Mina de San Rafael en Cosalá sin poder reiniciar operaciones
Americas Gold And Silver hace un llamado al gobierno federal y al de Sinaloa para retirar a un grupo criminal que mantiene bloqueadas las instalaciones desde hace un año
El próximo 26 de enero se cumple un año de que un grupo armado liderado por Yasser Beltrán irrumpió de manera violenta en las instalaciones de la mina San Rafel, ubicada en Cosalá Sinaloa y que pertenece a la canadiense Americas Gold And Silver. La justificación de Beltrán y su grupo fue la supuesta violación de los derechos laborales de los mineros, que nunca fue comprobado.
De acuerdo con un comunciado enviado por Americas Gold and Silver señaló estar lista para reiniciar cuanto antes operaciones y poner fin a la situación que desde hace casi un año ha afectado a los trabajadores y la comunidad de Cosalá, cuya subsistencia depende del buen funcionamiento de la mina. Sin embargo, la compañía de origen canadiense señala que no lo puede hacer pues existen varios procesos penales en contra de Yasser Beltrán en la fiscalía general del estado de Sinaloa a cargo de Juan José Ríos.
La empresa destacó que al tratarse de una empresa pública que cotiza en los mercados internacionales está obligada a cumplir con las disposiciones legales en los países donde opera. De igual modo que está legal y moralmente impedida a negociar y colaborar con un grupo criminal al que la propia compañía ha denunciado penalmente y que la comunidad de Cosalá sabe que es ajeno a la zona y de la actividad minera.
Cabe recordar que este paro de labores que inicio el 26 de enero de 2020 ha afectado a cerca de 327 trabajadores y ha causado pérdidas diarias de 150 mil dólares, además de los empleos indirectos que genera la actividad económica de la mina en Cosalá.
La solicitud al gobierno federal por parte de la minera canadiense sostiene que le es imposible negociar con el grupo liderado por Beltrán, que participó encabezando a un grupo sindical en un recuento de votos en el mes de septiembre para tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo de los mineros, ahora en manos del sindicato minero que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia.
Representantes legales de la compañía interpusieron dos demandas penales por allanamiento de las instalaciones y bloqueo de la mina en febrero y abril del 2020 ante las instancias judiciales del estado de Sinaloa. Hasta la fecha la fiscalía del estado no se ha pronunciado en relación ha ambos procedimientos, a pesar de que según la empresa existen elementos contundentes para proceder en su contra.
La minera canadiense refirió que una vez levantado el bloqueo a la mina y habiendo tenido la oportunidad de revisar su operatividad, los trabajadores podrán regresar a sus empleos bajo el liderazgo sindical que realmente los represente.
La mina San Rafael que explota plata, plomo y zinc tiene una proyección de vida que vence en el 2022, por lo que les preocupa que su explotación esté paralizada desde enero pasado, provocando con ello un quebranto económico a la empresa canadiense, cuya inversión inicial para poner en marcha la operación de la mina fue de 420 millones de pesos aplicada en el 2016.