En 22 años de observar las dificultades de periodistas para ejercer en México, no había registrado siete asesinatos en los primeros tres meses, ni tampoco tal intensidad de expresiones de protesta y de foros para recriminar las oquedades del Estado. Empero, en medio de esta atmósfera trágica aparecen visos para cambiar las formas de observar y tratar a las personas periodistas en riesgo. Se observan unas pequeñas luces en el sombrío túnel.
UNO. El cambio de enfoque desde el gobierno federal proviene de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas, que decidió tomar recoger directamente las opiniones de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en al menos siete foros de diálogos para perfilar mejor otra Ley General que cambie el carácter reactivo del Mecanismo actual por uno más preventivo y más rector de un sistema nacional de protección que obligue a cumplir sus obligaciones a gobiernos estatales y municipales.
De lograrse esto, para fines de 2022 cristalizaría un cambio radical desde el Estado en las formas de ver y actuar frente a los riesgos de estas poblaciones, (un golpe de timón, como dice el lugar común). Para lograrlo a cabalidad tendrá que convencerse al Presidente de la República de que sus críticas a ciertas empresas de prensa y algunos periodistas tienen demasiado peso político, estimulan climas políticos de odio y alientan indirectamente a perpetradores, tanto verbales como físicos.
DOS. Otro cambio de enfoque proviene de la organización internacional de origen francés Reporteros sin Fronteras (RsF) que el 4 de marzo presentó públicamente los resultados de su estudio “Desafíos del Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
En ángulo que eligieron los expertos de RSF elude muchas recriminaciones que suelen hacer los organismos internacionales, coincide con el diagnóstico y las decisiones de la Subsecretaría de Encinas sobre las omisiones de otras áreas del Estado Mexicano. Más sobresaliente es que sus recomendaciones coinciden con las intenciones de cambio radical del gobierno federal. Por ejemplo, sostiene en la primera: “La responsabilidad de la protección de los periodistas debe repartirse mejor entre los niveles federal y local. Esto exige una mayor y mejor coordinación institucional y una voluntad real del Estado mexicano, que debe tener una visión integral de la protección de los beneficiarios”. (subrayados de RHL)
TRES. Otro cambio de actitud interesante proviene de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID según sus siglas en inglés) que en lugar de estimular críticas al Estado Mexicano se propuso desplegar un programa de jornadas por la libertad de expresión con universidades públicas y privadas financiándolas para que realicen acciones con el enfoque de prevención y con la intención de “incrementar las capacidades de autogestión de la seguridad física, digital, y el bienestar psicoemocional de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ayudando también a reducir la exposición innecesaria a riesgos”.
CUATRO. Entre periodistas se perciben también algunos cambios de mirada y del quehacer frente a los asesinatos.
Las jornadas de protesta por los primeros cuatro asesinatos del año mostraron que decenas de colegas han construido redes para acciones conjuntas en 62 ciudades de 22 entidades. Esto podría significar que consciente o intuitivamente comienzan a asumir que necesitan transformar la concepción de ser objetos de protección del Estado a sujetos de acciones propias para protegerse.
Con esa actitud de unidad y prevención periodistas de Hidalgo realizaron la Semana del Periodismo en Pachuca para examinar ángulos y dificultades del ejercicio. Por otro lado, algunos colegas (normalmente refractarios a la unidad y solidaridad) decidieron convocar a un Encuentro Nacional en San Cristóbal de las Casas, Chiapas apoyados por organizaciones defensoras de derechos humanos y de libertad de expresión.
Cambiemos el enfoque
Ese tipo de reacciones podrían estimularse más cuando las y los periodistas asuman como parte de su identidad profesional ser sujetos de acciones propias para su protección. Por ejemplo, madurar una propuesta que se ha hecho desde 2010: crear una red de redes en la que, además de facilitar reacciones rápidas ante amenazas o agresiones, pueda derivar planes para elevar capacidades profesionales y para disminuir otras vulnerabilidades.
En ese mismo sentido, desde hace años algunos colegas estamos proponiendo a distintas instancias del Estado (y así lo ratificaremos en los diálogos por la nueva ley de protección) que confirmen su enfoque sobre periodistas privilegiando la prevención, no solo con medidas cautelares sino con más políticas públicas que ayuden a reducir esas seis grandes vulnerabilidades que facilitan las agresiones y aumenten sus fortalezas para su autoprotección.
Lo más apremiante de este cambio de enfoque en instancias del Estado es ampliar la definición de periodista, distinguiendo claramente a quienes hacen labor esencial de conseguir información (reportear) con quienes son colaboradores periodísticos o usuarios de la libertad de expresión.
Dos de esas políticas públicas, también urgentes, son definir un programa que involucre a universidades para la actualización profesional continua y, por otro lado, madurar los cambios ya iniciados en el Senado de la ley laboral para reconocer derechos para el ejercicio profesional del periodismo y para reducir la precariedad que ha crecido monumentalmente en dos décadas. Reducir incapacidades profesionales y precariedad laboral sería lo realmente preventivo.
La intensidad
El medio ambiente entre periodistas y en escenarios vinculados ha sido muy intenso desde los primeros días de 2022. Fueron por una atmósfera de miedo que se estimuló con varios factores: por la oleada criminal en varios estados y distintos perpetradores; por los climas temporales de la crisis en las relaciones entre algunos medios industrializados con el gobierno federal; por las ofensivas opositoras que utiliza todo eso para seguir desgajando la aceptación social del presidente y su movimiento político, previo al referéndum de abril y a las elecciones próximas.
Para quienes también siguen los asuntos de periodismo y periodistas, les serán útiles los siguientes hechos que reflejan una intensidad pocas veces vista:
Enero
Día 12. Asesinato de José Luis Gamboa Arenas, reportero para redes sociales en Veracruz.
Día 17. Asesinato de Margarito Esquivel Martínez, fotoperiodista del semanario Zeta, Radio Cadena Noticias y Diario Frontera en Tijuana, Baja California.
Días 17 y 18. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob inicia los diálogos regionales en la CDMX por otra ley de protección. Comienzan a emerger denuncias de agravios y quejas contra servidores públicos.
Día 23. Asesinato de Lourdes Maldonado, periodista de Sintoniza sin Fronteras y para redes sociales, en Tijuana, Baja California.
Día 31. Asesinato de Roberto Toledo en Zitácuaro, colaborador del portal Monitor Michoacán y trabajador de un bufete jurídico.
Febrero
Día 10. Asesinato de Heber López Vásquez en Salina Cruz, Oaxaca, reportero y director del Portal RCP Noticias.
Día 15. Por inquisición de periodistas el Presidente promete en su conferencia matutina, que se rendirán informes cada 15 días sobre crímenes contra periodistas, defensores y mujeres.
Días 15 y 16. Se efectúa en Oaxaca el segundo Dialogo Regional de la Segob por una nueva ley de protección. Destacan las quejas contra el gobierno estatal.
Día 16. Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, informa en una entrevista que la popularidad del presidente estuvo por meses arriba del 60 por ciento, pero registra tendencia a la baja de 3 puntos desde la publicación de la investigación sobre la ‘Casa Gris’ y por sus críticas a algunos medios y periodistas. Al 28 de febrero el promedio de las encuestas más serias le reconocían 58 % de aceptación y 39 % en desaprobación.
Día 22. El Presidente informa que se está examinando la iniciativa de un periodista de Tijuana para crear un fondo especial que cubra el derecho a la salud y pensión de periodistas con bajos ingresos.
Día 22. El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, presenta una iniciativa construida con periodistas para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta, para reconocer derechos para el ejercicio del periodismo, garantizar los laborales y abrir oportunidades de autoempleo.
Día 24. Asesinato de Jorge Camero Zazueta en Empalme, Sonora, director del portal El Informativo y exsecretario particular dos meses antes del alcalde.
Día 25. Cierre de la Semana de Periodismo de Pachuca, organizada por periodistas de la Fundación para la Comunicación y el Periodismo de Hidalgo. El tema de viejos y nuevos riesgos es abordado por Gerardo Albarrán de Alba, Rogelio Hernández López, Humberto Musacchio, José Reveles y Alberto Witvrun.
Marzo
Días 1 y 2. En Hermosillo, Sonora, Segob realiza el tercer dialogo regional. Participan un poco más de periodistas y continúan las quejas. Se ofrecen jornadas de capacitación.
Día 2. Se difunde el programa Debate 22 conducido por Jacaranda Correa en el canal del Estado, un debate sobre la actuación de medios y periodistas mexicanos que atizan la polarización política. Participan la periodista Daniela Pastrana, el analista Hernán Gómez y el reportero Rogelio Hernández López.
Día 3. Se realiza la presentación del informe de Reporteros sin Frontera “Desafíos del Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” con la participación de Balbina Flores, Bia Barbosa y Emmanuel Colombié de RsF; Daniel Zapico de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en México; Erik Javier Martín, director del Mecanismo federal de protección: Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica; Paula Saucedo, oficial de protección y defensa de Articulo 19 y Rogelio Hernández López, reportero.
Día 3. Se realiza en el foro Diálogo y Consenso un intercambio sobre “La protección en México de Periodistas y defensores de los Derechos Humanos”. Participan Mariclaire Acosta, investigadora del CIDE y presidenta de Oxfam México; Angélica de la Peña, ex diputada del PRD especializada en derechos humanos; Michael W Chamberlin, Etnólogo y Maestro en Derechos Humanos y Democracia y Lucía Lagunes Huerta, socióloga diplomada en Derechos Humanos.
Día 3. En los espacios de televisión de la alianza Bloomberg-El Financiero se efectúa el debate “Prensa y poder en tiempos de conflicto”. Conduce el periodista Enrique Quintana y participan Adela Navarro, directora del semanario Z; Julio (Astillero) Hernández López, Ricardo Raphael, articulista y conductor de programas periodísticos; Raymundo Riva Palacio, director de Eje Central y conductor de Estrictamente Personal en canal 4.
Dia 4. Asesinato de Juan Carlos Muñiz en Fresnillo, Zacatecas, reportero del portal Testigo Minero y taxista como segundo empleo.
Día 5. Se efectúa el primer Encuentro Nacional de Periodistas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas al que llegaron más de cien personas.
Y le faltan días a marzo. Habrá foros en las universidades Autónoma de Querétaro y la Autónoma de Coahuila; más manifestaciones y coloquios en línea de periodistas. Seguirá la intensidad en los asuntos del periodismo y por la integridad de las y los periodistas. Colegas, sigamos cambiando el enfoque para ser sujetos de acción en defensa propia y del periodismo.
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