El periodista José Reveles me confirmó que, en promedio mensual, se han aprobado 230 periodistas para que cuenten con seguro social gratuito. A ese ritmo, cuando termine 2022 serán unos mil 400 los asegurados. Con esa previsión puede calcularse que se erogarán en ellos un poco más de 7 millones de pesos al fin del año, que significan menos del 1 por ciento (0.93) de los 760 millones anuales que se dispusieron para ese fin.
Poco a poco se entiende y se acepta que este programa es para apoyar a que las y los periodistas más vulnerables realicen su trabajo profesional en mejores condiciones sociales. Y, sí el fin último del gobierno federal es ampliar el derecho ciudadano de estar bien informado, los remanentes que no se ocupen del total de estos recursos ya asignados podrían encausarse a otro programa federal para financiar a miles de pequeñas empresas periodísticas que se han formado en dos décadas.
Por ejemplo, el sobrante de los 760 millones que no se ocupara este año será el 99 por ciento (752 millones 896 mil 254 pesos), remanente que podría destinarse, sin problemas, para unas mil pequeñas empresas precarias de periodistas y cada una podría cubrir salarios de 11 mil pesos mensuales a cinco empleados.
En ese sentido, es altamente probable que para todo 2023 sean unas 3 mil 500 personas periodistas las aprobadas al programa de seguros gratuitos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mitad de los que se estima que carecen de seguridad social. Y si el fondo anual fuese también de 760 millones de pesos también le quedarían 669 millones de pesos, porque el gobierno federal pagaría de cuotas al IMSS 90 millones 824 mil 160 pesos.
Con un programa de apoyo así, para pequeñas empresas informativas, se reconocería además la realidad de la segregación y precariedad de miles de medios del periodismo mexicano; ayudaría a contrarrestar el subempleo de miles de periodistas, hoy ajenos a los grandes corporativos; y apoyaría al desarrollo de un gran segmento de medios informativos que, por necesidad de sobrevivencia tienen que ganar mayor credibilidad lo que se lograría acentuando su servicio social de la información y no tener interés lucrativo. Veamos más detalles:
Inscripción pausada
En junio, el Presidente de la República anunció un programa federal gratuito para periodistas que trabajan por su cuenta y carecen de seguridad social. Serían inscritos al IMSS con cinco seguros para servicio médico y servicios de guardería, para riesgos de trabajo, embarazo, invalidez y de vida, por cesantía y jubilación.
Para evaluar las solicitudes y aceptar la inscripción se formó un comité de cinco periodistas: Fernanda Tapia, Nancy Flores, Enrique Galván Ochoa, Rubén Villalpando y José Reveles.
El 7 de septiembre el periodista José Reveles me informó que hasta el 31 de julio se habían aceptado a 471 solicitantes que ya pudieron usar los seguros a partir de agosto y comenzar a acumular para jubilación.
La convocatoria se abrió nuevamente y será cerrada en noviembre. Hasta fines de agosto se habían inscrito y aprobado en total unos 700, es decir otros 230 en un mes que recibirán el seguro a partir del mes de diciembre.
Si entre junio, julio y agosto se aprobó a 700, la tendencia indica que en los meses de septiembre, octubre y noviembre podría inscribirse una cantidad similar para sumar mil 400 durante 2022.
Gasto de 7 millones en 2022
El programa de inscripción gratuita en el Seguro Social para cada persona periodista tomó como base de cotización la cantidad de 11 mil 600 pesos mensuales, que corresponde al salario mínimo profesional de periodista.
Con esa base de cotización, la cuota mensual que el gobierno federal pagará al IMSS por cada persona periodista asegurada será en promedio de 2 mil 162 pesos 48 centavos.
Así, por los primeros 471 que fueron aprobados a fines de julio sus cuotas a diciembre al IMSS, por cinco meses, sumarán 5 millones 092 mil 640 pesos.
Por los siguientes 230 que ya fueron autorizados en agosto, pero dispondrán del seguro social hasta diciembre, el gobierno federal pagará la cuota de solo el mes de diciembre lo que arroja un subtotal de 497 mil 370 pesos.
Y de cumplirse la tendencia de que se inscriban otros 700 hasta el mes de noviembre, el pago de cuota será también solo por el mes de diciembre, lo que arrojará otro subtotal de 1 millón 513 mil 736 pesos.
Entonces la suma total de cuotas para las mil 400 personas periodistas, probablemente aseguradas en todo 2022, será de 7 millones 103 mil 746 pesos, apenas el 0.93 por ciento de los 760 millones que anunció el gobierno federal que dispondría para este año correspondientes al 25 por ciento del gasto total federal en publicidad en medios de difusión privados.
Apoyo a mil medios no lucrativos
El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía indica que son aproximadamente 7 mil personas periodistas de todas las especialidades que generan información noticiosa que trabajan por su cuenta y/o carecen de seguridad social.
Es altamente probable que de ese total la mitad --unos 3 mil 500-- sea aprobada su inscripción para los seguros gratuitos en el IMSS en todo 2023.
Las cuotas que pagaría el gobierno federal por esa cantidad sumarían 90 millones 824 mil 160 pesos, por todo 2023 a precios de 2022, lo que representa apenas un 11.95 por ciento de los 760 millones que presumiblemente se destinarían , en caso de no aumentar el presupuesto anual de gasto publicitario.
Y después de pagar al IMSS al fondo de seguridad social federal para periodistas le quedaría un remanente de 669 millones de pesos en 2023.
Esa cantidad sobrante, ya dispuesta para ayudar a las personas periodistas más precarizadas bien podría convertirse en otro programa federal para financiar, al menos a mil pequeñas empresas precarias de periodistas y garantizarles salarios para cinco empleados de 11 mil pesos mensuales a cada uno y todo un año.
Está pendiente que la Secretaría de Hacienda, o la de economía o hasta el INEGI que, durante dos décadas se han creado, en todo el país. al menos 2 mil 500 pequeñas empresas de periodistas emprendedores que, por independencia editorial, crearon medios impresos y/o digitales, o bien como alternativa al desempleo.
Un colectivo de periodistas ha promovido que el gobierno federal y gobiernos estatales reconozcan jurídicamente la figura de Prensa no lucrativa para que, además de los medios públicos y comunitarios, se añada a las empresas de autoempleo de periodistas con un número de entre 10 y 20 personas máximo.
Estas empresas, según la intención inicial tendrían que cumplir con una línea editorial independiente de los grandes corporativos y de gobiernos; contar con códigos de ética y defensores de la información, para cada medio o colectivos; comprometerse a invertir las ganancias en capacitación continua y mejoramiento de equipos e instalaciones. Todo para garantizar que sea mayor su vocación de servicio social al informar.
Con el reconocimiento legal y apoyo financiero a este nuevo segmento de periodismo no lucrativo con responsabilidad social apuntalaría a estas empresas ya existentes y se ayudaría a la ampliación del derecho de los mexicanos a contar con la información que no busca el lucro como principio de existencia.
