Las pruebas son tan contundentes y el escándalo escaló tanto, que la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM (FES Aragón) abrió este jueves una investigación preliminar para determinar si la hoy ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura en 1987, y ante la posible responsabilidad de quien la dirigió, la profesora Martha Rodríguez Ortiz.
El Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón hará “un análisis pormenorizado del contenido y las circunstancias del caso”, y de lo que resulte, advirtió la institución en un comunicado, “actuará con estricto apego a la normatividad universitaria”, que lo considera “una falta grave” y ordena llevar el caso al Tribunal Universitario, que podría quitarle el título de licenciada en Derecho, y con ello sus títulos posteriores pierden validez.
En 2019 Esquivel fue nombrada ministra de la Suprema Corte, y pretende el 2 de enero próximo convertirse en su presidenta, asegurando en reuniones privadas que cuenta con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sólo que este escándalo podría incluso repercutir en su lugar en el máximo órgano de justicia, porque la Constitución exige, en su artículo 95, que debe “gozar de buena reputación” y aunque se refiere a no ser condenado por algún delito, si especifica que aunque fuera algo menor, si “lastima seriamente la buena fama en el concepto público”, ni siquiera podría ser ministra.
El plagio de una tesis es considerada una falta grave en la legislación interna de la UNAM. La razón es simple, porque “la falta de probidad y honradez en los trabajos académicos afecta la credibilidad del estudiante y, desde luego, el prestigio de la Institución”, señala el Estatuto General.
El investigador de la UNAM, Guillermo Sheridan, destacado por su acuciosidad, apuntó el miércoles los reflectores: “En mi calidad de ciudadano proceso a denunciar un acto de corrupción cometido por la pasante Yasmín Esquivel Mossa”. Y comenzó a describir el material que en 1987 le permitió a la ahora ministra de la Corte convertirse en abogada y que tituló: “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A”.
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Se trata, advirtió Sheridan, de una copia exacta, en cuanto a contenido, a la de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, titulada “Inoperancias del sindicato de los trabajadores de confianza del Artículo 123 constitucional Apartado A”; es decir, ambas analizan el mismo artículo y mismo apartado, con el mismo enfoque.
ejecentral revisó ambas tesis y pudo verificar lo que advierte el investigador: La tesis de la ministra fue publicada un año dos meses después a la de su compañero de universidad, septiembre 1987 y julio 1986, respectivamente. El índice, número y título de capítulos, parte de la bibliografía referida y contenido, son idénticos; y sólo difieren en las dedicatorias, número de páginas y conclusiones.
“Considero, pues, que la pasante Yasmín Esquivel Mossa plagió en su totalidad la tesis del Lic. Báez Gutiérrez”, expuso Sheridan, y añadió: “Se consiguió engañando a los sinodales, a la UNAM, a sus compañeros, al pueblo de México que financió sus estudios y, desde luego, así misma”.
Este jueves, la FES Aragón, de donde es egresada la ministra de la carrera de Derecho, anunció que abría el Comité de Integridad Académica y Científica de la institución “iniciará un análisis pormenorizado del contenido” y “actuará con estricto apego a la normativa universitaria”.
Y así de grave se considera: “De conformidad con lo establecido en los artículos 87, fracción I y 95, fracción I del Estatuto General en relación al artículo 4º del Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor, la falta de probidad y honradez se considera una infracción a los principios académicos y éticos señalados en la Legislación Universitaria. En este sentido, la ausencia de honestidad en la elaboración de una tesis, puede considerarse como una falta grave contra la Universidad”.
Si bien no hay plazo para que ese Comité emita algún veredicto, de confirmar el plagio deberá iniciarse el procedimiento e imponer, en su caso, una sanción, la cual sería el no reconocimiento de la tesis y por ende la pérdida del título académico. Eso significaría que los títulos de especialidad, maestría y doctorado que ha cursado Esquivel Mossa, también perderían validez.
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La ministra Esquivel Mossa ha dicho que las acusaciones en su contra son totalmente falsas. “Ahora ¿qué mas van a inventar?”. Pero en su defensa ha presentado lo dicho por uno de los sínodos presentes en el examen profesional, el maestro Javier Carreón Hernández; y su directora de tesis, la profesora Martha Rodríguez Ortiz, quien también está bajo investigación por la FES Aragón.
La ministra pretende convertirse en presidenta del máximo tribunal de justicia del país el próximo 2 de enero; incluso ha dicho en privado que tiene el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre esta revelación del plagio de tesis.
La sesión solemne en la que se elegirá a quien presida la Corte, se llevará a cabo cuando aún esté en trámite el procedimiento que inició su Facultad, y que podría tener consecuencias legales y éticas.
Y la ética es un principio constitucional fundamental para ejercer como ministra de la Suprema Corte. El artículo 95 de la Constitución, en su fracción IV establece que para ser electa ministra se necesita: “Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”.
Y en su último párrafo subraya: ·Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.
Un escándalo similar ocurrió en 1995, cuando el entonces secretario de Educación Pública, Fausto Alzati debió renunciar a su cargo por mentir y no contar con el grado de doctor que ostentaba. Sólo duró 54 días en su cargo.
Y en la Suprema Corte sólo existe una referencia a un escándalo de gran envergadura. Ocurrió en 1988 y fue el fallo del entonces ministro Ernesto Díaz Infante que otorgó la libertad a Alejandro Braun Díaz, el llamado Chacal de Acapulco, quien violó y asesinó a una niña de apenas 6 años.
