La integración de personal militar a las tareas de control migratorio ha provocado un aumento en el número de abusos y violaciones de derechos humanos en México en los últimos dos años, lo que representa una falta a las normativas internacionales y contradice el discurso de solidaridad del actual gobierno federal, así lo relata un informe especial de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
El informe señala que la “política migratoria mexicana ha experimentado un proceso de militarización” en el que las Fuerzas Armadas han tomado el control por completo de los cruces fronterizos del país, lo que incluye el nombramiento de elementos o exelementos de estos cuerpos de seguridad en puestos clave del Instituto Nacional de Migración (INM).
Los datos analizados por este reporte revelan que los elementos militares, especialmente lo de la Guardia Nacional, no cumplen con el propósito de garantizar los derechos de los migrantes, y que por el contrario son elementos que generan riesgos de seguridad para estas personas, especialmente a quienes pertenecen a grupos vulnerables como mujeres o niños.
De hecho, la violencia sexual es la principal amenaza que enfrentan las mujeres y niñas migrantes en su paso por México; un tercio de las entrevistadas para este reporte aseguró haber sido víctima de violación durante su paso por el país.
40 mil 026 personas solicitaron asilo en México en los primeros cuatro meses del año, según la Comar.
Entre los testimonios de este informe se rescata el de una migrante haitiana que asegura que “las mujeres afrodescendientes migrantes en todo México estamos expuestas, en todo momento. No podemos ocultarnos, nuestro color de piel es visible. El guardia nacional y el INM que nos tratan de prostitutas, nos hacen gestos groseros, nos persiguen cuando estamos caminando”.
Y agrega: “Nosotras no somos seres humanos para ellos, somos como basura. Por eso tenemos que cuidarnos porque se puede esperar que nos ataquen los policías y los militares. ¿Cómo confiar si nos tratan en la calle como si fuéramos prostitutas?”.
Además se documentó la participación de estos elementos de seguridad pública en delitos y abusos cometidos en contra de los migrantes que llegan a México, especialmente los que están relacionados a detenciones arbitrarias y uso excesivo de fuerza en estos procesos, lo que daña la salud de estas personas e incluso, en algunos caso, les ha costado la vida.
Los expertos que elaboraron el informe destacan con preocupación que “no existen mecanismos de control para supervisar las actividades del poder militar” en estas actividades, y agregan que tampoco hay rutas para que las personas afectadas puedan denunciar sin algún tipo de riesgo.
El informe también señala que la militrazación de las tareas migratorias ha provocado el surgimiento de nuevas rutas clandestinas hacia Estados Unidos, lo que ha puesto en mayor riesgo a estas personas, quines enfrentan desapariciones forzadas, secuestros, discriminación, tráfico de personas, y hasta abuso de autoridad y corrupción de las autoridades locales.
