares denunciaron que la Fiscalía de Chihuahua les negó el acceso a la carpeta de investigación, al argumentar que como hermana de la víctima, refiriéndose a Rosy Breach, “carecía de calidad de ofendida dentro de la indagatoria”.
Ante la obstaculización de sus derechos como víctimas, los integrantes de la familia Breach, asesorados por la organización Propuesta Cívica, interpusieron el amparo 1137/2017, que fue resuelto a su favor el 5 de octubre de 2017 por el magistrado René Ramos Pérez, pero la Fiscalía estatal interpuso un recurso de revisión el 20 de octubre pasado, mismo que continúa en trámite en el Tribunal Colegiado estatal.
El 3 de noviembre pasado, Propuesta Cívica, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección a Periodistas de Nueva York manifestaron su preocupación ante la resistencia de la Fiscalía General del estado por transparentar la investigación, y solicitaron a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) que ejerciera la atracción de la investigación, por lo que el próximo 11 de abril se definirá si se le entregan o retienen el caso.
Líneas de investigación
La hipótesis de la presunta participación de un grupo delictivo fue fortaleciéndose al pasar de los meses. La información filtrada al periódico El Heraldo, y publicada el 11 de octubre pasado, reveló: “Brazo armado del Cártel de Sinaloa estaba involucrado en el homicidio de Miroslava Breach”, y cita que “el móvil del asesinato de la periodista fue una venganza de Los Salazares, liderado por el hasta hoy preso federal Adán Salazar Zamorano, don Adán, y su hermano Crispín Salazar Zamorano, tíos del exprecandidato del PRI a la alcaldía de Chínipas, municipio serrano que lidera el grupo perteneciente al Cártel de Sinaloa”.
El reportaje de Olga Alicia Aragón “Asesinato de Miroslava, el trasfondo. Morir amenazada por la narcopolítica y en el abandono del nuevo amanecer”, revela los indicios de la planeación y asesinato de la periodista que van desde el gobierno de César Duarte, hasta personajes que seguían en el gobierno de Javier Corral, entre ellos Hugo Amed Schultz Alcántara, expresidente municipal del PAN en Chínipas y quien hasta diciembre de 2017 fue encargado del Despacho de Coordinación de zona serrana Subsistencia estatal. Hoy es profesor de educación física en la Preparatoria 8415 y de la escuela primaria número 2015 en Chínipas. “Shultz es un maestro (…) no lo puedo correr”, mencionó Corral.
Schultz Alcántara fue señalado en el reportaje de Aragón como “el mensajero del narco” por sus vínculos con Los Salazar, grupo al que pertenecen los autores materiales e intelectuales del asesinato de Miroslava y de quien había hecho referencia en sus notas periodísticas, consignó Aragón en su reportaje publicado en el portal 4cuatrovientos.net. Alfredo Piñera Guevara, quien permanece en su puesto en la Secretaría de Comunicación del PAN de Chihuahua, de acuerdo al registro de este partido, es otro personaje que todavía no es sujeto de investigación.
›El trabajo de Miroslava no sólo tocó a políticos, sino a funcionarios: por lo menos 10 directores de seguridad pública en la entidad vinculados con el narcotráfico.
Uno de ellos fue Pablo Ernesto Rocha, quien se desempeñó como director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua y exdirector de la Policía Única estatal en el gobierno de Duarte. Miroslava había consignado en su columna Don Mirone, titulada “Pablo Ernesto es historia en la Poli estatal” en el Norte de Ciudad Juárez, el 16 de mayo de 2016, que era conocido por sembrar pruebas y torturar a los detenidos. El nombre de Pablo Ernesto Rocha apareció en una cartulina, el 20 de abril de 2017, en el cuerpo de Gabriel Federico Ochoa, junto al arma con la que se asesinó a la periodista.
“Otros directores de seguridad pública municipal como el de Chínipas, Martín Ramírez Medina, fueron ratificados en el cargo con el cambio de ayuntamiento, a pesar de sus nexos con familiares con líderes criminales, citó Miroslava en su reportaje. “El informe elaborado por la FGE e inteligencia militar ubica en la misma condición al jefe de la policía municipal en Guazapares, Saúl Rochín Ayón; el de Batopilas, Javier Ramón García Aldama; de Guerrero, Marco Antonio González Hernández; Santa Bárbara, Abel Lorenzo Villalobos; Coronado, Édgar Eliud Hernández Tovar, y el de Ascensión, Sergio Horacio Payán Meza”, así los nombró Miroslava en su reportaje del 20 de febrero de 2017, en La Jornada, citando a fuentes de la FGE.
Para el gobierno de Chihuahua el caso está resuelto, pero se ha obstaculizado el derecho a las víctimas, pues en el proceso judicial todavía no hay una sentencia y queda por investigar la línea política. Hay avances importantes, pero sin total esclarecimiento ni justicia.
