La revista radiofónica de Radio Educación el Fin Justifica los Medios ya cumple 32 años y 8 meses. Allí se hace un recuento semanal de lo que ocurre en la industria de los medios de comunicación, el periodismo y entre periodistas. Son pocos los espacios que hacen esto. El 9 de junio, los conductores, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, invitaron a Juan Bautista Aguilar y a este reportero. Y en una hora no alcanzamos a revisar la cantidad de hechos trascendentes ocurridos en nuestro medio ambiente, menos pudimos evaluar que en once días consecutivos hubo seis noticias alentadoras que podrían mejorar la difícil situación de quienes informan profesionalmente y que, la mejor, por su significancia, es el notable aumento de periodistas activistas por sus derechos.
Disminución de los índices de impunidad. El mismo jueves 9 de junio el subsecretario federal de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja informó en Palacio Nacional que ya habían sido identificados los cuatro presuntos asesinos de las periodistas de Cosoleacaque, Veracruz, Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García, y que dos ya estaban en prisión preventiva.
Pero, además, agregó que de los nueve casos de ese tipo de homicidios registrados por el gobierno federal en 2022 “ya hay 26 detenidos o buscados con órdenes de aprehensión”, que 19 están vinculados a proceso. Esa disposición política y actuación no había visto en el gobierno federal. Un factor es que en todos los asesinatos de este año hubo protestas de periodistas, dos simultáneas en más de 25 estados en enero y febrero más la presión sistemática de colegas cercanos a las víctimas para que se haga justicia.
Verifiquemos:
Hacia la disminución de la precariedad
En la mañana del 7 de junio, Jesús Ramírez Cuevas el Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia anunció el primer programa federal de seguridad social para periodistas que acrediten serlo desde al menos un año antes y que trabajen por cuenta propia. Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo se estimó que se beneficiaría a 6 mil 26 con los cinco seguros del Instituto Mexicano del Seguro Social (enfermedades y maternidad; de riesgo de trabajo; de invalidez y vida; de retiro o de cesantía por vejez y de guarderías y prestaciones sociales). En meses siguientes difundirán facilidades para adquisición de vivienda con el Infonavit y se realizará -dijo - un padrón riguroso de beneficiarios.
Este anuncio desató en redes sociales discusiones entre periodistas con tres enfoques: Por un lado, sí hubo una buena cantidad de colegas que de inmediato ingresaron al sitio web para inscribirse y que además calificaron el anunció como positivo y afirmaron que quienes necesitan la seguridad social son muchos más que los estimados.
En el segmento de periodistas consolidados se acusó que es una medida clientelar del gobierno federal que se apropia de una demanda muy sentida de periodistas vulnerables para atraerlos hacia sus posiciones, que el programa es como un “chayo corruptor, de la especie de pago para que no me pegues”.
Y una tercera posición fue la de tasar ese programa como incompleto, que no atiende las causas estructurales de la precariedad social y laboral de los periodistas, que se convertirá en “alcahuete” de las empresas de prensa.
Esa efervescencia entre periodistas, tanto en lo individual como en forma colectiva, tuvo una expresión más razonada e integral por parte de los abogados laborales y periodistas de varias entidades del país que se organizan en torno al Colectivo Tenemos que hablar, fundado en 2016.
En un pronunciamiento que emitió el mismo 7 de junio, ese colectivo sostiene que “el Seguro social para periodistas es necesario, pero (el) programa federal no resuelve problemas estructurales” y entre un sinfín de preguntas dice: “¿qué garantía existe de que las empresas no utilizarán este programa para cambiar sus esquemas de contratación para trasladar los costos al Estado -como lo han hecho antes-?; ¿acaso no previeron que favorecerán la contratación de trabajadoras y trabajadores bajo el esquema de honorarios y la eliminación de puestos de trabajos asalariados?…”.
Este colectivo ha crecido en adhesiones en varias entidades del país, sobre todo desde que en febrero de 2020 intensificó su pretensión de crear un sindicato nacional y modificar las leyes que reconozcan el carácter profesional del trabajo de los periodistas.
Aceleran proceso para nueva ley general de protección
El proceso que inició la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob para incentivar la participación de personas defensoras de derechos y de periodistas en el país se intensificó con diálogos en otras entidades y en fechas más cercanas. Originalmente se preveían cinco reuniones regionales. Ya se hicieron ocho estatales y seguirán más hasta julio. Esos foros se iniciaron en la Ciudad de México, siguieron en Oaxaca, Sonora, Tepic, Cuernavaca y Tijuana. El séptimo se inició en Guadalajara el 30 de mayo y el octavo en Morelia los días 7 y 8 de junio. El proyecto de ley, aseguran, estará antes de septiembre.
En estos diálogos ha ido creciendo la cantidad de periodistas participantes, no obstante, que se realizan en días y horas de labor reporteril. Además en Cuernavaca, Tepic, Tijuana y Morelia los trabajadores del periodismo, elaboraron documentos colectivamente con propuestas que rebasan los linderos de lo que debe ser la ley, para demanda mejores condiciones laborales y sociales contra la precariedad, más atención y protecciones de las autoridades locales.
Un caso muy destacable de este activismo colectivo de periodistas, por ejemplo, fue el colectivo Niunomás de Michoacán (que agrupa a colegas de varios municipios) que presentó un posicionamiento bastante punzante el primer día del foro.
Además de recordar la falta de justicia en sus 14 colegas asesinados y 6 desaparecidos de 2006 a la fecha los representantes del colectivo Niunomás exigieron a la Segob “no caer en la simulación pretextando que la Ley (que se prepara) fue consultada, y que se vea puntualmente reflejada la participación que periodistas y defensores de derechos humanos en la iniciativa que habrá de turnarse al Poder Legislativo.” Y como en los demás diálogos demandaron también que se precise mejor la definición de quienes hacen labor periodística profesionalmente; demandaron que la nueva ley, “prevea definiciones claras y precisas al respecto, tomando en cuenta que el ejercicio periodístico también se cristaliza a partir del trabajo colectivo de mujeres y hombres que lo hacen posible editando, corrigiendo, imprimiendo o distribuyendo, y que en estados como Michoacán, la experiencia demuestra que son copartícipes de los riesgos que implica la labor informativa”.
Se viabilizan reformas para reconocer 13 derechos para ejercer el periodismo
En consultas con Senadores el 30 de mayo se conoció que prácticamente en todos los grupos parlamentarios “vieron con buenos ojos” la iniciativa que presentó el 22 de febrero el legislador independiente Emilio Álvarez Icaza para reformar la Ley Federal del Trabajo y del Impuesto Sobre la Renta.
En ellas se pretende reconocer 9 derechos para quienes ejerzan el periodismo profesionalmente, derechos que se sumarían a otros cuatro ya asentados en otras leyes. El motivo central es que las empresas de prensa cumplan con el pago de salarios profesionales y prestaciones laborales, incluida la protección en misiones peligrosas. La propuesta se examina en comisiones.
Lo que agranda la posibilidad de estas reformas es que, para el segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, según han informado en la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo Federal presentará no solo la nueva Ley General de Protección, sino otras relacionadas, entre ellas una para asentar derechos laborales de periodistas. Eso otorga todavía más viabilidad a la iniciativa de Álvarez Icaza porque las comisiones legislativas tienen que dictaminar juntas las relacionadas más recientes.
Lo que sobresale es que, en los diálogos por la nueva ley de protección, la demanda de legislar contra la precariedad laboral la han expuesto periodistas en los ocho foros y también que decenas de colegas participaron en el diseño de las iniciativas del Senador independiente en cinco reuniones. En esto, ha sido intensa y muy sensible la participación de colegas para empujar legislaciones por derechos para ejercer. Ya antes otros grupos de periodistas empujaron, desde 2010 para que se crearan la ley federal y luego las 14 leyes estatales de protección que existen.
Se pide definir en México un día de las personas periodistas
En el 38 aniversario del asesinato del columnista Manuel Buendía Tellezgirón, el 30 de mayo, se entregó a Ricardo Monreal (en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República) un proyecto de decreto firmado por 115 periodistas de 14 entidades del país (27 mujeres y 88 hombres) para que, como cámara de origen del Congreso de la Unión, haga suyas ocho consideraciones para decretar el 30 de mayo como el Día Nacional de las Personas Periodistas.
En los argumentos se refiere que la fecha del 7 de junio no representa a los trabajadores del periodismo porque ese día se decretó el de la libertad de expresión, pero en realidad fue un pacto del gobierno federal para darles libertad a las empresas de prensa más influyentes pero que no benefició a quienes viven de este trabajo y, en sentido contrario, con el tiempo se fue estigmatizando a todos los periodistas, como si fuese responsables de los arreglos conveniencieros y corruptores de las cúpulas empresariales y de gobernantes.
La mejor noticia, es que crece el activismo de periodistas por su seguridad y derechos
Como se percibe en las cinco noticias referidas, todas reflejan que cada día aumenta la participación de los trabajadores del periodismo para enfrentar las dificultades que les asolan como personas y como profesionales.
Esto contrasta con la baja participación que había, por ejemplo, en 1990 cuando un puñado de organismos y de periodistas lograron que es estableciera un salario mínimo profesional, pero que solo se fijó para reporteros y foto reporteros de prensa escrita. Entonces operaba una Coordinadora de Trabajadores de Medios, con la Unión de Periodistas Democráticos (UPD) como factor principal --hoy inexistente—y en unidad con los sindicatos de redactores de prensa, de la Jornada, de Notimex, Radio Educación, Canal 11 y TV UNAM. Eran demasiados pocos las y los activistas en el medio periodístico.
Y entre los días 30 de mayo y 9 de junio de 2022, se pudo percibir que ya no son unos cuantos los que impulsan mejoras para su profesión, que son cientos de mujeres y hombres del periodismo activistas, que no solo protestan ante agresiones que impulsan procesos para: disminuir los altos índices de impunidad en los asesinatos, para contrarrestar la precariedad social, para exigir que sea real una ley nacional de protección, para el establecimiento de leyes que les reconozcan derechos laborales y profesionales . Y para conseguir que la mayoría de la población mexicana les reconozca y respalde su labor por lo menos en un día.
Alienta que haya más activistas periodistas, pero aún faltan muchos de convertirse y que dejen atrás el rol de objetos de explotación en el trabajo, de maltrato, de corrupción de empleadores y políticos, de objetivos de agresores y los violentos; que dejen de ser objetos y se conviertan en sujetos de acción --activistas-- para auto protegerse, por sus derechos y su seguridad. Mirada de reportero.
