Periodistas y políticos tenemos que reconocer públicamente que está empeorando la credibilidad ciudadana en el presidente, en los medios, en el periodismo y que eso afecta a la gobernabilidad.
Veamos tres de los síntomas, acelerados en la contingencia actual.
—Sube en grados de odio la polarización política que tiene su escenario mayor en los medios convencionales y digitales;
—Sigue la caída en la aceptación y confianza popular a los medios, al periodismo tradicional, al presidente y a los otros gobernantes;
—Aumentan las expresiones masivas que descreen de la epidemia y agreden a personal médico y gente de gobierno.
De prolongarse esas tendencias, además de la pandemia, serán más frecuentes las protestas callejeras, masivas y violentas, tanto las espontáneas como las impulsadas por los opositores al gobierno federal.
Para mantener la paz relativa se necesita fortalecer la gobernabilidad. Y la comunicación política es un instrumento indispensable, pero necesita una estrategia con visión de Estado.
Estrategia incompleta
Todo eso lo saben en Palacio Nacional y tienen una estrategia, pero con ambigüedades. Ejemplos:
—Quieren eliminar el pago por publicidad a los medios comerciales de corporativos llamados convencionales, pero en 2019 les pagaron casi mil millones de pesos.
—Las constantes réplicas (desacreditaciones) del titular del Ejecutivo Federal en las conferencias de prensa crean la percepción de que toda la prensa y los periodistas “son poco profesionales, corruptos y conservadores” pero a ocho medios de prensa capitalinos y cientos de ellos en los estados les aumentaron más de 400 millones de pesos en 2019.
—Se declaró que los medios públicos (IMER, Radio Educación, Canal 11, Canal 22, SPR, Notimex) se convertirían en un sistema nacional, amplio, creíble, articulado; se hicieron nombramientos y en general se les dio libertad de conducción —como la mejor manera de equilibrar la información de los medios privados— pero sus presupuestos son y serán más magros.
—Desde antes de la pandemia se anunciaron acciones de mitigación (protección social, empleos, salarios, fondos para investigación) y más garantías de seguridad para miles de periodistas despedidos y agredidos en el país, pero no llegan las medidas prometidas y, por otro lado, la fiscalía especial y el mecanismo de protección están amorcillados.
Caídas
Sigue la disminución de la confianza ciudadana en el presidente. Consulta Mitofsky registra que para fines de mayo se habían empatado 49.6 por ciento el Acuerdo con el Desacuerdo en la gestión presidencial. Su aceptación llegó a estar arriba del 80 por ciento.
Otros están peor. La misma encuestadora registra que de febrero a mayo, ha ido bajando la confianza en los empresarios hasta caer al 27.8 por ciento; en las redes sociales al 27.7; a los gobernadores al 25.1; a las autoridades municipales 24.9; a los medios de comunicación en general 18.9 por ciento.
En presidencia y entre los cuadros políticos de alto nivel de gobierno saben que necesitan mayor credibilidad y gobernabilidad, que no pueden tener en contra a la mayoría de medios y de periodistas.
Su estrategia, no transparentada, es arraigar otro modelo de comunicación política y realinear a la mayoría de medios convencionales bajo otras normas y alianzas, como lo muestra la contratación de publicidad.
Solo seis vetados
Hace unos días el economista y periodista especializados en finanzas, Francisco Vidal Bonifaz mostró que el gasto real del gobierno federal en su conjunto durante 2019 fue de 2 mil 953 millones de pesos.
El recorte fue de 67.15 por ciento respecto a lo ejercido realmente en 2018 por el gobierno de Enrique Peña Nieto (8 mil 988 millones).
No obstante, ese drástico recorte, el primer año de gobierno con López Obrador se pagaron casi mil millones de pesos a 18 medios privados, grandes de los llamados convencionales, como lo indica un reporte especial de Mathieu Tourliere del 13 de abril en la revista Proceso:
Capital Media, Comercializadora Publicitaria Tik, El Heraldo, El Universal, Estrictamente Digital (Eje Central), Expansión, Grupo Fórmula, Grupo Imagen, La Crónica de hoy, La Razón, Letras Libres, MVS, Nexos, Notmusa (TV notas, Récord y otros), OEM, Rack Star, Televisa y TV Azteca.
Las dos televisoras mayores “por sus coberturas y rapidez para informar”, acapararon otra vez la mayoría del gasto público federal en publicidad con 303 y 284 millones respectivamente.
Los que, si fueron vetados de toda contratación publicitaria en 2019, de acuerdo con los datos del semanario son seis: Callo de Hacha (Youtubero Jorge Roberto Avilés Vázquez), Editorial Clío (Su director de Enrique Krauze) López Dóriga (las 3 empresas), Mario Ramón Beteta, Pablo Hiriart y Ricardo Alemán. (ver cuadros).
Rescate y preferencias para ocho
En sentido contrario a las declaraciones de funcionarios de comunicación social del actual gobierno que “no se privilegia o castiga a medios y periodistas”, en 2019 se rescataron a 8 empresas periodísticas del veto o semi veto que les impuso la presidencia de Peña Nieto.
Los rescatados para publicidad oficial que tenían veto total fueron dos: Aristegui Noticias y Contralínea.
Los que tenían veto parcial y les incrementaron sustancialmente el monto de los convenios fueron Reforma y Proceso (los más criticados por el presidente).
Los que aumentaron más a pesar de que ya eran considerables ese tipo de ingresos fueron La Jornada y Milenio.
Dos agencias intermediaron buena parte de los convenios publicitarios con medios de los estados y presumiblemente a los digitales de reciente creación: Editores y Publicaciones de Medios de los Estados y Medios Masivos Mexicanos como se percibe en el cuadro con información de proceso.
No obstante, en el sureste comenzaron a ser privilegiados Por Esto y Tabasco Hoy.
Cinco sencillas propuestas para esa estrategia
UNA. Transparentar las políticas públicas que han definido para su estrategia. Cuando a un gobierno le guía la razón de Estado en su comunicación política, las medidas deben ir más allá del partido o corrientes políticos que lo apoyen, ver el presente y futuro del país como Nación con leyes y políticas generales claras y transparentes. Las mañaneras son una pequeña parte de su estrategia.
DOS. No achicar más el gasto público federal en publicidad. La instrucción presidencial de reducir en 2020 hasta 70 por ciento los gastos en servicios general del capítulo 3000 del gobierno federal significaría bajar los 2 mil 452 millones de pesos aprobados por el Congreso a 735. 7 millones a la comunicación social y publicidad (capítulo 3600). De hacerlo, demasiada información de interés público dejaría de circular y convencer, lo que aumentaría la polarización con la mayoría de medios y desconcierto masivo por falta de certezas. Los medios públicos, los aliados y los entes con difusión digital son insuficientes.
TRES. Impulsar con leyes y trato preferencial los servicios del periodismo no lucrativo. Un sujeto social de la comunicación social, poco valorado por el gobierno es el que se ha perfilado por las crisis en los medios y el desarrollo de la era digital: los cientos de pequeñas empresas de periodistas profesionales que trabajan para sobrevivir y se esfuerzan por informar, opinar y analizar con otra visión ética de servicio social, por ejemplo, la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie (Amapola, Chiapas Paralelo, Lado B, La Verdad Juárez, Página 3, Perimetral, Pie de Página, Raíchali, Zona Docs, Innadaga, Trinchera y Voz Alterna).
Al reconocer a este nuevo tipo de empresas como sujetos jurídicos. mercantil y social se les pediría que se comprometan a reinvertir utilidades en capacitación y alcance del medio, aplicar un código de ética auto diseñado y contar defensor de los públicos designado por los mismos periodistas.
CUATRO. Mantener el impulso al desarrollo de los medios públicos. Esto significaría no reducirles el presupuesto de 2020, no acotar la libertad de sus profesionales para generar y difundir información de interés público y facilitarles la autogeneración de ingresos para manejar publicidad de empresas privadas y organizaciones sociales. Por supuesto en su búsqueda de lograr mayores coberturas y credibilidad hay que atajar a tiempo conflictos que les desacreditan como el que padece la agencia de noticias Notimex.
CINCO. Ajustarse a la Ley del Derecho de Réplica. La práctica presidencial, que cunde con velocidad en servidores públicos de todos los niveles, es discrepar públicamente (descrédito) con medios o periodistas. Eso ha creado tensiones e inconformidades hasta de organismos internacionales porque, entre otras cosas “desacreditan, les crean vulnerabilidad y facilitan que los agredan terceros.” Cuando haya falsedad o calumnias en medios y periodistas deben acudir a los procedimientos de la Ley de Réplica y dejar de exhibirlos para el patíbulo canallesco de las redes sociales y así evitar que ahonde la baja credibilidad de políticos y medios.
Con estas medidas sencillas se podría completar y transparentar la estrategia de comunicación social del gobierno federal. La ambigüedad es uno de los antónimos de la sinceridad. Ser sincero (dicen periodistas veteranos, sociólogos y filósofos) debe ser el valor mayor cuando se ejerce el periodismo profesional y la política, entendida ésta como el arte de gobernar en paz con la aceptación o el consenso de las mayorías.
