Militares contra científicos
En su lucha contra el marxismo, la junta militar de Chile condujo una estricta limpieza ideológica en las universidades después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973
50 años después, ya no mucha gente recuerda que el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile se autodenominó “movimiento de liberación nacional contra el yugo marxista”.
Así, “la estrategia inicial de los golpistas respecto a las ciencias sociales y a la sociología, no fue otra que desarticularlas con el uso de la violencia. A estas disciplinas las acusaban de socialistas y más concretamente de marxistas”, señalan Juan Jesús Morales Martín y Camilo Garber Fuentes en su artículo “El quiebre de las ciencias sociales en Chile”.
Los autores señalan que los “nuevos, aunque espurios, gobernantes nacionales” trataban de “borrar los valores ligados al desarrollismo social y político”; para lo cual activaron “un plan de desarticulación violenta de las universidades”.
En Concepción, el caso extremo
El mismo 11 de septiembre, la Universidad de Concepción “fue rodeada desde temprano por efectivos del ejército, los cuales instalaron ametralladoras en algunos cerros circundantes” en lo que que el diario local Crónica tituló como la “operación limpieza en la U”, comentanóDanny Monsálvez Araneda y Mario Valdés Urrutia en “El golpe de Estado de 1973 y la intervención militar en la Universidad de Concepción”.
La Universidad de Concepción “no era cualquier casa de estudios”. Fue creada con capital privado en 1919 y “había desarrollado un fuerte sentido de identidad y pertenencia regional” en la zona de mayor industrialización del país, y, con un fuerte movimiento estudiantil, se había convertido “en un actor político de primer orden en la vida nacional”.
Además, la universidad tenía estrechos vínculos con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al punto que el rector Edgardo Enríquez, quien se había desempeñado como ministro de Educación del Gobierno de la Unidad Popular, era el padre del líder del MIR, Miguel Enríquez, por lo que era considerada una “universidad roja”.
De acuerdo con un reportaje publicado en el New York Times en noviembre de 1973, entre seis mil y 16 mil estudiantes y cientos de profesores fueron expulsados de la Universidad de Concepción con el pretexto de que eran marxistas.
Monsálvez y Valdés señalan que aunque prácticamente no hubo resistencia ante la intervención militar en la universidad, sí hubo casos de golpes, torturas y hasta algunas ejecuciones.
El rector Carlos von Plessing se vió obligado a, bajo supervisión militar, reorganizar la universidad para depurarla de influencias y actores políticos y revolucionarios, lo que implicó la prohibición del derecho a reunión y cierres de carreras, además de las expulsiones ya mencionadas.
La visión externa
“Después de un análisis de los graves y conflictivos problemas de las universidades, que prácticamente han impedido el normal desarrollo de las actividades académicas, la junta militar ha decidido decretar la reorganización de las universidades en todo el país”, declaró un comunicado del Gobierno pocos días después del golpe de estado. Esto puso fin a una larga tradición de autonomía universitaria, señaló el New York Times en su reporte.
La Universidad de Concepción y su departamento de ciencias sociales fueron los ejemplos más d´rasticos de la remodelación, pero no fueron los únicos, a pesar de que las divisiones y peleas entre izquierdistas y antimarxistas, dominadas por los primeros cuando el presidente Salvador Allende asumió el poder en 1970, ya se habían decantado hacia las coaliciones de estudiantes moderados y de derecha.
Al rector de la Universidad de Chile, Edgardo Boeninger, el gobierno le encargó llevar a cabo “tareas de reestructuración” al interior de todas las universidades del país (ayudado por rectores militares en las mismas), lo que significó que debió poner en marcha una “limpieza ideológica”, con el despido de más de mil académicos sólo en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica. De ellos, cerca de 255 provenían de las ciencias sociales, y hasta mil 500 estudiantes de música y otras carreras no relacionadas con esas materias.
Incluso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que era considerado un bastión conservador y de donde surgieron muchos de los incondicionales del sistema judicial y de la mayoría legislativa antimarxista previa al golpe de estado, hubo suspensiones: 44 de sus 360 profesores fueron suspendidos, así como unos 70 estudiantes.
Sin embargo, a casi todos los departamentos de la Universidad de Chile se les asignó un “fiscal” que, en la mayoría de los casos, era un profesor de Derecho, que recibía denuncias escritas u orales de presuntos extremistas.
“Si no hago esto, alguien peor lo hará”, le dijo al New York Times un profesor de derecho constitucional para explicar su decisión de actuar como fiscal en un departamento científico. “A mi modo de ver, es una elección entre expulsar a algunos marxistas inocentes o expulsarlos a todos”.
Epílogo apolítico
Soldados con ametralladoras patrullaban el campus y montaban guardia frente a la oficina del coronel Eugenio Reyes, el nuevo rector de la Universidad Técnica del Estado, de la cual se expulsó a 150 profesores, relató Jonathan Kandel en el New York Times.
“Creo que los estudiantes se darán cuenta de que no estamos tratando de reprimir a nadie por reprimir”, explicó el coronel Reyes. “Estamos tratando de apolitizar las universidades, tal como estamos tratando de apolitizar el país. Lo único que les pedimos es que estudien”.
En ese ambiente, se fueron quedando los economistas conocidos como los Chicago Boys, quienes querían experimentar in situ las teorías referidas al capital humano concebidas por la Escuela de Economía dirigida por Milton Friedman, George Stigler y Gary Becker, también llamada neoliberalismo.
Los representantes de esta corriente del pensamiento económico pretendían ser puramente científicos y técnicos, y por tanto apolíticos; sin embargo, entre estos economistas apoyados por el régimen militar de Gustavo Pinochet hubo quienes afirmaron que existía “una relación estrecha entre el desarrollo económico y el autoritarismo, y que éste constituye una condición de aquél”.
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