Atención colegas. El mes de febrero será muy tentador para medios de prensa, periodistas y comentaristas mexicanos por la aparición del grupo Colectivo por México, encabezado por los exaliados de Andrés Manuel López Obrador: Cuauhtémoc Cárdenas y Clara Jusidman.
Este nuevo agrupamiento servirá para que medios de prensa convencionales construyan la percepción de que es un nuevo frente amplio opositor y que se suma a otros cuatro. Lo usarán para estimular, todavía más, la atmósfera mediática de confrontación con el Presidente de la República y su partido-movimiento.
Cuatro frentes
En segmentos de la prensa mexicana se insiste en informar y analizar lo político con esos métodos y estilos anacrónicos que menosprecian la importancia del comportamiento social, explicar los procesos de cambio, los contextos, que vulgarizan la política y a sus personajes. En muchos es intencional esa simplificación porque ya asumieron su derecho a tener una posición opositora pero lo hacen desdibujando la esencia del periodismo que es informar con veracidad.
En ellos es esperable que utilicen al nuevo agrupamiento para crear una narración masiva de que sigue creciendo la oposición al gobierno federal, cuando en realidad es un solo movimiento opositor que ha creado cuatro frentes, casi artificiales, pero que ha permeado muy poco entre la mayoría de la población.
Lo poco que se sabe del nuevo grupo es que este lunes 30 de enero se presenta como “Colectivo por México” con un documento titulado Punto de Partida. Varios columnistas adelantaron que allí estarán Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Clara Jusidman, Francisco Barnés de Castro; Francisco Labastida, Dante Delgado, José Narro Robles; Diego Valadés, Luis Farías Mackey y otras personas. Su texto llamará a construir un nuevo proyecto de país a partir de 2024. Está por verse si este nuevo grupo tiene un objetivo político de mayor altura, con más propuestas que las descalificaciones que confrontan y polarizan.
Por otro lado, el movimiento amplio que sí es opositor actúa en cuatro frentes:
UNO. El tripartidista (PAN. PRI, PRD) de nombre Va por México. Lo forman los partidos alicaídos por las votaciones del 2018 que han sido acicateados y apoyados por empresarios militantes en la política y que han estimulado un sinfín de membretes bajo el nombre de Si por México. Para febrero ya anunciaron varias acciones contra la reforma electoral llamada Plan B y agregaron su rechazo a la Ley de Comunicación Social recién aprobada.
DOS. Las y los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) decidieron mostrar abiertamente su posición política y anunciaron acciones jurídicas y mediáticas para detener el llamado “Plan B”, para que no sea ratificado por el Senado del Congreso de la Unión y en su caso por la Suprema Corte de Justicia.
TRES. Para estas batallas las y los consejeros del INE cuentan con aliados de facto para movilizaciones callejeras. Dicen ser otro frente político de nombre Organización Unid@s para Mejorar, y presumenque concurren también muchos organismos, que en realidad son membretes con poca participación ciudadana. Este frente del mismo movimiento ya anunció para fines de febrero otra manifestación al Zócalo en defensa del INE y contra el Plan B. Allí se verán, como otras veces, dirigentes de los partidos opositores, de los promotores de Va por México y enviados del INE.
CUATRO. El frente opositor más notable y activo lo configura un segmento muy notable de propietarios, directivos, columnistas y articulistas en medios de prensa convencionales impresos, de radio y de televisión (extendidos a la web), los que, sin formalizar su oposición, se comportan como tal desde 2018. Tienen derecho de ser opositores pero debieran confesarlo públicamente. Es un movimiento opositor que se escuda en la imagen de periodismo crítico, que se queja de estigmatización y agravios cuando le refutan informaciones y opiniones dolosas y sin sustento.
¿Y?
Salvo el nuevo agrupamiento, todos los demás han manifestado su oposición desde el primer día de gobierno de López Obrador. Más, lo contrastante es que se han ido desmadejando y han logrado convencer a poca gente. Cuatro años y dos meses de argumentos opositores, bien reflejados en medios de prensa convencionales, no han convencido a la mayoría de la población. Eso lo confirman las encuestas (la forma más seria y científica para medir la opinión popular).
Hasta enero de 2023 más de la mitad de la ciudadanía mostraba su aceptación de López Obrador como Presidente, una proporción mayor a la que votó por él. En estos días circulan los datos obtenidos en varias de las pulsaciones demoscópicas.
La más baja de las encuestas, del grupo Reforma, indica 58 por ciento de apoyo; la encuesta casi diaria de Mitofsky le arroja 59.8 por ciento; Oraculus, que promedia los resultados de una decena de empresas encuestadoras, reconocía 61 por ciento al mes de diciembre; y Morning Consult, que trabaja para el Financial Times, en el mes de enero refirió una aceptación del 69 por ciento.
En la otra cara de las encuestas, entre el 30 y el 42 por ciento de la ciudadanía –que no es poca—probablemente se encuentran muchas personas que no comulgan con la gestión presidencial, porque les haya afectado o porque sinceramente tienen otra visión de país y de los modos de gobernar. Muchas de estas se animan a expresar públicamente sus puntos de vista pero pocas han decidido acuerparse en el movimiento de los frentes opositores.
En sus conferencias matutinas López Obrador diariamente refiere a los opositores visibles como los conservadores que no quieren el cambio. Más recientemente acusa que en el fondo está su enojo por ya no obtener grandes cantidades de dinero.
Las banderas que hoy enarbola el movimiento opositor son la defensa del INE y la reforma a la Ley de Comunicación Social. Observemos qué relación tiene el dinero con ambas:
El gran INE
Seguir el rastro del dinero es una vieja técnica de investigación y debería aplicarse a lo que dejaron de conseguir muchos líderes de esos frentes opositores. Algo de eso se puede medir, con datos oficiales, en los casos del INE y de los grandes medios de comunicación convencionales.
De las consideraciones públicas para reducir al Instituto Nacional Electoral se acusa que es el aparato electoral más grande y costoso del mundo. la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados han intentado reducirle el tamaño, el gasto y los salarios exorbitantes. En cuatro años le han impedido gastar alrededor de 7 mil 804 millones de pesos.
Para 2020 le recortaron 950 millones de pesos a su propuesta de presupuesto; en 2021 fueron 1 mil 071 millones menos; para 2022 la reducción fue de 870 millones y para 2023 le impidieron obtener 4 mil 913 millones de pesos. EL INE tuvo que disminuir gastos en varias áreas pero no salarios. Y siguió funcionando.
Según sus datos, en el sitio Web, en 2022 trabajaron allí unas 17 mil 500 personas y la erogación para salarios, prestaciones diversas y honorarios absorbió casi el 60 por ciento del gasto.
De 13 mil 914 millones 742 mil pesos autorizados a su presupuesto de 2023 se erogarán para esos rubros (de 10 mil 382 plazas presupuestales y 7 mil 190 plazas de honorarios permanentes) 7 mil 955 millones 450 mil pesos, que representan el 57.17 por ciento del total.
Con el Plan B de reforma electoral, pendiente de discutirse en el Senado de la República ya no sería tan gigantesco el aparato del árbitro principal de las elecciones. Ese es el punto central del debate que tomó como bandera el movimiento político opositor formal.
Medios sin millones
La erogación total en publicidad de todo el sector público para empresas privadas de medios oscilaba en los 30 mil millones de pesos al año.
En contraste, durante los cuatro años el actual gobierno federal redujo sustancialmente sus presupuestos para publicidad: de 2019 a 2022 le han autorizado alrededor de 16 mil 100 millones, pero además gastó menos de la mitad de lo aprobado. Y ahora con la nueva ley de Comunicación social los montos se reducirán todavía más.
Obsérvese: solo en 2018 el gasto real de Enrique Peña Nieto en publicidad fue de casi 9 mil millones de pesos en un solo año y en los gobiernos estatales y municipales, es muy probable que ese gasto fuese del doble del gasto real de la federación, entre 18 mil millones y 21 mil millones de acuerdo con algunas investigaciones académicas que permiten calcularlo.
Ese gasto ya no se repitió. El promedio anual de ese gasto federal con López Obrador es de 1 mil 700 millones.
Según la comparativa de Presupuesto federal aprobado y ejercido que hace la Secretaría de Hacienda en 2019 el Ejecutivo Federal tenía autorizado un poco más de 4 mil 200 millones de pesos y dejó de gastar casi 966 mil.
En 2020 le autorizaron casi 2 mil 500 millones y gastó un poco menos de la mitad.
En 2021 le fueron autorizados 4 mil 700 millones y gastó menos de la mitad.
Algo similar en cantidades pudo haber ocurrido en 2022 pero aún no se reporta.
Y en la mayoría de los estados y municipios quizá también hubo recortes drásticos para emular a la federación (faltan estudios de ello) Morena y sus aliados tienen 21 gubernaturas, mayoría en 19 congresos y preside 506 municipios.
Por eso y más en los medios de prensa, tanto los corporativos, como medianos y más modestos de la República circula el desconcierto porque en diciembre de 2022 el Congreso de la Unión aprobó varias iniciativas presidenciales en las que incluyó la Ley General de Comunicación Social y poco después los Lineamientos Generales en publicidad de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2023.
En ambas normatividades, además de otros cambios positivos, se aprobó, en el artículo 26, un tope de 0.1 por ciento del presupuesto para el gasto publicitario y no solo para el gobierno federal sino también para todos los gobiernos de estados y de municipios.
Esto se traduce en que el Ejecutivo federal tiene aprobado un presupuesto total para 2023 de 8 billones 299 mil, 647 millones 800 mil pesos. Entonces, la Secretaría de Gobernación y cada unidad administrativa del gobierno federal tendrían, para publicidad en medios comerciales y otros gastos complementarios, 8 mil 299 millones 647 mil 800 pesos.
Pero de esa cantidad, ahora el gobierno federal tendrá que distribuir una parte importante a gobiernos estatales y además, a partir de 2022 el 20 por ciento del presupuesto aprobado en publicidad para la federación se dedica a cinco seguros que proporciona el IMSS a periodistas independientes. Peor todavía. de seguir su práctica de autorecortarse, se torna dramático el panorama de ingresos de la mayoría de medios privados.
Todo eso explica en parte el comportamiento opositor de buena parte de los medios privados contra el gobierno de López Obrador, pero también esa actitud es como un bumerang porque les produce descrédito y aumenta sus crisis financieras. Hay constancias de ello.
Al respecto el informe global de junio de 2022 sobre la confianza en las noticias digitales en empresas periodísticas de 46 países (Digital News Report) del Instituto Reuters encontró que en México la confianza en las noticias en los medios convencionales fue de 49 por ciento en 2017, que cayó al 37 por ciento en 2021 y fue igual en 2022. Esto es, que seis personas de cada diez desconfían de esos medios mexicanos, casi la misma proporción de quienes manifiestan su apoyo a López Obrador. Por todo lo anterior y más podemos afirmar que los meses que vienen y hasta las elecciones de 2024 no variará el comportamiento, de muchos medios de prensa, periodistas y analistas mexicanos. Son el otro frente opositor al cambio de régimen político y del modelo de comunicación social que ocurren en todo el país. Colegas, estemos atentos y hagamos periodismo responsable.
