Abracemos a cinco colegas que sufrieron atentados y lograron mantenerse con vida, pero que fueron sumergidos abruptamente en la atmósfera de miedo que asedia al ejercicio del periodismo en México:
Ciro Gómez Leyva se salvó por una camioneta blindada el 15 de diciembre en la Ciudad de México;
Flavio Reyes de Dios, fue embestido intencionalmente por una camioneta el mismo día en Palenque Chiapas;
Romana Ortega sufrió intento de secuestro el 21 de diciembre en El Nanchital, Veracruz;
Jesús Pintor estuvo secuestrado durante 19 días en Guerrero, desde el 25 de diciembre, junto a dos comunicadores improvisados;
Alberto Escorcia, el 11 de enero, desde Suecia solicitó solidaridad para sobrevivir en su cuarto exilio por amenazas.
Y esos son los casos que se hicieron públicos, la mayoría tímidamente, sin espectacularidad.
De todos ellos tuvo conocimiento el Mecanismo federal de protección y le siguieron aumentando los apremios.
Y deben haber ocurrido más casos. En esta atmósfera de miedo, que se desató desde 1991, demasiados colegas prefieren callar ante amenazas o atentados, y otros, retirarse.
La violencia, la impunidad y los malandros desalmados han aumentado durante tres décadas, pero en los últimos años parecen cebarse cada vez más contra periodistas y comunicadores incómodos.
Y muy pocos políticos --y menos ciudadanos—aceptan, en la práctica, que esta es una actividad de interés público porque cada que inhiben o acallan a cualquier periodista se rebaja o se anula el derecho a saber de la ciudadanía.
Así no hay protección que alcance.
¿Qué falta?
El Mecanismo federal de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas cumplirá 11 años en este 2023. Pero su concepción original de tipo cautelar, sus limitantes legales y de otros tipos le han impedido frenar este ciclo aciago contra las personas de estas actividades.
Falta ampliar la mirada, rebasar la protección cautelar y perfilar una estrategia de Estado que involucre a todas las instancias de los tres poderes federales; a los gobiernos de las entidades federativas; a las empresas de medios de comunicación privadas y públicas; a las instituciones educativas y, por supuesto, a quienes ejercen el periodismo profesionalmente.
No se ha logrado una coordinación efectiva y menos una estrategia.
Se sabe de un intento de perfilar una estrategia de ese tipo. En este año se cumplirán 6 años de una alianza que hicieron dos instituciones, entonces de las más acreditadas socialmente, para entender el fenómeno con propuestas muy específicas, pero que no han sido atendidas.
En 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió la colaboración del Programa Universitario de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM para solicitar a expertos sus análisis y alternativas para la protección de periodistas en México.
Raúl Trejo Delarbre y Janneth Trejo-Quintana lograron conjuntar en un libro las aportaciones de Celia del Palacio Montiel, Sara Lovera López, Rosa María Rodríguez Quintanilla, Giovanna Salazar Ojeda, Itzel Lugo Sánchez y Rogelio Hernández López.
Este reportero entregó un amplio ensayo sobre la evolución del ya largo y cruento ciclo e incluyó una compilación de las demandas y propuestas de cientos de colegas para el diseño de programas de Estado para la protección integral de periodistas. Ya entonces estaba claro que un mecanismo de protección federal es absolutamente insuficiente.
Hay que reiterar lo siguiente que fue publicado en septiembre de 2018:
Ampliar la mirada. Se insiste en cambiar la forma de entender y abordar el tema de agravios al periodista más allá del ámbito policiaco y de justicia.
Es indispensable, para ampliar la mirada, considerar los factores estructurales que han prohijado grandes vulnerabilidades a los periodistas para perfilar una respuesta integral.
Está muy probado que los periodistas mexicanos, en su mayoría, son el sujeto social más vulnerable del sistema de información de prensa, especialmente las mujeres.
Lo estratégico es crear un ambiente que les allegue fortalezas sociales, gremiales, derechos profesionales a las y los periodistas para su protección integral y no sólo la cautelar.
Con ello, se trata de que dejen de ser objetos de protección y puedan convertirse en sujetos de acción, en actores sociales que entienden bien los claroscuros de su profesión, desatan iniciativas, propuestas y actúan con determinación.
Para ampliar más la mirada se debe considerar que los agravios contra periodistas se facilitan por al menos seis vulnerabilidades que padecen.
La identificación de estas debilidades permite inducir las pautas que debería tener una estrategia, como promover varios programas e instrumentos de políticas públicas para enfrentar los problemas estructurales.
Lo estructural que vulnera a periodistas:
Es estructural el maltrato profesional. A la fecha, la concepción que subyace a la protección de quienes son los principales activos de la libertad de expresión y de prensa es restrictiva, pues no atiende sus derechos a vivienda, salud y empleo sin precariedad.
En el fondo de estas restricciones está un modelo mercantil de la información de interés público que facilitó la concentración de la propiedad y obstaculizó el desarrollo de medios pequeños y medianos y que, más acentuadamente, fue elevando la vulnerabilidad de sus trabajadores y de sus periodistas. Esto mismo en los últimos años creó una amplia capa de subempleados que se llaman a sí mismos independientes o free lance.
Las características de ese modelo y su entorno son bien conocidas en México:
• Fortaleza del modelo que propicia la concentración de la propiedad de los medios de comunicación masiva, y con ello del gasto publicitario y de la información;
• Pocos y dispersos cambios en el anacrónico régimen legal en la industria de medios de comunicación;
• Gasto publicitario del sector público arbitrario y sin transparencia;
• Inhibición de fuentes informativas alternas;
• Deficiente acceso a la información de prensa de amplios sectores sociales;
• Insuficiente operación de los instrumentos de acceso a la información generada;
• Insuficiencia de recursos legales para que ciudadanos se hagan escuchar, para replicar o para proteger su derecho a la vida íntima.
• Los medios de prensa predominantes son empresas que convierten en mercancía la noticia y obstruyen la información que no cumpla con el criterio mercantil.
• Los gobernantes de todos los partidos y niveles dan preferencia informativa a los grandes medios industriales y discriminan a cientos de medios y periodistas que ofrecen líneas informativas diferentes y aportan pluralidad de visiones.
• Los medios y periodistas en los estados están en zozobra constante por la presión política sin control y por el arbitrario manejo del gasto en publicidad, que crónicamente los ubica en los niveles más bajos de las listas de anunciantes.
• Las y los periodistas de localidades pequeñas y medianas laboran como corresponsales o FreeLancer, en su gran mayoría sin contratos de trabajo, ni prestaciones, ni seguros de vida y con pagos que van desde 150 a 400 pesos por trabajo, condicionados a que sus obras sean divulgadas.
Las seis vulnerabilidades. En resumen apretado son seis vulnerabilidades generales de la mayoría de periodistas, especialmente en los estados de la República:
1. Ante sí mismos, por debilidad profesional debido a deficiente formación académica y deontológica;
2. Ante el régimen legal, por inexistencia, insuficiencia de leyes o penalización injusta;
3. Ante empleadores por salarios y prestaciones no profesionales, y que además no protegen ante agravios, ni facilitan capacitación permanente;
4. Ante omisiones y malas prácticas de gobiernos, ministerios públicos, jueces y tribunales;
5. Ante agresiones, acentuadamente en algunos estados de la federación, y contra medios medianos y pequeños y reporteros con debilidades profesionales extremas. (Estos últimos son los más victimados por fuerzas de seguridad y funcionarios, causantes del mayor porcentajes de agravios) de particulares y grupos de la delincuencia organizada.
6. Por debilidad gremial, debido al exceso de organismos no unitarios ni defensores de la profesionalización.
Un Plan integral. Para configurar un plan nacional de protección integral se proponen cuatro programas de aplicación nacional:
1. Contra la vulnerabilidad profesional y social;
2. Contra la vulnerabilidad por agravios;
3. Contra la vulnerabilidad por el régimen legal;
4. Contra la vulnerabilidad organizativa profesional.
Esos programas necesarios se explican detalladamente en el libro referido. De considerarse darían base para una estrategia de Estado que involucre coordinadamente a varias instancias de los tres poderes de la Unión, a los gobiernos de las entidades federativas, a los empresas de medios de comunicación privadas y públicas, a las instituciones educativas y a quienes ejercen el periodismo profesionalmente. El Mecanismo de Protección tendría que convertirse en gestor y coordinador nacional y dejar de ser, como es ahora, el único instrumento con capacidad real, pero restringido a medidas cautelares y restrictivas de la libertad. Mirada de reportero.
Nota.- Estas y otras propuestas para protección integral a periodistas se pueden leer en aquí.
