Oaxaca es una de las seis entidades donde se registraron más asesinatos de personas defensoras y periodistas en los últimos cinco años. Los temores, por eso, se atizaron con el asesinato del colega Heber López Vásquez el 10 de febrero. Y otro miedo recorrerá el Centro de Convenciones de la capital del estado desde el lunes 14 de febrero, durante el segundo diálogo regional por una nueva ley de protección:
Ese otro temor que crece es que la federación intente trasladar a los gobiernos de estados y municipales su responsabilidad de proteger a estas dos actividades de alta importancia social, cuando muchos de estos gobiernos son los agresores y/o muestran complicidad con los violentos.
Colegas periodistas de Oaxaca y de otras entidades, donde las agresiones en su contra se han acentuado, preguntan si existen análisis serios sobre el maltrato a los profesionales de la información en los estados de la República y que puedan aportar al nuevo modelo de protección que se trata de construir tras los diálogos regionales convocados por la Secretaría de Gobernación.
Tres análisis
Al respecto, les comento que entre los análisis más recientes y confiables pueden encontrar dos de particulares y un oficial.
Primero, el generado por la periodista María Idalia Gómez, una de las más conocedoras y experimentadas en el tema que, acompañada de Jonathan Nácar, que se difundió el 4 de febrero en el portal EjeCentral con el nombre: Estado es quien acciona el gatillo contra periodistas en México.
El texto presenta los resultados de una revisión que ambos hicieron de 78 casos de periodistas asesinados en el último lustro en 21 estados de la República. Encontraron datos que debieran alarmar también en Oaxaca: “estos ataques muestran patrones similares: dominan grupos criminales, homicidios al alza y con gobiernos, políticos y autoridades de seguridad y judiciales señaladas por corrupción e incluso con nexos delictivos.”
Otro análisis para consultar lo firma el Comité Cerezo, previsiblemente redactado por el defensor Alejandro Cerezo también experimentado y uno de los que más aportó en 2012 a la redacción de la actual Ley de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Su texto difundido el 8 de febrero alude a los diálogos de la Segob por una nueva ley y alerta a las y los defensores que podría aumentar mucho más esta criminalidad de no crearse una ley de alcance general obligatoria para los tres niveles de gobierno.
El tercer documento para contextualizar lo que sucede en Oaxaca y otras entidades significa un inédito reconocimiento de una área del gobierno federal a los factores que propician las agresiones. Es el informe sobre agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas que presentó el 5 de octubre Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Allí, sin eufemismos, con señalamientos directos de irresponsabilidad, deficiencias y falta de voluntad política de fiscales, gobernadores y alcaldes, se hace el más fuerte reproche que oficial y públicamente se haya hecho a estas autoridades desde la Segob. Se afirma que estas malas prácticas son parte de las causas de que:
- Hayan aumentado aceleradamente agresiones y asesinatos contra defensores y periodistas;
- Ahora el principal agresor y factor de riesgo sea la autoridad en el ámbito municipal (43.1 %);
- La delincuencia organizada se haya convertido en el segundo agresor de estas poblaciones (33.5 %) y que
- Las peticiones de protección a la federación casi se hayan duplicado en menos de tres años.
Por qué en Oaxaca
El primer Dialogo regional por la nueva ley de protección se realizó el 17 de enero en la Ciudad de México. Entre más de 50 asistentes sólo participaron ocho periodistas profesionales (dos presencialmente). La relatoría, según se informó sería divulgada unos días antes del siguiente foro. Programaron seis sedes más.
El segundo dialogo ocurre en Oaxaca, una de las seis entidades donde más se ha flagelado a personas defensoras y periodistas según datos de la misma Subsecretaría.
En el informe de Encinas Rodríguez y Enrique Irazoque (director general de la Unidad de Derechos Humanos de la Subsecretaría) detallaron que a esa fecha estaban incorporadas a la protección del Mecanismo federal un total de mil 506 personas, número que creció en 12 más para enero de 2022 (mil 518), de las cuales 495 son periodistas y el resto personas defensoras; 123 de ellas son de Oaxaca.
Informaron entonces que entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021 ellos habían registrado 47 homicidios a periodistas. Cuatro meses después, (a febrero de 2022) ocurrieron seis crímenes más para totalizar 53 en lo que va de este sexenio.
Detallaron que en seis entidades se concentra el 61 por ciento de los homicidios a periodistas: Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Oaxaca.
Y las personas defensoras de derechos humanos asesinadas, en el mismo periodo, fueron 94 en seis entidades que concentran el 67 por ciento (63) de los homicidios: Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán.
¿Se quiere deslindar el gobierno federal?
En la revisión que hicieron los periodistas María Idalia y Jonathan para EjeCentral de 78 casos de periodistas asesinados en los cinco años recientes, encontraron que:
“todos ocurrieron en lugares en los que los homicidios están creciendo o se mantienen constantes; hay presencia de poderosos cárteles dedicados al tráfico de drogas, de personas o de armas; robo de combustible o delitos ambientales; se han denunciado extorsiones, secuestros de empresarios o su desaparición.”
Otro de los elementos que hallaron en el cruce de datos refiere a que “estos grupos están peleando el control del territorio con otras organizaciones, por lo que se registran enfrentamientos o ataques a personas, se exhiben cuerpos o se ataca a autoridades.
“Otro ingrediente (de los más atemorizantes) es que alcaldes, síndicos, policías o investigadores, en esos lugares han sido denunciados por actos de corrupción, abusos de autoridad o sospechas de vínculos con organizaciones criminales. Los periodistas asesinados daban cuenta de estos hechos violentos, y los activistas exhibían a esas autoridades.”
Casi al final de su análisis, los periodistas insertan la duda que comenzó a plantearse desde el primer dialogo regional por la nueva ley de protección:
“la iniciativa que ahora plantea la Secretaría de Gobernación por impulsar un “Sistema Nacional de Protección” podría implicar que la búsqueda de esa corresponsabilidad entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, terminé por deslindar a la Federación de su responsabilidad.”
En el mismo sentido se expresa la comunicación del experimentado grupo de defensoras y defensores de los derechos humanos del Comité Cerezo. Allí sostienen que tiene mucha importancia una ley general que obligue a cumplirla a los políticos de todos nos niveles:
“… la aprobación de la Ley General –dicen-- nos permite no sólo empujar una política pública a favor de los defensores, sino también, remarcarle al Estado cada vez que falle o no cumpla con lo que la ley misma dice.
“Esperar una política pública de protección a las personas defensoras bajo un sistema capitalista sin un marco legal, es como pedirle peras al olmo, si le limamos los colmillos al monstruo, puede nuevamente afilarlos, pero si primero le ponemos un marco legal, luego le limamos los colmillos.
. Vamos por una ley general de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, vamos adelante contra la impunidad y por la vida.”
Tiene sentido el nuevo temor que pulula entre defensores y periodistas. Que una ley general, de no estar bien estructurada y fundamentada se use para descargar responsabilidad al gobierno central y otros sectores del Estado y dispersarla en los gobiernos locales como ocurre en la práctica con las leyes general de Salud (que género un sistema deficiente), la de Educación (que fragmentó y debilitó la educación pública) la de Cultura Física y Deporte (prácticamente inaplicada), la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (que fomenta conflictos sociales) y así sucesivamente…
Rapidez federal por Heber
Como no se había visto en otros casos, el mismo día de la noticia del asesinato de Heber López Vásquez, se informó que se habían detenido dos presuntos homicidas: Ricardo García Rosas y Ricardo Espinosa Cartas, hermano de la exagente municipal de Salinas del Marqués, Arminda Espinosa.
Entre las muchas reacciones de protesta resaltó la concentración de colegas convocados por la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) en la que emitieron un comunicado de “Ya basta”.
En ese contexto se informó oficialmente que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Rosa Icela Rodríguez y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca participan en las investigaciones para esclarecer si los detenidos son los únicos autores y el móvil del crimen. El sábado 12 de febrero los presuntos culpables fueron trasladados al penal de Tanivet.
Y no obstante que el colega Heber López no estaba incorporado al Mecanismo de protección a periodistas la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó también que personal del Mecanismo federal se había trasladado a Salina Cruz para ofrecer medidas de protección a la familia del periodista ultimado.
Pese a esta rapidez que quisiéramos ver en todos los casos, el miedo recorrerá el Centro de Convenciones de Oaxaca durante el segundo diálogo por una nueva ley de protección para personas defensoras y periodistas los días 15 y 16 de febrero. Veremos.
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