Casi ningún medio de prensa entendió que era noticia (y muy buena) para el ejercicio del periodismo mexicano lo que informaron el 22 de abril las organizaciones Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras.
Vale mucho que documentaran el desorden e incoherencias de las decenas de leyes civiles, penales y de protección en la mayoría de entidades de la República porque propician la autocensura, vulnerabilizan y aumentan los riesgos de la actividad profesional de periodistas.
Además, su estudio conlleva tres significancias alentadoras:
UNA. Con el sentido de su producto ratificaron que hay un cambio de actitud y de enfoque en los dos organismos al privilegiar propuestas concretas y viables en lugar de producir solo diagnósticos criticistas;
DOS. Parte de la buena nueva es que propongan un paquete de reformas y nuevas leyes para atajar el caos y alinear en toda la República la protección jurídica a las libertades de expresión y de prensa y ya no solo en lo federal; y
TRES. El significado mayor de ese alineamiento posible es que se reducirían las seis grandes vulnerabilidades que han posibilitado el largo ciclo de agravios y crímenes contra periodistas.
El desmadre
Hace más de siete años, el 31 de agosto de 2015, desde la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) advertimos en documento público cómo crecían las incoherencias. Reportamos que ya había una ley federal y 20 leyes estatales que pretendían proteger o auspiciar al periodismo; que 29 iniciativas relativas esperaban ser dictaminadas.
Aquel texto se tituló como el Desmadre Legislativo por el desbarajuste que fomentaba la multiplicidad de enfoques. Pero siguió esa tendencia y no se frenó el ciclo de agravios y asesinatos.
Ese caos jurídico lo documentaron ahora y muy bien los especialistas de Propuesta Cívica, que preside Sergio Aguayo, en su estudio Libertad de Prensa ¿Cómo se legisla en México? que presentaron el 22 de abril de 2022 en el Senado de la República con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras, organismo representado en México por Balbina Flores.
Lograron identificar las incoherencias de leyes en materia civil, penal, laboral y de protección “que impactan de manera negativa la libertad de prensa en México y ponen en riesgo la actividad profesional de periodistas”.
“En materia civil: --anotaron-- identificamos que 29 legislaciones estatales y la legislación civil federal propician la autocensura al no garantizar la protección de discursos sobre servidores públicos, figuras públicas o asuntos de interés público, pudiendo provocar un efecto inhibidor en el ejercicio periodístico.
“También es motivo de preocupación que la mayoría de las legislaciones no cumplan con el apartado de estricta necesidad para imponer sanciones civiles a la libertad de expresión. Así también, es alarmante que ninguna legislación del país dé prioridad al derecho de rectificación o respuesta para reparar posibles daños a los derechos de la personalidad, esto es consecuencia directa de la falta del estándar de estricta necesidad en la legislación.
“En materia laboral. El principal problema encontrado es el grave vacío legislativo de las leyes mexicanas en materia de derechos laborales de periodistas… Por otro lado, se encontró de manera preocupante que cinco estados cuentan con leyes que establecen como requisito contar con título o cédula profesional para ejercer el periodismo.
“En materia Penal: a nivel estatal se encontraron 33 tipos penales problemáticos que ponen en riesgo el ejercicio del periodismo en México… Por su parte, en el Código Penal Federal se encontraron 11 tipos penales que representan un riesgo para el ejercicio del periodismo.
“Al momento de la investigación, observamos con preocupación que aún existen Códigos penales estatales que tipifican alguna de las formas conocidas de delitos contra el honor (injurias, calumnias o difamación). Estados como Nuevo León, Yucatán, Zacatecas, Campeche, Sonora y Michoacán cuentan con legislaciones penales que contempla este tipo de delitos…
“Otros delitos preocupantes son el de ultrajes a la autoridad, ya que no se define qué se entenderá por “ultrajes” lo que al ser tan ambiguo genera un efecto inhibidor; y delitos contra la seguridad de la comunidad, también conocidos como delitos de halconeo que siguen presentes en 22 estados de la República, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha declarado su inconstitucionalidad.”
En la materia de protección encontraron “una Ley federal; 12 leyes vigentes sobre protección a periodistas (Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave); cinco leyes vigentes relacionadas con las personas periodistas que no desarrollan propiamente mecanismos de protección ante situaciones de riesgo (Baja California, Chiapas, Colima, Guerrero y San Luis Potosí); tres acuerdos que crean Unidades Estatales de Protección (Chihuahua, Puebla y Sinaloa); y seis iniciativas recientes de leyes de protección (Aguascalientes, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Yucatán). Además, se contó con información de 25 entidades federativas; en seis de ellas (Baja California Sur, Campeche, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas) no se localizaron leyes vigentes
“Se identificó que las legislaciones estatales no cumplen realmente con los estándares mínimos nacionales e internacionales…por lo que se concluyó que una de las barreras más importantes actualmente para proteger los derechos de las personas periodistas en México es justamente que en las jurisdicciones estatales las leyes son deficientes, cuando las hay, y que en algunos otros casos ni siquiera ha existido un compromiso real de los poderes locales…”
Sus propuestas
En consecuencia, Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras plantearon un paquete de recomendaciones.
En los estados proponen, entre otras cosas: proteger las formas de la libertad, específicamente las relacionadas al periodismo digital; derogar el requisito de tener título o cédula profesional para ejercer el periodismo; garantizar la secrecía de las fuentes en todas las legislaciones; garantizar la cláusula de libertad de expresión en los entornos laborales; garantizar el derecho de rectificación o respuesta; resarcir las legislaciones en donde los términos de reparación integral y reparación por daño moral podrían ser contradictorios; garantizar que todas las legislaciones civiles regulen correctamente el estándar de real malicia o malicia efectiva; derogar de los códigos penales estatales y el federal todo delito que pretenda sancionar conductas contra el honor; impartir justicia conforme a los estándares nacionales; fomentar espacios de participación real y no de simulación con distintos actores de la sociedad…”
En materia laboral y a nivel federal proponen crear un capítulo específico en la Ley Federal del Trabajo para: establecer la definición funcional de periodista; garantizar los salarios mínimos de periodista; y la estabilidad laboral, independientemente del esquema de trabajo; reconocer el derecho de objeción de conciencia; impedir despidos cuando el periodista esté en una situación de riesgo; garantizar la asociación gremial y sindical; reconocer el derecho de secrecía de las fuentes y el de capacitación y formación.
En materia de protección proponen reformar la Constitución mexicana para reconocer el derecho a defender derechos humanos y garantizar el ejercicio del periodismo con protección.
Coinciden en reconocer el proceso de la Secretaría de Gobernación que realiza diálogos en distintas entidades para “crear una Ley General que mejore la coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios en materia de protección de periodistas y personas defensoras. El Mecanismo será ahora de carácter Nacional, pero su regulación será exclusiva de la Federación, con obligaciones vinculantes para las Entidades Federativas y los municipios.”
También proponen reformar la Ley General de Víctimas para que las determinaciones del Mecanismo Nacional para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas pueda dar acceso al Registro Nacional de Víctimas y añaden que estas y otras recomendaciones en materia de protección se incluyan en la propuesta de nueva ley general.
Las seis vulnerabilidades que se reducirían
Y, aunque no lo precisaron, sus propuestas reconocen implícitamente la mayoría de derechos para ejercer el periodismo que se registran en otros países y en convenciones internacionales.
Y ese es su mayor significado: que organismos serios reconozcan las necesidad de reconocer derechos, que de hacerse vigentes reducirían las seis grandes vulnerabilidades que se han detectado en la mayoría de periodistas mexicanos y que facilitan las agresiones y asesinatos.
Esas seis grandes vulnerabilidades las identificamos desde 2011 en la Casa de los Derechos de Periodistas después de recopilar datos y testimonios entre mil 200 colegas concurrentes a las actividades de la CDP, en más de 30 talleres de autoprotección y en tres encuentros nacionales.
Aseguramos entonces que en lo estructural las personas periodistas no cuentan con el reconocimiento legal de que su profesión es de interés público, que debían ser caracterizados como sujetos con derechos y con protección integral, no solo cautelar, por todo el Estado mexicano.
Las vulnerabilidades de periodistas aún vigentes son: 1. Ante sí mismos, por debilidad profesional debido a deficiente formación académica y deontológica / 2. Ante el régimen legal, por inexistencia, insuficiencia de leyes o penalización injustas / 3. Ante empleadores por salarios y prestaciones no profesionales, y que además no protegen ante agravios, ni facilitan capacitación permanente / 4. Ante omisiones y malas prácticas de gobiernos, ministerios públicos, jueces y tribunales / 5. Ante agresiones, acentuadamente en algunos estados de la federación, y contra medios medianos y pequeños y reporteros con mayores debilidades profesionales y / 6. Por debilidad gremial, debido al exceso de organismos no unitarios ni defensores de la profesionalización.
Para disminuir esos raquitismos propusimos establecer un andamiaje jurídico que recogiera al menos 14 derechos para la protección integral del ejercicio de las y los periodistas.
1. Reconocimiento legal de que ser periodista es una actividad de interés público y debe ser protegida ante agravios;
2. Reconocimiento legal e institucional de la profesión de periodista;
3. Protección jurídica para sancionar agresiones de terceros;
4. Procuración de justicia ante agresiones o asesinatos;
5. Acceso a la información de interés público ya generada;
6. Acceso a todo lugar donde exista información de interés periodístico;
7. Mantener el secreto profesional de las fuentes;
8. Garantías para escribir y divulgar con libertad de conciencia;
9. Trato profesional en salarios y prestaciones;
10. Protección de las empresas en misiones o tareas de alto riesgo profesional;
11. Propiedad como autor de obra escrita, gráfica o de tipo electrónico;
12. Réplica ante el manejo inadecuado de la información que se entregue;
13. Respaldo estatal y/o empresarial para la formación profesional continua;
14. Marco legal para colegiación profesional y suscripción de códigos de ética voluntariamente.
Ojalá ahora sí se encuentre la sensibilidad y voluntad política suficiente en el gobierno federal y en las y los legisladores de todos los partidos para que, cuando se presente el paquete de propuestas de adición constitucional de la nueva ley general de protección y de reformas a otras leyes, tomen en cuenta estas formulaciones, así como las recomendaciones de Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras.
Se trata de reducir el desmadre y dar coherencia estructural al andamiaje jurídico para reducir el medio ambiente negativo que facilita los asesinatos y agresiones contra personas periodistas y defensoras de los derechos humanos. Es mirada de reportero.
