La industria minera en el país fue el imán de 15 dólares por cada 100 de Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó a México entre 2010 y 2018, y mantiene a alrededor de 379 mil personas ocupadas.
Es tan importante que esta sola industria, sin considerar petróleo y gas, se ubicó como la decimotercera mayor economía minera del mundo por el valor de su producción, y es uno de los principales eslabones de las cadenas productivas y valor en el sector industrial.
Ante las referencias públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo Manzur, sobre el freno a más permisos para esta industria e incluso su cierre, los especialistas consideraron que cerrarla sería muy radical y rompería la cadena de valor que aglutina, pero sí es necesario legislar en la materia.
Si bien las cifras muestran que en materia de comercio exterior la minería exportó más de 21 mil 600 millones de dólares de materia prima y productos industrializados, cifra que representó casi cinco dólares de cada 100 dólares que la economía mexicana comercializó en el mundo, según datos del Inegi.
Además, en el renglón fiscal, tan sólo de Impuesto sobre la Renta (ISR), en 2018 pagó al Estado 35 mil 135 millones de pesos, 12.4% más en términos reales (descontada la inflación) respecto a 2017. Ese monto pagado a las arcas de la nación también representa un incremento de 199.5% en términos reales, en comparación a lo tributado en 2015, de acuerdo a cálculos de ejecentral, basado en datos de la Secretaría de Hacienda (SHCP).
“Hay algunas empresas extranjeras que explotan las minas y dejan muy pocos recursos para el fisco, así como bajas remuneraciones laborales, pero cerrarlas no es la solución”, Raúl Vázquez López, investigador de la UNAM.
Sin embargo, la información más recientes del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) revela que el valor de la producción como porcentaje del PIB se ubicó en la posición 45 de 120 países. En 2016, fue 2.7%, por debajo del 3.6% de Colombia, 8.5% de Bolivia, 13.4% de Chile y 14.1% de Perú. Los países con mayor peso son Mongolia y Mozambique, donde su producción minera ronda en alrededor de 50% de su PIB.
16.9 por ciento bajó la producción de oro en México en la primera mitad de 2019, respecto al mismo periodo del año pasado, según datos del Inegi.
“Hay algunas empresas extranjeras que explotan las minas y dejan muy pocos recursos para el fisco, así como bajas remuneraciones laborales. Regularmente, siempre hacen una repatriación de todas las ganancias, pero cerrarlas no es la solución porque es toda una cadena de valor”, afirmó el catedrático e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Raúl Vázquez López.
La amenaza
En la primera semana de septiembre, después de participar en un foro organizado por las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, dijo que “a diferencia de países europeos o Japón, las leyes ambientales se aplican con todo rigor (...), pero en México estamos en una situación realmente prehistórica porque ha habido un relajamiento en la aplicación de la ley”.
40,779 kilos de oro y 820 mil 560 de plata produjo México entre enero y junio de este año, los niveles más bajos de producción desde 2010.
›El secretario dijo que la Semarnat debe “entrar a revisar” a la industria minera, porque advirtió que “una secretaría de Medio Ambiente y un gobierno de izquierda tienen aplicar la ley”.
“El gobierno tiene que parar esto. Se tiene que parar la minería de alguna manera”, explicó Toledo.
A pregunta expresa de los medios de comunicación sobre el desempleo que generaría el cierre de minas, el secretario de Estado dijo que se deben “crear proyectos alternativos” y a manera de ejemplo, dijo que el gobierno federal ya generó esa vía alterna.
“¿La posibilidad de trabajos? La estamos viendo hoy, 985 mil jóvenes con una beca del gobierno”, comentó el titular de la Semarnat sobre los proyectos alternos.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es una de las becas a las que hizo referencia, con la cual reciben tres mil 600 pesos mensuales por una capacitación en empresas del sector industrial o de servicios.
Esas becas, a diferencia de la industria minera, como de otros sectores económicos, no generan impuestos como ISR, impuesto al valor agregado (IVA), pagos por seguridad social, impuesto al activo, derechos, entre otros tantos rubros.
Según la Cámara Minera de México (Camimex), en 2018 “la industria extractiva se situó como el primer sector productivo con mayor aportación fiscal” por concepto de ISR.
Datos de la Camimex señalan que además del ISR y del IVA, en 2018 pagaron poco menos de nueve mil 200 millones de pesos por concepto de derechos, canalizaron cuatro mil 500 millones de pesos al fondo minero y han destinado cuatro mil 130 millones a inversiones orientadas a favor del medio ambiente y de las comunidades mineras.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) esima que la industria minera requiere de políticas públicas que involucren aspectos regulatorios, institucionales, fiscales, de planificación estratégica y manejo de conflictos socio-ambientales con una visión de largo plazo.
Sin embargo, Toledo advirtió que las empresas mineras “no pagan nada. (Es), la forma más irracional de explotación de los recursos de nuestro país. Se están llevando más oro hoy que en toda la época prehispánica (sic)”.
Regular sin miedo
La industria minera en México —con siglos de operar desde el imperio mexica— es una fuente de atracción de IED. De los más de 285 mil millones de dólares captados de 2010 a 2018, la industria minera captó poco más de 18 mil 100 millones. Es decir, recibió 15 de cada 100 dólares de capital extranjero en ese periodo, según los datos de la Secretaría de Economía.
FRENO. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido que aún cuando la minería es de vital importancia para el país, durante su administración no se otorgaran más concesiones.
Esa inversión ha llevado a que el valor de la producción sea de 18 mil millones de dólares, cifra que ubican a México como la decimotercera mayor economía minera del mundo. Aunque muy por debajo de Perú que ocupa la posición número 10 con 30 mil 450 millones de dólares: Brasil en el lugar siete con 38 mil 380 millones y Chile que es el país latinoamericano mejor posicionado con sus 40 mil 636 millones de dólares del valor de la producción lo ubican en la quinta posición mundial. Los tres más grandes son Sudáfrica y Australia que quintuplican el valor de México y China que genera un valor 10 veces al de México, según los datos del World Mining Data 2019, del gobierno de Austria.
Considerando el concepto de “renta minera” como porcentaje del PIB, Banco Mundial ubica a México en 0.88%, muy por debajo del obtenido en los “países pobres y muy endeudados” (3.34%), los “países de ingreso bajo” (2.99%) o los países “frágiles y afectados por situaciones de conflicto” (2.08%).
›En América Latina los mejor posicionados son Chile con 10.9% y Perú con 8.3 por ciento. En el mundo, Mongolia y Surinam tienen una renta minera equivalente a una tercera parte de su PIB.
Según el Banco Mundial, la renta minera es la diferencia entre el valor de producción a precios internacionales mundiales y su costo total de producción. Sus indicadores, señala el organismo, incluyen en el cálculo al estaño, oro, plomo, zinc, hierro, cobre, níquel, plata, bauxita y fosfato.
Al respecto, Miguel Ángel Jiménez, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, dijo: “Hay un reto importante para el país. El gobierno federal y el Congreso deben revisar las contribuciones de impuestos por parte de las mineras porque hay una salida importante de excedentes económicos”.
Por lo anterior, el Estado debe tener mayor participación en renta minera, esto a través de mayores tasas de regalías, impuestos extraordinarios a las ganancias extraordinarias, entre otras medidas.
Por ejemplo, el año pasado, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, dijo que esta industria requiere de políticas públicas que involucren aspectos regulatorios, institucionales, fiscales, de planificación estratégica, de gestión y manejo de conflictos socio-ambientales con una visión de largo plazo que permita la innovación para maximizar el beneficio social presente y futuro.
“Se debe insistir en tener una mejor regulación. Eso mismo pasa con los bancos (...). El actual gobierno, aunque lleva poco, no ha mostrado la disposición de hacer frente a los intereses de las grandes empresas internacionales. Un ejemplo es la banca”, puntualizó Raúl Vázquez
