Ministros se preparan para sesión histórica

La próxima semana, en el primer día de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros decidirán qué día comenzarán la discusión del artículo de la ley que amplía el plazo de Arturo Zaldívar en la presidencia del máximo órgano de justicia del país.

En el Pleno que será presencial después de año y medio de sesionar a distancia, 10 ministros definirán si será esa misma semana o cuando mucho en 15 días, cuando arrancará la discusión que ya desde ahora se considera histórica para la vida interna del máximo tribunal.

En el último mes, los ministros han preparado los argumentos que defenderán en el pleno, donde no participará el Presidente, y que deberá determinar su constitucionalidad. Aunque los integrantes de la Corte han sido especialmente reservados sobre su posición, porque han comentado que quieren ser cuidadosos y no politizarlo, por ahora la posición de los ministro no ofrece suficientes votos para declarar constitucional el artículo décimo tercero transitorio de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por los legisladores el pasado 23 de abril y que permite al ministro Zaldívar mantenerse como presidente hasta 2024.

Desde su aprobación en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido el ampliar el mandato del ministro presidente, aunque la reforma fue criticada por legisladores, juristas y académicos por considerar que es una medida que atenta contra la Constitución y la propia Ley Orgánica del Poder Judicial.

No obstante que senadores de oposición acusaron la serie de irregularidades y atropellos que admitieron, pasaron ante sus ojos cual “bola rápida”, mientras otros más lo calificaron como “un madruguete”, el pleno de la Cámara de Diputados, con mayoría de legisladores de Morena, ratificó el 23 de abril en lo general y lo particular las leyes orgánicas del Poder Judicial incluido el polémico artículo que de última hora había sido incluido por el senador del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué.

Precisamente ese viernes 23 de abril, el ministro Lelo de Larrea habló públicamente sobre la llamada “Ley Zaldívar” y aseveró que: “ejerceré el cargo por el periodo para el cual fui electo por mis pares” y aseguró que se mantendría pendiente sobre alguna controversia constitucional en contra de dicho transitorio y que acataría lo que, en su caso, resuelva el Pleno de la Corte acerca si es o no constitucional ampliar su periodo.

En su pronunciamiento publicado en su cuenta de Twitter, tras la aprobación de la Cámara de Diputados, el ministro aseguró que es a través de las sentencias como las personas juzgadoras deben y esperan ser evaluadas. Y refrendó que continuará con la defensa de la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

Fue el lunes 7 de junio, al día siguiente de las elecciones, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el que se expidieron las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo cual se contempló un plazo de 30 días naturales para presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de la ampliación al mandato del ministro de cuatro a seis años, así como de los consejeros de la Judicatura Federal de cinco a siete años.

Ocho días después, el 14 de junio pasado, el ministro presidente Arturo Zaldívar hizo público el escrito por el que activó el procedimiento para que el Pleno de la SCJN se pronuncie al respecto de la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial.

En respuesta a las cuatro preguntas en las que el ministro Arturo Zaldívar planteó la consulta extraordinaria para que el Pleno de la SCJN determine si es constitucional o no la ampliación de su mandato, el presidente López Obrador cuestionó que los ministros apoyen la prórroga, pues acusó que la mayoría “fueron puestos en el antiguo régimen”.

La consulta fue admitida y turnada al ministro, Franco González Salas, quien será el responsable de elaborar el proyecto que deberá ser discutido por el Pleno de la Suprema Corte.

En paralelo, el rector de la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Antonio Silva Díaz, quien a nombre de la institución se inconformó en contra de las reformas al Poder Judicial y presentó un amparo.

“Las leyes que reforman el sistema de control y vigilancia del Poder Judicial deben ser analizadas bajo estándares constitucionales y convencionales que garanticen la independencia. Esa preocupación ha sido expuesta por diversas instancias internacionales”, planteó el rector como parte de los cinco puntos con los que justificó el haber promovido dicho amparo en aras del “cumplimiento de la función social que la Suprema Corte de Justicia impuso a la Escuela”.

Justo el 23 de abril, cuando el rector de la Escuela informó a la comunidad de docentes que había promovido dicho amparo, el ministro presidente del alto tribunal realizó un pronunciamiento en redes sociales en el que aseveró que: “Seguiremos consolidando un mejor PJF, más honesto, moderno y cercano a la gente a pesar de las resistencias, vengan de donde vengan. La mayoría de las personas juzgadoras federales están comprometidas con los #DDHH de todas las personas”.

Como integrante del Consejo de la Judicatura Federal y profesora de la Escuela Libre de Derecho, una de las voces críticas que hizo pública su inconformidad sobre la decisión del rector Ricardo Antonio, fue la abogada Loretta Ortiz Ahlf quien a través de una carta externó “su desacuerdo y extrañeza” de haber promovido dicho recurso sin la debida consultada y resolución de la Junta General de Profesores, y en su caso, de la Junta Directiva.

Después de año y medio de sesionar a distancia, 10 ministros definirán si será esa misma semana o luego de 15 días, arrancará la discusión que ya se considera histórica para la vida interna del máximo tribunal.

›El antecedente sobre el controversial artículo se remonta desde su origen, luego de que el 15 de abril dicha reserva fue añadida de último momento para su aprobación con mayoría de votos en el Senado de la República por legisladores de las bancadas de Morena y sus aliados del PRI y el Verde Ecologista, con el cual se estableció extender el mandato del actual ministro presidente por dos años más, es decir hasta 2024 y de los consejeros de la Judicatura Federal hasta el año 2026.

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