Entre reporteros y especialistas hay mucha confianza en que la Corte revocará la absurda sentencia de daño moral contra el influyente intelectual Sergio Aguayo. Es muy factible entonces que la libertad de expresión sea fortalecida con otra jurisprudencia, pero el periodismo profesional seguirá amagado con la judicialización y criminalización.
Es que en los estados de la federación son recurrentes las malas prácticas de ministerios públicos, jueces y hasta magistrados que, a peticiones de poderosos como Moreira, pueden usar los seis códigos penales vigentes y los 26 códigos civiles que facilitan criminalizar a las y los periodistas incomodos, esas y esos que normalmente son reporteros y no tienen las fortalezas de Sergio Aguayo.
También pronto veremos otra constancia de las prácticas en el poder judicial, cuando el Consejo de la Judicatura dictamine la denuncia de conflicto de interés del Magistrado, José Francisco Huber Olea Contró. Es casi una certeza de que no será sancionado.
No todos somos Sergio Aguayo
Sergio es un intelectual muy influyente. Casi todo el mundo informado sabe que es un investigador académico con muchos méritos en el Colegio de México y la Universidad de Harvard, con muchos amigos en esos círculos, autor de libros muy referidos.
Los que trabajamos de informadores profesionalmente conocemos también que Sergio es articulista en medios impresos, que su sitio Web es muy visible, que es comentarista en medios electrónicos desde hace mucho. No es reportero, pero sí es un gran usuario de la libertad de expresión y, por todo eso cae en la acepción de periodista, según la única ley federal mexicana que define esta actividad.
--¡Y sí a un intelectual como Sergio Aguayo lo usan para amagar con silenciar a periodistas profesionales, ¡estaremos más jodidos las y los reporteros si la Corte no corrige el mensaje amenazante-- comentamos entre pares desde el viernes 24 de enero cuando comenzó a correr la noticia absurda de que por una frase escrita le habían sentenciado por un presunto daño Moral y debía depositar una fianza de 450 mil pesos. Por eso decenas de reporteros nos sumamos a la campaña de solidaridad con Sergio y ayudamos a que la Corte y la Judicatura se apresurarán en atraer su caso.
El reporterismo amagado
Es viejo el debate de quienes sí son periodistas. El artículo 2 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas abarca a todos los usuarios de la libertad de expresión en cualquier medio, incluidos los digitales. Pero no todos los que se define como periodistas son reporteros.
Las enciclopedias y diccionarios como Pyme La vozTX, definen bien lo sustantivo del reporterismo. “Desde un punto de vista etimológico reportero viene de la unión del prefijo re, que expresa la idea de hacia atrás, y el verbo portare, que quiere decir portar o llevar.”
La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define al reportero o reportera como adjetivo del periodista “Que se dedica a los reportes o noticias”.
La Voz TX, agrega: “el reportero es el que lleva la información partiendo del pasado y hechos en proceso. Por otro lado, se trata de un término que también se utiliza en inglés (en inglés reporter es sinónimo de journalist, newspaperman o pressman).”
Recientemente la RAE agregó la categoría profesional a su definición de periodista como “la persona que se dedica al periodismo (actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico’, y los ‘estudios o carrera de periodismo”. El subrayado es de este reportero.
En resumen, la función social y labor principal de las y los reporteros es informar y asumir esto como forma de vida. Los demás entes que participan en el periodismo utilizan la información de quienes laboran como reporteros para monitorear, analizar, editar, vocear o conducir noticieros y escribir opiniones, pero por lo regular tienen otras actividades.
“Los reporteros ocupan el lugar más alto en la escala periodística” ha escrito nuestro colega historiador del periodismo mexicano Humberto Musacchio.
Entre pares sabemos bien que las y los reporteros son los más susceptibles de padecer los males que el siglo XX heredó al medioambiente periodístico, pero más particularmente los incómodos que denuncian con más libertad y los que hacen investigación. Las causas: desprestigiados socialmente por décadas de vinculación antiética con el poder, sometidos a la oleada empresarial de desempleo y precarización, agredidos por ignorantes y vengativos, asesinados por criminales, remarcados por las inercias de quienes cobran por callar o hacer propaganda, ahora estigmatizados desde el Zócalo y bajo el permanente amago de criminalización judicial.
Todavía penalizados en 6 estados
En este 2020 se reporta que en seis entidades de la federación los delitos de difamación y/o calumnia permanecen en sus códigos penales:
Yucatán (artículos 295 y 299), Campeche (art. 249), Nuevo León (artículos 234 y 344), Sonora (art. 284), Zacatecas (art. 274) y Nayarit (art. 335) donde sigue en el texto, aunque la Corte lo declaró invalido en mayo de 2018.
A pesar de que los “delitos de honor” se pasaron a los códigos civiles tanto federal como estatalmente es frecuente la criminalización y los amagos de silenciar a quien se exprese, especialmente a las y los reporteros. Por eso la ONU en su diagnóstico sobre el mecanismo de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos, apenas en junio de 2019, incluyó lo siguiente en las recomendaciones 31 y 32:
“31. Impulsar la reforma de los códigos penales de las entidades federativas a fin de eliminar tipos penales que se apliquen para criminalizar la libertad de expresión y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.”
“32.“ Impulsar la reforma de la legislación civil a nivel estatal y federal para reducir la posibilidad de acoso judicial de las voces críticas a través de procedimientos civiles, estipulando límites y criterios, conforme a los estándares internacionales, considerando la necesidad de regular la práctica de litigios emprendidos contra la participación pública de forma que se puedan declarar improcedentes aquellas demandas judiciales manifiestamente frívolas que buscan desalentar el ejercicio de la libertad de expresión”.
Con todo esto, si la Corte no impide este otro amago contra la libertad de expresión y si los políticos del nuevo régimen no actúan para impedir que persistan como están las leyes y que sigan activos jueces como Huber, el ejercicio del periodismo y los reporteros como sus principales activos nos seguiremos desbarrancando más a la definición de jodido del diccionario del Colegio de México, “El que vive muy mal, sin dinero ni esperanzas”.
