Tomo cuatro inquietudes sinceras de colegas profesionales relacionadas con las distintas crisis del medio periodístico y con las confrontaciones de algunas empresas y comentaristas con el presidente; trato de responderles con un primer apunte hacia una propuesta de soluciones:
El Estado mexicano también requiere cambios profundos en este ámbito. Creo es pertinente pensar en una nueva ley de comunicación social radicalmente distinta a la actual, tanto para reconocer derechos y obligaciones de los gobiernos y también de los otros actores en el periodismo, como para que el Estado asuma la rectoría en el mercado de la información y amplíe el reconocimiento y garantías a los sujetos participantes: la ciudadanía, los medios mercantiles, los medios públicos, los sociales y los de la nueva oleada donde se ubican los no lucrativos.
Las inquietudes
-- La nueva fundación de Comunicación y Periodismo de Hidalgo asumirá, como una de sus primeras tareas, el estudio urgente de cómo enfrentar las crisis del modelo de empresas del periodismo y cómo allegar recursos a las nuevas sociedades de periodistas que, para enfrentar el creciente desempleo, quieren hacer periodismo no lucrativo – prometieron dos de sus directivos y vocales: Alejandro Gálvez y Alberto Witvrun.
-- ¿Por qué la gente no está acostumbrada a decir las cosas que piensa de manera directa? -- Preguntó en su cuenta de Facebook Dalila Escobar, una de las reporteras que asiste a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
-- ¿Cuál ética periodística es la que quiere el presidente cuando no le gusta el ángulo de algún reportaje? – inquirió otro colega, este veterano y mencionado como Fifí en Palacio Nacional, con la sugerencia implícita de que alguien se lo pregunte al jefe del gobierno federal cuando vuelva a criticar a otro medio de prensa o columnista.
--¿Podría pensarse en un Acuerdo Nacional de Comunicación Social (similar al que propuso AMLO a gobernadores para el proceso electoral), y otro en materia de economía para las empresas de medios y así marcar el rumbo de la relación prensa-estado?, sugirió Jorge Martínez Lugo al confirmar que por la polarización también se desinforma a la mayoría.
Nueva ley, sin hipocresías
Respondo. Más allá de disertaciones filosóficas, estas y otras intranquilidades muestran, en su fondo, que la mayoría de los actores que componen el mal llamado sistema de comunicación social no son sinceros en decir abiertamente lo que quieren. Bajo el régimen económico capitalista y con la Constitución Política que tenemos las partes debieran reconocer que, más allá de pleitos coyunturales y competencias electorales, se requiere formar otros consensos en el escenario de la comunicación social, consensos que reconozcan los muchos desarreglos que padecen casi todas las partes, especialmente la mayoría de la población y proponer nuevos pactos para nuevas normas.
Una nueva forma para aceptar otro cambio --de los que están transitado en el Estado Mexicano-- para beneficiar a la mayoría de la población, sería con una nueva ley de comunicación social de carácter general, radicalmente distinta a la actual y sin hipocresías.
Una nueva ley que le dé la rectoría al Estado para regular el mercado;
Una sola ley que reconozca como actividad de interés público el derecho de las personas a dedicarse al ejercicio del periodismo;
Una sola ley que instaure un sistema de medios públicos con suficientes recursos y posibilidades de generar espacios de publicidad pagada y otros ingresos propios, más allá de producción de materiales;
Una sola ley que reordene los aspectos mercantiles de las empresas de comunicación y les encamine más al servicio social poniéndoles, como condición de autorregularse con códigos de ética y defensores de la información, propios o colectivos;
Una sola ley que reconozca como nuevos actores sociales y no lucrativos a las asociaciones de periodistas con medios de prensa hiperlocales y especializados;
Una sola ley que no disimule el pago por servicio de publicidad a las empresas mercantiles, sociales y no lucrativas que, con mucha equidad y sin disimulos, les llame subvenciones como existen en otros países para aquellos que, sin importar su tamaño, sí cumplan sus propósitos éticos autoimpuestos para servir a la población y construirse credibilidad ante ella.
Las crisis
Quien esté medianamente informado comprenderá las sacudidas que ha tenido el medio ambiente mediático en poco tiempo. Reconocerlo es un primer paso.
UNO. Cambió drásticamente la cantidad y calidad de los medios de comunicación privados y muy pocos son aceptados para publicidad federal.
Diarios y revistas impresas. La Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación de la Secretaría de Gobernación tenía registrados más de mil 600 diarios y revistas al terminar 2018, para septiembre de 2019 el padrón tenía menos de la mitad (696) y un recuento en el sitio del padrón en marzo de 2021 solo muestra alrededor de 325. Se han ido eliminando como “proveedores” de gobierno los que simulaban, los que han quebrado o fueron cerrados por incosteables, pero considérese que algunas marcas se repiten en muchas entidades del país porque pertenecen a una sola empresa, como los soles, la Jornada, Milenio y otros.
Radio y TV. De acuerdo con los registros del Instituto Federal de Telecomunicaciones a fines de 2018 operaban 2 mil 52 estaciones de radio y 665 televisoras la absoluta mayoría eran privadas.
Un indicador de la institucionalidad de las empresas y de sus estándares aceptables de calidad es que del total de medios impresos y de telecomunicaciones (unos 3 mil 042) apenas 397 son considerados para publicidad del gobierno federal según datos que obtuvo y divulgó la organización Artículo 19 a fines de febrero de 2021.
DOS. La mayoría de medios públicos siguen castigados y sólo uno avanza al sistema que anunció la presidencia.
Es público que la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisión Educativas y Culturales, en 2018
contaba con alrededor de 56 sistemas de radio y televisión pública que incluyen a las radiodifusoras y canales de televisión
que financian las 32 entidades de la República, 50 radiodifusoras universitarias, las 21 culturales que transmiten en 32 lenguas indígenas, y a los más conocidos del sistema SPR del gobierno federal, las que integran al Instituto Mexicano de la Radio
(IMER) más los canales 11, 14 y 22
y Televisión Educativa de carácter federal.
Jorge Bravo, Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) hizo una proyección del presupuesto que tendrían los medios públicos del ámbito federal en 2021 y afirmó que “seguirán sufriendo por una política errática donde ya se observan favoritos, consentidos, los que sólo sobreviven y los que están a punto de entrar en coma y terapia intensiva”.
Los ganones. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM) fue el mayor beneficiado. Proyecta un presupuesto para el próximo año de 1,334.3 millones de pesos (mdp), un incremento de 119.7%. Este monto incluye 800 mdp para inversión en infraestructura física y ampliación de cobertura.
El otro favorecido para 2021 fue el Canal Once con un presupuesto de 560.9 mdp, un alza de 3% con respecto a 2020
Los administrados. El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) obtuvo un aumento de apenas 2.4 mdp para quedar con un presupuesto de 163.3 mdp para 2021.
Los perdedores. Radio Educación tendrá un recorte de 3.8 mdp para quedar en 77.1 mdp en 2021… Canal 22 recibió un tijeretazo de 25.6 mdp para quedar con 130.1 mdp en 2021… La Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) también tendrá su peor presupuesto en seis años al quedar en 200.9 mdp en 2021.
TRES. El gasto federal en publicidad es con simulación.
Articulo 19 y Fundar investigaron la reducción brutal del gasto ejercido en materia de publicidad oficial. Contrastan que “pasó de 14 mil millones en los dos primeros años del Gobierno de Peña Nieto, a alrededor de 2.7 mil millones en los dos primeros años de Andrés Manuel López Obrador. Pero, el 54 por ciento del total ejercido se repartió entre 10 medios de comunicación, mientras que el 46 por ciento se repartió entre los restantes 387 medios”.
Esto ocurre a pesar de los compromisos oficiales de no privilegiar a ninguna empresa, no castigar a otras y proceder con equidad con todos los medios, según se asienta en la Ley General de Comunicación Social aprobada antes de la toma de posesión del actual gobierno y que, no obstante se refrendó en el Acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal que firmó Jesús Ramírez Cuevas el 17 de marzo de 2019 y en los Lineamientos generales para el registro y autorización de las Estrategias y Programas de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2021 del 4 de enero de ese año.
CUATRO. Otros fenómenos negativos
Tómense en cuenta otras derivaciones de estos cambios críticos registradas por la prensa:
Entre 2017 y 2020 han salido del empleo formal por despidos, renuncias y cambios por maltratos alrededor de 7 mil personas en todas las especialidades de la comunicación y el periodismo.
En ese lapso han aparecido unos 4 mil intentos de medios periodísticos con plataformas o sitios web en todo el país.
Las muy constantes “replicas”, aclaraciones o descalificaciones del presidente contra articulistas, columnistas y grandes medios corporativos derivó a fines de febrero en una campaña de protesta y solicitud de “unificación del gremio periodístico” de algunas decenas de opinadores. Esa tensión seguirá.
En el clima que todo esto genera, el medio ambiente de la comunicación social también registra otros dos negativos:
Aunque ha disminuido un poco siguen muy recurrente los agravios y asesinatos a periodistas especialmente en entidades de violencia extendida y..
Ya existen indicadores de reacciones poco aceptables para la paz entre grupos sociales porque se acentúa la desinformación social.
En resumen, son muchos los cambios y los negativos en el medio ambiente de la comunicación social. Hay que reconocerlo para cambiar.
¿Utopía?
Algunos periodistas con formación de izquierda y vocación democrática, como este reportero, creemos que el presidente López Obrador quiere transformar los aspectos más negativos del Estado mexicano y darle más presencia para beneficiar a la mayoría de la población, que no quiere eliminar el sistema capitalista, ni su esencia mercantil solo los excesos como la corrupción y el empobrecimiento creciente. Tampoco quiere eliminar el mercado en la comunicación social, pero no encuentra salidas para mejorarlo. Por eso, su gobierno sigue contratando publicidad en los medios privados más desarrollados que garantizan coberturas amplias y aceptación de su gobierno, aunque en los hechos discrimina a la mayoría y descompone más ese mercado.
Con una nueva ley de comunicación social de carácter general se continuaría con el reordenamiento del Estado, y realmente se democratizaría la información de interés público para beneficio de la mayoría de la población y también se apaciguarían algunas de las confrontaciones verbales. ¿Utopía?
