Colegas, interesados en ejercer el periodismo con seguridad, valoremos una buena noticia, una mala y una peor:
La buena. Pocos nos dimos cuenta de que la Cámara de Diputados reformó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas e hizo cambios estupendos de aplicación viable, tales como darle más fuerza al Mecanismo federal, garantizarle el presupuesto anual y, especialmente, para facultarlo de hacer que los gobiernos estatales y municipales firmen nuevos convenios de coordinación que, en caso de incumplirlos —como acostumbran—, se les inicien procedimientos para sanciones civiles, penales o administrativas.
La mala. A pesar de que esa reforma se aprobó el 3 de diciembre y de inmediato se turnó al Senado de la República su coordinador Ricardo Monreal y los otros diez integrantes de la Junta de Coordinación Política la excluyeron de su agenda de fin de año sin considerar su importancia estratégica para que los gobiernos de todos los niveles —ahora sí— comiencen a frenar la execrable ola de agravios y asesinatos contra estas dos actividades esenciales para la paz.
La peor. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se opuso por escrito a que la Cámara de diputados aprobara las reformas y —como ahí no le hicieron caso— insistirá en el Senado de la República para que no la ratifique porque “conllevan consecuencias jurídico-presupuestarias, ya que se crean nuevas estructuras organizacionales y se amplían las facultades, por lo que para su ejecución se tendrían que destinar recursos adicionales”. Es decir, en Hacienda quieren congelarla indefinidamente.
Ley viable
Durante meses la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados trabajó sobre varias iniciativas. La más inviable era la que proponía crear una nueva ley, hacerla de carácter general, que fuese de aplicación obligatoria para las autoridades de los tres niveles para que crearan 32 mecanismos estatales y 32 fiscalías especializadas.
Pero, entre septiembre y diciembre se decidió no crear una nueva ley sino ir por lo más viable pero indispensable para enfrentar el ciclo de agresiones y encaminar a todas las instancias de gobiernos a desarrollar una política de Estado y un sistema nacional de protección, según explicó Roció Barrera Badillo, diputada presidenta de la comisión de gobernación el 4 de diciembre al noticiero del IMER.
Añadió que las reformas fueron maduradas en varias sesiones de parlamento abierto por representantes de más de cien organizaciones y personalidades de defensa de los derechos humanos, del periodismo y de instancias internacionales.
Para este periodista (que participó en el diseño de la ley promulgada en junio de 2012, perteneció al primer Consejo Consultivo del Mecanismo y ha monitoreado los temas de protección y desarrollo de periodistas desde 1998) los cambios aprobados por la Cámara de Diputados son muy posibles de aplicar y tres de ellos son muy destacables:
Presionar a gobiernos estatales y municipales para que cumplan su obligación de proteger a estas funciones;
Desconcentrar al mecanismo de la Segob y;
Fortalecer su estructura interna y procedimientos de operación.
Repasemos:
1. Presión a Estados y Municipios
En el artículo 1, se precisa con más claridad que además de ser una ley de interés social y observancia general en toda la República tiene por objeto establecer acciones y procedimientos entre los tres niveles de gobierno para crear ambientes seguros para la defensa de los derechos humanos, el ejercicio del derecho a informar, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, en los entornos físico y digital.
Y en el artículo 65 se conceden dientes al Mecanismo para escarmentar incumplimientos. Dice: “La Junta de Gobierno dará vista de sus expedientes y actuaciones a las autoridades competentes cuando advierta la probable violación de lo dispuesto en ordenamientos legales diversos, a efecto de que se determinen las responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan…”
La importancia de estos enunciados resalta para quienes saben que tan solo los agravios a periodistas no disminuyen y los asesinatos han crecido como nunca en las entidades de la federación mayoritariamente, entre otras causas porque hay mucha simulación.
Desde 2012, que se creó el Mecanismo Federal de Protección, la mayoría de gobernadores han firmado dos convenios con la Segob para proteger a medios y periodistas; en 18 estados existen 21 leyes de protección o de auspicio al ejercicio periodístico, pero se aplican demasiado poco. Doce entidades carecen de leyes al respecto. A pesar de algunas leyes 19 entidades carecen de Enlaces, Unidades o mecanismos de protección y 28 no han creado fiscalías especializadas para atender delitos contra la libertad de expresión de acuerdo con datos del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE)
Todo eso hace evidente la simulación en estados y municipios al contrastarse con agravios y crímenes. De diciembre de 2018 a enero de 2021, las peticiones de protección al Mecanismo federal de personas defensoras de derechos humanos y periodistas aumentaron en casi 60 por ciento y al iniciar el año ya eran más de 1,300 los beneficiarios. No obstante, los asesinatos en los estados durante ese periodo fueron más que nunca, 38 según informó el Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas; este reportero tiene un registro en ese mismo periodo de 42 asesinatos de personas que entran a la definición de periodistas de la ley de protección vigente.
2. Desconcentra al Mecanismo
La reforma de la ley es positiva también porque los recursos del mecanismo crecieron demasiado poco desde 2012 en relación con la demanda de protección; igualmente durante siete años fueron 36 personas de personal operativo. Hasta diciembre de 2019 tenían que atender a más de 1,300 beneficiarios con 42 operadores incluido su Coordinador Ejecutivo. Mucho temíamos que al disolverse varios fideicomisos el Mecanismo sufriría más por recursos financieros.
Si el Senado ratificara esa ley se declararía que el Mecanismo federal de protección “será un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación.” Con eso, su presupuesto anual será etiquetado por la Cámara de Diputados y ya no dependerá del arbitrio en el área financiera de esa Secretaría.
3. Fortalece al Mecanismo
De las reformas también resaltan las encaminadas a dar mayor fortaleza al Mecanismo federal de protección.
Sus unidades operativas crecen a 7. Eran 3: Recepción de Casos y Reacción Rápida, Evaluación de Riesgos y de Prevención. Se le autorizarían 4 más: de Seguimiento y Análisis, Administrativa, Asuntos Jurídicos y de Comunicación y Transparencia. Pero de personal sólo aumentarían con 29 especialistas para reforzar a los que 42 que hasta hoy operan.
La Junta de Gobierno aumenta de 9 a 11 personas y además eleva su calidad de representación con el fin de dar rapidez a la implementación de acuerdos. Deberán tener rango equivalente a subsecretarios los representantes de Segob, de Seguridad Pública y Ciudadana y de Relaciones Exteriores. En el caso de la Fiscalía General de la República, rango de fiscal y se agregan con alto rango los de CNDH y de Atención a Víctimas (CEAV). Más los cuatro se siempre del Consejo Consultivo Ciudadano. Para más datos ver: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201203-II.pdf
Lo esperable
Es dable esperar que:
El Senado de la República entienda lo estratégico de aprobar esta ley mejorada a pesar de Hacienda;
En el Mecanismo su responsable político, Alejandro Encinas y su coordinador operativo, Jorge Ruiz del Ángel, prosigan con la transformación interna que recomendó la oficina de Derechos Humanos de la ONU y consoliden mejores procedimientos con personal más preparado, y;
Todo el personal pueda paulatinamente, influir en el Poder Judicial para frenar la impunidad y a otras dependencias de los tres niveles de gobierno para que diseñen políticas públicas verdaderamente preventivas, que doten de fortalezas sociales y políticas a quienes defienden los derechos humanos y quienes ejercen el periodismo de interés público. Empujemos.
