El reportero y veterano analista del periodismo mexicano, Gerardo Albarrán de Alba, insertó en Sala de prensa.org una noticia que sacude a empresarios de medios de comunicación y gobernantes de Europa: habrá una nueva ley para limitar arbitrariedades de los poderes económicos y políticos que desfiguran la información y al periodismo profesional, como también ocurre en México.
El Comité de Cultura del Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una ley continental que esencialmente reconoce a las y los periodistas profesionales como salvaguardas de la información de interés público ante las malas prácticas muy extendidas de gobernantes y empresarios mediáticos.
Según la nota informativa, la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, ya consensuada, establece 6 principios y obligaciones para los sectores privado y públicos de 27 países de ese continente y además un comité de vigilancia:
1. Los medios de comunicación públicos deben informar imparcialmente;
2. Quienes dirijan los medios públicos debe ser electos y sólo ser destituidos por hechos excepcionales;
3. La publicidad pública no deberá usarse para beneficiar a medios amigos o castigar a medios enemigos;
4. Las decisiones editoriales deben ser competencia de los editores y no de gobiernos o empresas;
5. Los propietarios de medios y quienes los dirijan deben publicar sus posibles conflictos de interés;
6. Nadie podrá obligar a los periodistas a revelar sus fuentes ni podrá espiarlos; y
Se crea un comité que vigilará si los 27 países de la UE cumplen lo arriba indicado.
La noticia
Desde el 8 de septiembre comenzó a circular la nota informativa en aquella región y luego resaltada en algunos países de América Latina, donde también se registran restricciones a la libertad de circulación de la información de interés público tanto por grandes corporativos de la comunicación como por gobernantes.
El diario El Tiempo de Colombia difundió la información enviada por el corresponsal Idafe Martín Pérez:
El comité de Cultura del Parlamento Europeo aprobó este jueves (7 de septiembre) por 24 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones la primera ley de medios de aplicación en los 27 países de la Unión Europea. Falta una protocolaria votación en el pleno y ya tiene el visto bueno de los gobiernos.
La libertad de prensa en Europa recula. La comisaria europea de Valores y Transparencia, la checa Vera Jourova, advierte desde hace tiempo de una “situación desesperada” para la libertad de prensa en algunos países del bloque, además reconoció que no le gusta ver a ricos comprando medios de comunicación para influir en política. Grandes fortunas griegas, italianas, francesas compran medios de comunicación más como herramienta de influencia política que como negocio empresarial.
En Francia van cayendo uno tras otro en manos del empresario Vincent Bolloré importantes medios, como la revista Paris Match, la cadena de televisión CNews y el diario Journal du Dimanche. Tras las compras, las cabeceras pasaron a informar siguiendo un punto de vista favorable a la extrema derecha.
Los informes anuales de Reporteros sin Fronteras, sobre todo su índice global de libertad de prensa muestra cómo algunos países europeos (Hungría, Polonia y Grecia, pero también otros como Italia) van marcha atrás, sobre todo en el control político de los medios de comunicación públicos.
“El 70 % de las informaciones que emite el gigante público italiano RAI en radio y televisión son favorables al gobierno de la primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni.”
Tras esos datos de contexto el periodista reproduce los principios y obligaciones que establece la nueva ley, aprobados por mayoría absoluta, después de más de un año de consultas y discusiones:
Los medios de comunicación públicos deben informar “imparcialmente”; sus directivos ser elegidos “en un proceso transparente, abierto y no discriminatorio” y sólo pueden ser destituidos antes de que acabe su mandato por hechos excepcionales definidos con anterioridad. Se trata así de que los gobiernos no coloquen a sus hombres de confianza a dirigir los medios públicos. Lo primero que hizo Meloni al llegar al poder en Italia fue poner a dos hombres de su partido a controlar la línea editorial de la RAI.
La publicidad pública debe repartirse con criterios profesionales y no para beneficiar a medios amigos y castigar a medios enemigos. Así, habrá “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios. Las decisiones editoriales son competencia de los editores, no de gobiernos ni de empresas de comunicación. Quienes posean medios de comunicación y quienes los dirijan deben publicar sus posibles conflictos de interés políticos, empresariales o de otra índole.
Nadie podrá obligar a los periodistas a revelar sus fuentes ni se les podrán extraer mediante espionaje o vigilancia. Tampoco se podrán instalar programas espías en sus teléfonos o computadores. La norma prevé la creación de un comité con un representante de cada gobierno y será controlado por el Parlamento Europeo. Esta instancia vigilará si los 27 países de la UE cumplen lo arriba indicado.
A los dueños de los medios, agrupados en la Asociación Europea de Editores, no les gusta la nueva norma. Aseguran que es “una ley contra la libertad de los medios”.
El único punto de fricción que podría ser modificado en una posterior negociación entre el Parlamento Europeo y los gobiernos es la obligación de que los editores den libertad editorial a los periodistas…
La noticia se puede ver aquí
¿Viabilidad en México?
Por estas normas se deriva que la nueva reglamentación europea pretende ampliar la libertad de prensa aumentando la libertad de circulación de la información de interés público y colocar a las y los periodistas profesionales como defensores prácticos del derecho a saber de lectores y audiencias.
Una ley similar en México corregiría varios de los fenómenos que han deteriorado al periodismo profesional
Los fenómenos que también ocurren en México y restringen, en los hechos, la libertad de prensa son: la concentración de medios en pocas empresas; las prácticas empresariales que convierten en mercancía la información, usan los medios como instrumentos de presión para hacer otros negocios o combatir políticas públicas que no les favorecen; las practicas recurrentes de gobernantes de usar el gasto en publicidad para premiar a los medios afines o castigar a los medios críticos y también utilizar a los medios públicos para promoción personal, de sus partidos o sectores ideológicos.
La posibilidad de una ley similar a la europea en nuestro país será cercana o no dependiendo de los resultados del proceso electoral de 2024.
De las normas que se impondrán en 27 países de Europa ya existen leyes federales en México que reconocen los derechos a la protección cautelar para periodistas y la preservación del secreto profesional de sus fuentes.
Sería positivo que, como efecto en México de esa ley europea, algunos actores de la comunicación y el periodismo en nuestro país comenzaran a promover una ley general de medios periodísticos para establecer derechos y obligaciones para todos los sujetos participantes en el sistema de información de interés público, una ley que contenga al menos seis grandes criterios:
- Que empresas y gobiernos reconozcan que la actividad del periodismo es de beneficio social (interés público) para que las personas periodistas tengan los derechos de protección integral, al secreto profesional, libertad de conciencia y trato profesional en salarios y prestaciones.
- Que los propietarios de medios de comunicación y quienes los dirijan publiquen sus posibles conflictos de interés tanto empresariales como políticos y transparenten sus ingresos provenientes de recursos públicos.
- Que las decisiones editoriales de los medios públicos y privados sean competencia de los periodistas editores y no de gobernantes o empresarios.
- Que todos los medios de comunicación públicos se definan como entidades de Estado de interés público, obligados a informar con ética profesional y no hacer propaganda.
- Que quienes dirijan los medios públicos sean electos por órganos colegiados como los congresos legislativos y que sólo puedan ser destituidos por faltas graves al servicio público.
- Que la publicidad pública se conceda en forma transparente y equitativa para los medios de comunicación y de prensa privados de todos los tamaños reconocidos en un padrón nacional.
Todo esto consolidaría otro régimen de comunicación social como al que aspira el partido gobernante.
Si Morena tuviese voluntad real de consolidar el cambio de modelo de la comunicación social tendría que incorporar esos seis criterios a los que ya definió en una sesión especial de planes para el sexenio 2024-2030.
Morena anunció en esa reunión que promovería otro andamiaje jurídico: institucionalizar las conferencias mañaneras: crear la coordinación nacional de todos los medios públicos; organizar una institución que exhiba las noticias falsas; establecer contrapesos a las redes digitales; eliminar las prácticas de censurar información de las autoridades electorales; crear derechos digitales para toda la población e impulsar nuevos medios públicos y privados obligados a informar y no hacer propaganda.
Pero las aspiraciones de Morena dependerán de obtener mayoría absoluta en el Congreso de la Unión en las elecciones de 2024; y en su sinceridad radicará la democratización auténtica de la información y ampliación de la libertad de prensa que hacen falta en México. Mirada de reportero.
