Entre colegas se desarrolla rápidamente una aprensión: que durante el proceso electoral, como suele suceder, se incrementen las agresiones verbales y físicas contra las y los periodistas, pero que ahora sean más violentas por la atmósfera política y mediática polarizada y belicosa.
A las preocupaciones de cómo enfrentar esos riesgos, una primera respuesta obligada es demandar que el Mecanismo de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación implemente un protocolo preventivo especial y de alcance nacional durante todo el proceso para resguardar la integridad de quienes informan, especialmente en localidades, donde siempre padecen más agravios y asesinatos.
Hay propuestas
Para la atención de esta demanda es desventajoso que el Mecanismo federal de protección no haya diseñado nunca antes un programa así, de prevención y alcance nacional. En 2021 intentó uno pero solo para la jornada de votaciones. Pero ahora que cuenta con más experiencia, recursos financieros y humanos podría mostrar voluntad política suficiente para responder a esta necesidad haciendo valer los convenios de colaboración que ha firmado con la mayoría de gobiernos estatales.
El diseño de un protocolo especial de este tipo puede abrevar de al menos cuatro elaboraciones que hacen propuestas específicas tanto para el comportamiento de servidores públicos, para la actuación de las fuerzas de seguridad ante el trabajo periodístico en situaciones coyunturales, como para el ejercicio de medios y periodistas en los procesos electorales.
UNO. Por ejemplo, el borrador de protocolo que circula entre Estados miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) preparatorio de la reunión que sostendrán en noviembre de este año con el tema: La violencia contra los periodistas, la integridad de las elecciones y el papel del liderazgo público.
En este documento se subraya que “unas elecciones libres y transparentes sólo son posibles cuando el electorado está debidamente informado y tiene acceso a una información plural y suficiente”.
Se advierte también que “La violencia contra los y las periodistas y el continuo flujo de discursos estigmatizadores por parte de funcionarios públicos se hacen más intensos especialmente durante los ciclos electorales”.
Para esto se recuerda que “Los y las periodistas (son quienes) proporcionan informes creíbles y basados en hechos y relatos de testigos presenciales sobre las y los candidatos, el proceso electoral y las cuestiones de seguridad, además de difundir y aclarar información sobre cuestiones emergentes y preocupaciones públicas. Es de este modo que contribuyen a que el electorado disponga de información suficiente y de distintos criterios para tomar una decisión”.
DOS. Es posible contar también con el actualizado Modelo de Protocolo de Intervención e Interacción de las Fuerzas de Seguridad con Periodistas, Comunicadores/as y Medios de Comunicación 2023 del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO).
Ese modelo facilita la capacitación de todos los actores con los objetivos de “contribuir a mejorar las interacciones de las fuerzas del orden público con periodistas, comunicadores/as y representantes de los medios de comunicación, propiciando procesos y espacios de acercamiento entre ambos sectores profesionales… fomentar relaciones de respeto recíproco, tolerancia, empatía y colaboración y enfatizar que los eventuales conflictos que surgen del ejercicio profesional de esos sectores pueden ser solucionados mediante el diálogo, la comunicación continua, el aprendizaje común y la planificación entre las partes”.
Con este protocolo ya se impartió en México un primer taller a representantes de corporaciones de policía estatal de 14 entidades organizado por el Instituto para la Seguridad en Democracia (Insyde) y la UNESCO.
TRES. Para acciones preventivas es indispensable conocer a fondo las tipologías de las y los periodistas victimados así como de los agresores.
Para esto se puede contar con una de las investigaciones recientes que más aporta sobre esos patrones. En forma de libro circulará en la tercera semana de noviembre la obra de la periodista Alejandra Ibarra “Causa de muerte: cuestionar al poder. Acoso y asesinato de periodistas en México”.
En una entrevista que concedió la autora a César López Linares para LatAm Journalism Review (LJR) adelantó parte de sus hallazgos: “no es tanto la información que difunden los periodistas, sino el papel que estos juegan en su comunidad lo que los lleva a ser blanco de asesinatos.”
“Uno de los patrones que la periodista encontró es que los comunicadores ultimados en años recientes en México eran principalmente reporteros locales o periodistas ciudadanos que ocupaban un lugar respetado en su comunidad. Eran capaces de promover cierta participación social cuando tomaban postura ante los hechos. También eran personajes que a menudo cuestionaban al poder de su localidad.”
CUATRO. Y para la autoprotección de periodistas, tema que debería incluirse en cualquier protocolo de salvaguarda de quienes informan, se pueden tomar algunas de las “sugerencias” que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) en el siguiente acuerdo:
“Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se recomiendan a los noticieros, respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña del PEF 2023-2024”.
Allí, aparte de recordar las limitaciones que imponen al ejercicio del periodismo la Constitución Política y leyes secundarias, el INE sugiere varias medidas preventivas contra reacciones enojosas y agravios:
“que los medios de comunicación (y periodistas) establezcan marcos de autorregulación, como códigos o normativas internas con estándares éticos y profesionales para la cobertura de precampañas y campañas electorales. Dentro de estos instrumentos se recomienda dar especial énfasis al combate a la difusión de información falsa, inexacta o sacada de contexto”.
Aparte de estas elaboraciones es conocido que buena parte de las agresiones de todo tipo contra periodistas son reacciones a malas prácticas profesionales, sobre todo por los viejos y nuevos comunicadores que, aprovechan al amplia libertad y velocidad de internet para hacer propaganda disfrazada de información, para eludir la verificación de datos y para adjudicar acusaciones. Es decir de usar formas que no son posibles cuando se tiene ética o curadores, correctores y editores profesionales.
Adicionalmente, un protocolo preventivo nacional de protección también tendría que promover talleres de autoprotección para periodistas locales y neocomunicadores digitales, ya sea con recursos del Mecanismo federal, de los mecanismos e instancias estatales de protección o mediante convenios con órganos electorales y hasta con fondos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal o sus similares en los estados. Para estos talleres se puede pedir la colaboración de periodistas veteranos especializados en autoprotección como Andrés Solís, Gerardo Albarrán y otros que han impulsado y han sido miembros de mecanismos de protección. Mirada de reportero.
SIGUE LEYENDO:
México sí necesita una agencia noticiosa que contrarreste vilezas informativas
