Minería crece en territorios desplazados por violencia
El Noroeste documentó que la minería es una actividad donde los narcotraficantes no sólo buscan para cobrar “cuotas” a los empresarios, sino que personas ligadas al crimen organizado aparecen como concesionarias de títulos mineros
La minería hizo crecer sus volúmenes y ganancias en Sinaloa cuando la sierra norte del estado se convirtió en territorio de disputa entre los cárteles y de Sinaloa y de los Beltrán Leyva.
Un reportaje del Noroeste señala que de 2006 a 2016, el estado vio subir más del doble el valor de su producción minera (112%), al pasar de mil 721 millones 506 mil pesos a 3 mil 646 millones 995 pesos, destacando como productor de oro, plata, plomo, cobre y zinc en el panorama nacional, incluso en los municipios como Choix, El Fuerte, Cosalá, Badiraguato, San Ignacio, Sinaloa, Concordia y Rosario, donde la violencia se ha mantenido constante.
En este periodo se intensificaron los enfrentamientos, asesinatos y los desplazados de diferentes territorios, mientras que las mineras, en su mayoría canadienses, no dejaron de producir, y para 2019, la entidad sumó mil 487 concesiones vigentes y 112 proyectos.
De acuerdo con una revisión hemerográfica realizada para esta investigación, en 11 de los 18 municipios de Sinaloa se han desplazado por violencia al menos 234 comunidades, de 2006 a 2018; de las cuales, 230 se encuentran en territorios donde se presenta actividad en exploración y explotación minera, aunque no siempre las causas se atribuyen a la minería”, menciona el reportaje Desplazados por el yugo narco-minero en Sinaloa respaldado por la plataforma periodística Connectas.
Entre estos sobresale Sinaloa con más 60 localidades desplazadas, Concordia con 33, Mazatlán con 23, Rosario con 19 y San Ignacio con 17 comunidades.
En el sur del estado, los yacimientos de oro y plata han han traído violencia y presencia del crimen organizado a Rosario y Concordia, en estos lugares, desde 2012, han visto morir asesinados a sus amigos y familiares y han tenido que sufrir el desarraigo de sus comunidades por las pugnas entre grupos armados ilegales, que en gran medida son motivadas por el control de las minas.
“Los dueños (de las minas) tienen que darles semanalmente dinero o gasolina”, cuenta. “Me vas a dar la mitad del material y aparte te lo voy a comprar para que tú no tengas que moverte”, afirma una testigo que se vio obligada a dejar la localidad de Pánuco por la violencia.
La minería es una actividad, señala el reportaje, donde los narcotraficantes no sólo buscan dominar el territorio para cobrar “cuotas” a los empresarios, sino que personas ligadas al crimen organizado aparecen como concesionarias de títulos mineros y participan directamente en la operación y vigilancia de las minas.
Entre estos se encuentran Manuel Beltrán Arredondo, padre de Julio César Beltrán Quintero, “El Julión”, asesinado en 2005 y quien fue identificado por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado como integrante del Cártel de Sinaloa.
Este contaba con los títulos de concesión por 50 años de las minas La Galeana
(20 hectáreas) y
San Dimas II (80 hectáreas), expedidos en 2002.
José Ángel Ibargüen Campos, asesinado en febrero de 2017 y señalado como lugarteniente del cártel que lideró El Chapo Guzmán, contaba con concesiones de la mina Los Ciruelos no. 2(517.18 hectáreas), en sociedad con Francisco Javier de la Riva Valdez, Luis Olivarría González y Eduardo Labrador Ulivarría.
A esto se suma que de 2014 a 2016 las mineras pagaron 118 millones 118 mil 568.03 pesos al Fondo Minero para el Desarrollo Regional Sustentable en Sinaloa, tan solo el 1.22 por ciento del valor de la producción de minerales calculada para esos años.EM
