El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, hizo el viernes pasado lo que se sabía hace meses haría: exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray –su gran amigo-, de cualquier ilegalidad derivada por haber realizar operaciones inmobiliarias a través de un constructor amigo ganó millonarias licitaciones en el estado de México y a nivel federal, y dijo que no habían incurrido en un conflicto de interés. El tinglado político incluyó las disculpas de Peña Nieto y de Videgaray, por haber generado la duda en la opinión pública sobre la integridad de su gobierno. Para ellos, el asunto está cerrado. Para muchos otros, es una burla.
Andrade investigó si como consecuencia que el Grupo Higa hiciera operaciones inmobiliarias que beneficiaron al presidente –porque el que la compra de la llamada casa blanca la haya realizado su esposa, no lo exime de responsabilidad - y al secretario de Hacienda, se le había otorgado obra pública de manera irregular. Para nada, dijo, todo se apegó a la ley. En este espacio se ha mencionado reiteradamente a lo largo de los años –porque el fenómeno no es nuevo-, que no se necesita incurrir en una ilegalidad o aprovechar su puesto para beneficio personal, para entrar en un conflicto de interés.
En la mayoría de los casos es un tema de percepciones que en otros países se ataja para que no se conviertan en realidad o sean motivo de ataques. En países maduros, quienes llegan a una posición pública venden sus acciones o las colocan en un fideicomiso, se retiran de consejos de administración y dan a conocer sus activos. La mejor forma de manejar un conflicto de interés, evitar ser acusado de ello, y lastimar a la institución para la que se trabaja, es no tenerlo. En México ni siquiera es una obligación dar a conocer las declaraciones patrimoniales, y cuando en términos demagógicos las divulgan, son documentos parciales que no sirven de fotografía para medir a futuro su integridad.
Un conflicto de interés, se ha repetido en este espacio, no requiere de un acto ilegal o ilegítimo. Basta que exista la percepción para que se genere la sospecha y la falta de credibilidad. El presidente Peña Nieto ha tocado el tema desde el punto de vista de las percepciones, aunque por sus acciones, confunde ilegalidad con ilegitimidad. En un mensaje a la nación el 3 de febrero pasado, cuando ordenó la investigación sobre él y el secretario de Hacienda, dijo:
“La corrupción en México… es un problema estructural, que entre todos debemos enfrentar. Y a pesar de los esfuerzos emprendidos en las últimas décadas, la percepción sobre este problema no ha mejorado en nuestro país. De acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2014… México obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de 0 a 100. Es prácticamente la misma calificación que ha tenido durante las últimas dos décadas… No hay excusa para dejar de tomar acciones decididas”.
El informe final de Andrade y las disculpas del presidente y su secretario de Hacienda, contradijo su promesa. De lo ilegítimo, ni una línea, ni una explicación, ni una solución. Los resultados de la investigación, hay que señalar, no son sorpresa. El 5 de febrero se informó en este espacio lo que iba a suceder el viernes pasado. Era muy simple. Si Andrade se ajustaba a la ley, no encontraría delito qué perseguir porque el conflicto de interés no se aplica a ninguno de los tres involucrados, de acuerdo con lo que establece el título IV del artículo 110 constitucional. La primera dama, porque no es servidora pública; el presidente, porque el único delito aplicable a él es el de traición a la Patria; y Videgaray, porque cuando hizo la compra de su casa de campo, no ocupaba ningún cargo público. Andrade no encontró que en 33 contratos, su relación hubiera inclinado licitaciones hacia Higa.
Pero la ilegitimidad es intangible. Los empresarios muy cercanos a un presidente tienen derecho de picaporte en todas las oficinas de gobierno. Las veces que terminen esas visitas en negocios, es imposible ligarlas legalmente al presidente. Pero cuando Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, dijo una vez en Los Pinos que la forma de mantener la gubernatura pasaba por la cancelación de la obra hidráulica Monterrey VI, cuya licitación ganó el Grupo Higa, y el proyecto siguió ¿fue porque se trataba de la obra del compadre presidencial? Pero cuando la obra del tren rápido México-Querétaro, cuya licitación fue ganada por Higa, se canceló abruptamente por el presidente porque el proceso había sido irregular, ¿se paró porque el compadre presidencial así lo dispuso? Tampoco se sabe. Se puede alegar que hubo un trato de dos caras con Higa, que no reflejó Andrade.
Legalidad y legitimidad no son lo mismo, como lo plantea al presidente Peña Nieto. El reporte de Andrade y las disculpas ofrecidas fueron una oportunidad perdida. Qué sano hubiera sido que se propusiera una ley o regulación que acotara la ilegitimidad del conflicto de interés. Colocar parámetros objetivos a fenómenos subjetivos es difícil y requiere creatividad legal. Pero la grandeza de miras, lo hemos visto en el último año, se le acabó a este gobierno. Se fueron por lo fácil en este caso, pero el problema del conflicto de interés no se resolvió. Tampoco desaparecerá la percepción de corrupción.
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