--¡Estoy asombrado. Ni siquiera me aproximaba en la percepción de que son 14 los equipos del Poder Ejecutivo Federal que enfrentan directamente las crisis de derechos humanos. Y menos sabía que estuvieran coordinados! – comentó el veterano reportero político al toparse con Alejandro Encinas Rodríguez, su antiguo camarada del Partido Comunista Mexicano. – Y el subsecretario respondió a bote pronto:
-- ¿Verdad que mucha gente tampoco lo sabe? Estamos acabando con la fragmentación de organismos y de políticas públicas. Sí, hemos avanzado en centralidad y transversalidad--.
El reportero ha sido testigo, por 40 años, de cómo la vida de millones de mexicanos se ha ido degradando no solo por la inequidad económica, sino también por los flagelos de la discriminación, la violencia contra las mujeres, la trata de personas, la delincuencia organizada, las desapariciones, los encarcelamientos injustos y, especialmente se ha dolido de las agresiones y asesinatos contra cientos de sus colegas desde el año 2000 a la fecha. A todo eso los especialistas lo califican como la gran crisis humanitaria.
Al recibir la invitación para asistir a la presentación del cuarto informe del gobierno federal en materia de derechos humanos el 7 de diciembre en la Secretaría de Gobernación el reportero no imaginaba lo que vería allí. Le pesaba en el ánimo que todavía son demasiadas las expresiones de esa crisis y que el trabajo de su antiguo amigo es el más amargo de todo el gabinete presidencial porque tiene que toparse diariamente con las infelicidades que todavía causan los más ineptos y nefastos.
Primeras sorpresas
La primera extrañeza, por lo novedoso, fue cuando el Subsecretario federal para los derechos humanos pidió paciencia a los asistentes al más grande auditorio de la dependencia, porque no sería un informe, sino catorce.
Al escuchar cada uno de los 14 resúmenes de las labores de los 8 organismos descentralizados, de las 2 comisiones especiales y de las 4 unidades operativas el veterano reportero actuó a la antigüita: tomaba fotos de cada persona que exponía y anotaba frenéticamente lo que parecían los datos más trascendentes sin importarle que todo se trasmitía en vivo por redes sociales. Era mejor prestar atención a lo que representaba cada parte y todo junto.
Otra sorpresa fue saber que estaban allí, como público, quienes dirigen esas tropas civiles que operan en todas las áreas ejecutivas ahí representadas. Eran cientos de mandos medios y de operaciones. Eso se inducía fácilmente por los murmullos, por su vestimenta y por sus reacciones de aplausos o sonrisas posteriores a las intervenciones. Solo desarmonizaba una decena de colegas de la “fuente” de Gobernación ahí presentes.
Al final también fue novedoso que todos los presentes se pusieron a disposición de las y los reporteros para preguntas y respuestas. Acción desusada en este tipo de informes.
Los reportes
Primero expuso Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Ella resaltó que cuentan con la cooperación del Registro Nacional de Población, también que han tenido fuerte apoyo presidencial porque inicialmente eran 40 personas con un presupuesto de 8 millones de pesos y que ahora son más de 200 que ejercerán 1 mil 100 millones en 2023.
En segundo lugar Enrique Irazoque, titular de la Unidad de Derechos Humanos habló del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas. Informó que el personal de protección ya aumentó en 70 por ciento este año y que su presupuesto para 2023 será de casi 570 millones de pesos, lo que contrasta con los 782 millones gastados en los seis años de la administración anterior.
En tercer lugar Fabiola Alanís, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), aseguró que 890 mujeres han recibido atención, en promedio diario en 101 Refugios y Centros de Justicia; que este sistema ha recibido 3 mil 212 millones de pesos para sus propósitos y que en 2013 tendrá un incremento mayor que la inflación
En cuarto lugar habló Martha Yuriria Rodríguez responsable de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reportó haber realizado 354 mil 672 servicios personalizados y adelantó que su presupuesto en 2023 será de 1 mil 300 millones, uno de los mayores incrementos.
El quinto fue Félix Santana, Director de la Unidad Estrategias y Atención de los Derechos Humanos. Reportó la defensa a mujeres en problemas con la ley (presas) porque 7 de cada 10 mujeres fueron torturadas, y de estas la tercera parte fueron abusadas sexualmente. Como secretario técnico de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa destacó como histórico que se abrieran los archivos de los campos militares, que la confianza de los familiares se ha consolidado y que seguirá hasta marzo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Josefina Bravo Rangel, responsable de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) habló en sexto lugar. Reportó la atención especial en el terreno a conflictos por posesión de tierra y otras causas en comunidades del norte, del bajío y del sur; destacó la colaboración que tiene esa comisión con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
El séptimo reporte fue de Claudia Morales, presidenta indígena de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Primero saludó en su lengua y luego resaltó lo robusto que es la actuación de todos los organismos de derechos humanos, de otras secretarías del Ejecutivo y en buena parte de los estados para aplicar transversalmente las políticas contra la discriminación. Se ha capacitado a 108 mil personas.
Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo) dio el octavo reporte. Aseguró que se han consolidado las relaciones con los 32 consejos estatales, que se ha capacitado a más de 20 mil docentes y que su labor sirve a otras áreas de derechos humanos, por ejemplo para localizar núcleos de población que necesitan ser atendidos.
En noveno lugar participó Jorge Wheatley, director general del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo). Aseguró que uno de los mayores derechos humanos es el reconocimiento del Estado a la identidad de las personas. Informó que ya avanzaron en extender 149 millones de registros certificados y que se avanza rápidamente en el registro con rasgos físicos (huellas y fotografías) y que 17 millones de personas ya tienen CURP, certificada con esa modalidad.
La responsable de la Unidad de Política Migratoria, Rocío González Higuera expuso en décimo lugar. Informó que realizan investigaciones y análisis para la toma de decisiones, que han generado 350 documentos y 182 textos de recomendaciones sobre movilidad humana y que también analizan el desplazamiento interno forzado.
La onceava exposición fue de Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Aseguró que México es el tercer país, después de Estados Unidos y Alemania que recibe ahora más solicitudes de refugio, que sus registros indican que lo han solicitado ciudadanos de 138 naciones de 2018 a la fecha. México ya no es solo país de tránsito sino también de destino.
Sorprendió al reportero y otras personas saber en la doceava exposición que existe en la Subsecretaría una Unidad de apoyo al Sistema de Justicia que presta auxilio y asesorías en casos emblemáticos de atención a personas que lo necesiten. Su titular Crescencio Jiménez Núñez ocupó 20 minutos para explicar que lo hacen en los casos de la aplicación de la ley de amnistía y que han logrado la libertad de 164 personas y apoyan a personas perseguidas por aborto, derecho a la salud, pueblos indígenas, robos sin violencia, sedición y otros delitos no graves.
En treceavo lugar participó Constanza Tort San Román, encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Destacó que en los últimos cuatro años han avanzado en mejorar ese sistema de sistemas con mejoras en la coordinación con los 32 sistemas estatales.
La catorceava y última de las exposiciones fue de José Luis Calderón Ríos, Director General de Política Pública de Derechos Humanos, una oficina de seguimiento y coordinación con los gobiernos estatales Informó que por su influencia se han capacitado 44 mil servidores públicos (más que en todo el sexenio anterior), que de 178 líneas de acción del programa nacional de derechos humanos se ha avanzado un 70 por ciento, y que ahora se extenderán los convenios y capacitación a empresas.
Del presídium no expuso aunque también estaba José Guadalupe Cruz Ariza, Coordinador Administrativo de la Subsecretaría. “Es el más transversal de todos nosotros porque es quien nos apoya con recursos y también para el uso adecuado de ellos” comentó Encinas.
Catorce reportes en 2 horas y 50 minutos con dos participaciones breves del subsecretario, al principio y al final.
Por el asombro de todo lo escuchado, el reportero comenzó a buscar más respuestas a sus significancias. Entonces, algunas de las preguntas las disolvió al final Encinas cuando informó, con una sonrisa, que el Presidente López Obrador ha apoyado sin restricciones a esa subsecretaría y agregó que los apoyos políticos reales se traducen en presupuesto.
Detalló que para 2023 la subsecretaría tiene proyectado un presupuesto general de 1 mil 178, millones 75 mil pesos , lo que representa un incremento del 17.4% comparado con el ejercicio 2020; aumento que busca consolidar la atención integral a la crisis en materia de derechos humanos en México.
A preguntas directas de periodistas Alejandro Encinas resaltó que los retos fundamentales para los años que vienen son: la búsqueda e identificación de personas, combate a las violencias contra las mujeres y protección a personas periodistas y defensoras de derechos humanos, para los que se dedicarán los mayores aumentos de recursos. El informe se puede conocer Aquí.
De veras que el veterano reportero tenía una percepción muy incompleta de lo que lo que hace el gobierno federal para enfrentar las crisis de derechos humanos especialmente en esta subsecretaría. Asombra que sea como un ejército de civiles en 14 frentes que se está capacitando en la calle, en los territorios; toda una generación de ejecutivos defensores de derechos humanos desde el gobierno. Al retirarse del recinto de Gobernación retumbaba en sus oídos lo que le presumió Alejandro Encinas: “Estamos acabando con la fragmentación de organismos y de políticas públicas. Si hemos avanzado en centralidad y transversalidad”.
