Ante representantes del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía
Piña Hernández reconoció que en México persisten las detenciones arbitrarias debido al “doloroso aumento” de las desapariciones forzadas y la persistencia de violaciones graves como la tortura y los malos tratos.
Acompañada de ministros del Alto Tribunal y de consejeros de la Judicatura Federal, la ministra presidenta admitió que frente a los agentes que cometen las detenciones arbitrarias, en muchos de los casos integrantes de las Fuerzas Armadas, hay una “persistente impunidad” por su participación en labores de seguridad pública.
“Somos conscientes de que estamos lejos de lograr su erradicación (de las detenciones arbitrarias). Los datos nos revelan un doloroso aumento de las desapariciones forzadas y la persistencia de violaciones fundamentales al debido proceso en las detenciones, incluyendo, desgraciadamente, las prácticas de tortura”, señaló la también presidenta de la Judicatura Federal.
En ese sentido mencionó que entre los factores que agravan y hacen persistir las detenciones arbitrarias se encuentra el abuso de la prisión preventiva oficiosa en el país, y el no llevar ante la justicia civil a los militares señalados de violaciones a derechos humanos, pese a los intentos de la Suprema Corte para poner límites a las facultades de las fuerzas armadas.
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“Tenemos grandes pendientes para lograr un sistema especializado y efectivo de justicia penal para adolescentes. Somos conscientes de que se ha ampliado la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública y de que existen condiciones inadmisibles para muchas personas en los centros de internamiento penitenciario”, fue su mensaje.
La ministra Piña Hernández aprovechó la visita de los expertos de la ONU en materia de detenciones arbitrarias, quienes acumulan más de dos décadas sin emitir un informe sobre el país en la materia, para reiterar su preocupación por los retrocesos que implicaría una reducción al presupuesto del Poder Judicial Federal.
“Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables”, señaló la ministra Piña Hernández.
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