Para este año electoral, las condiciones de seguridad no parecen ser muy halagüeñas en Michoacán, a cinco años de que se manifestara el movimiento armado de las autodefensas teniendo como escenario el municipio de Buenavista. Al cierre de 2017, al mes fueron asesinadas 126 personas en promedio, también se contabilizaron mil 510 víctimas de homicidio doloso, lo que significó un aumento de 39.17% de esos casos, comparados con 2014.
De 2013 —año en el que surgieron las autodefensas— a 2017, las denuncias por robos subieron 7.82%, sin incluir hurtos, y las investigaciones por lesiones que se dispararon 88.33%, según cifras oficiales.
Todos los días hay un promedio de siete asesinados en la (región de) Tierra Caliente. Todos los días hay un promedio de cinco asesinados en Morelia y sus alrededores. Eso no ha parado y es una vil mentira que quisieron tapar el ojo con un dedo y decir que todo está bien en Michoacán, pero es una estupidez”, advirtió José Manuel Mireles Valverde en entrevista con ejecentral.
Mireles, quien se ostentó como uno de los percusores y líderes de lo que él denomina “movimiento legítimo de autodefensa”, surgido el 24 de febrero de 2013, asegura que en los municipios donde aún estos grupos patrullan y vigilan sus comunidades, las cosas cambiaron “para bien”. Y sostiene que, en municipios como Aquila, Coahuayana y Chinicuila, donde desde el alcalde hasta el velador son autodefensas, ya no hay mayores incidentes que lamentar excepto por “problemas internos”, como peleas protagonizadas por personas en estado de ebriedad. Pero, reconoció que no todo el estado goza de esas condiciones.
“Decía mi abuelo que no hay peor ciego que el no quiere ver. En los pueblos donde los autodefensas somos autoridad (…) se sigue patrullando con gente armada. Simplemente por un decreto estatal en 2016 dijeron que ya no existen las autodefensas en Michoacán. Y qué bueno que toda la gente se lo creyó, menos nosotros (…) los que vivimos acá, que estamos sufriendo todos los días el acoso de autoridades, el acoso de sicarios, de criminales, tenemos la necesidad de defendernos”. Hasta ahora, mencionó Mireles, impera una situación crítica de seguridad que consigna en una frase: “el crimen existe porque el estado mexicano se lo permite”.
En una retrospectiva de la evolución de la seguridad en la entidad durante los últimos años y lo que los orilló a tomar las armas, el médico de profesión recuerda que fueron 12 años de haber padecido muertes violentas y desapariciones de las que el gobierno estatal, dijo, era omiso y en muchos casos actuaba en complicidad con los perpetradores de esos crímenes.
Cuestionado sobre quiénes son actualmente los grupos o personajes que mantienen a Michoacán dentro de los primeros lugares a nivel nacional en delitos de alto impacto como el homicidio doloso y culposo, Mireles Valverde acusó que después de la intervención del gobierno federal, al menos ocho mil armas quedaron a manos de personas que no eran parte del movimiento que él encabezaba, y que entre ellos había “Templarios arrepentidos” —denominados así por los mismos autodefensas— y quienes actuaban bajo la protección de Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado para la seguridad en la entidad.
›El médico cirujano aseguró que Castillo Cervantes repartió sin control ocho mil armas, vehículos, “charolas” y uniformes.“Nunca supieron a quién se las dieron ni tampoco creo que les interese recogerlas porque no hemos visto ningún operativo (…) todavía les sigue mandando a su gente para que los protejan”.
En octubre del año pasado, y tras varios episodios de violencia y la aparición de mantas con mensajes atribuidos a grupos criminales, el actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Juan Bernardo Corona Martínez, reconoció que al menos cuatro de estas organizaciones delictivas se disputaban el control territorial en municipios que comprenden las regiones de Tierra Caliente y Occidente. Reductos de Los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo delictivo conocido como Los Viagras y sus aliados autodenominados La Nueva Familia Michoacana fueron a quienes identificó el secretario como protagonistas de esa pugna.
Un volcán dormido
El también llamado “doctor Mireles” aseguró que no pretende incursionar en ningún ámbito político rumbo a los comicios del próximo 1 de julio, Mireles Valverde, pues “no somos matraqueros de ningún político, y no nos interesa pertenecer al mismo sistema de corrupción que hoy controla la nación”, aunque anunció que desde otros espacios trabaja para conseguir la paz social para la entidad.
En junio de 2014, Mireles Valverde junto con 82 civiles armados, fue acusado de violar la Ley de Armas de Fuego, y absuelto en 2017 para que enfrentara su proceso en libertad; al respecto mencionó: “No quiero levantarme en armas, no lo necesito. Estoy abriendo nuevas trincheras de niveles superiores, teniendo reuniones con gentes, con organizaciones civiles de Michoacán, buscando la forma de conseguir la paz social que nosotros necesitamos”.
Respecto a si percibe riesgos de cara a las elecciones, y si el índice de criminalidad que azota la región de Tierra Caliente implica uno de esos peligros de ingobernabilidad, el activista refirió: “nuestra gente no se ha desarmado, y no se van a dejar. Tengo entendido que ni siquiera el gobernador ha podido entrar a Tepalcatepec por la misma situación que nomás llegan para hacer estupideces, pero no para apoyar al municipio”.
›Sobre la ruta a seguir para conseguir ese equilibrio adelantó que el ejemplo de la Meseta Purépecha con Cherán, al independizarse del sistema político nacional, resulta la solución para subsanar las condiciones de inseguridad y abusos que hay.
“Son autosustentables, autogobernables, llevan seis años sin partidos políticos y eso es una gran victoria para toda esa región. Y así se están preparando ya también en la sierra costa, la sierra de Tancítaro, en el área de Chapala y lo mismo del bajío michoacano para una independencia total y absoluta del sistema político mexicano porque lo único que nos ha traído es desgracias y olvido”.
Escalada violenta
Si bien es cierto que por lo menos mediáticamente se ha reportado en menor medida la presencia de bloqueos, enfrentamientos y el tránsito de civiles armados. Michoacán no es mejor en materia de seguridad que hace cinco años, incluso el comparativo de la estadística delictiva de 2016 con el año pasado tampoco es alentador.
En entrevista con este semanario, Rodrigo Antúnez Álvarez, director del Observatorio Ciudadano Michoacán, alertó que al cierre del año pasado e inicios de 2018, los índices delictivos alcanzaban niveles críticos comparados con 2016, año por demás complicado en la entidad.
El especialista aseguró que “las partes delicadas del estado, las que comprenden la región de Tierra Caliente, como Apatzingán, Lázaro Cárdenas sí se han incrementado los delitos en relación a las tasas. (…) Estamos viendo que Apatzingán tiene tasas muy altas en relación con homicidios y otros índices. Las mesas de seguridad de Apatzingán reportan una alta cifra negra. Tenemos una cifra negra importante tanto para Michoacán como para el país”.
Antúnez Álvarez refirió que al observar el comportamiento de los secuestros y extorsión en enero de 2017 a diciembre del mismo año las cifras están “más arriba”. En los casos de extorsión, 2016 cerró con una tasa de 0.39 y en 2017 con 0.45.
Para 2017, las tasas de secuestro fueron de 0.54 y 0.62. En cuanto a homicidios dolosos “nos encontramos en los primeros 10 lugares a nivel nacional, y tenemos que 7.11 de los homicidios dolosos cometidos en 2017 no tienen información, hablamos que 92 homicidios dolosos se cometieron y están catalogados por la procuraduría como sin dato, sin información”, manifestó.
Como muestra de las deficiencias en la entidad para el registro y clasificación de la información estadística de los delitos, el coordinador del organismo local señaló que hasta el cierre del año pasado, 29% de los homicidios culposos, equivalentes a 285 casos carecían de información. Y el problema era aún más grave, pues en octubre y noviembre de 2017 ese porcentaje había alcanzado 98% en las mismas condiciones.
¿Cómo se cataloga culposo si no se tiene información, si no hay carpeta abierta, no hay investigación? Fuimos avanzando y la procuraduría estatal recapitulo la información reportada al Secretariado Ejecutivo e hizo modificaciones. El 45% de los homicidios culposos los catalogaron como ‘otros’, pero hay cuestionamientos sobre el resto, los 45 o 48 homicidios culposos sin información, por qué no se les da la importancia”, sostuvo.
Riesgo latente
Para Rodrigo Antúnez, el evidente fracaso de la estrategia de seguridad aunado al rebase financiero que han mostrado los diferentes grupos criminales en comparación con Michoacán, así como con otros estados de la República pone en riesgo la gobernabilidad en aras del proceso democrático. Ante lo cual consideró que si los índices siguen igual, el que haya o no autodefensas es sólo una diferencia mediática, debido a que el problema de fondo es que siguen pasando los homicidios, los robos.
Los estados se han visto rebasados por el financiamiento de los grupos criminales, que están recibiendo demasiado dinero de sus operaciones ilícitas y eso les permite ser mucho más competitivos ante el ente gubernamental (…) Es un tema de todo México, pero los estados mientras más rezagos económicos y en leyes de transparencia haya, hay riesgo y Michoacán es uno de ellos❞
Sobre las causas, precisó que se ha creado mucha dependencia de la estrategia federal, donde al tratar de hacer un estudio rápido del número de elementos de la policía estatales a nivel nacional, las zonas más peligrosas dependen de los elementos de las fuerzas armadas y la policía federal. “Se debe a una estrategia federal fallida, y sólo hay que ver los números de octubre donde fue el mes más violento del México moderno”.
El estado en donde según lo decretado por el actual gobernador, Silvano Aureoles Conejo, cuando a finales de 2016 advirtió que no se permitiría que ciudadanos se erigieran como defensores de la seguridad pública, y en consecuencia serían “detenidos y sujetos a proceso penal”, también ha vulnerado e impactado en la seguridad de otros sectores de la sociedad.
Tal es el caso del sector religioso, pues Michoacán se ubica como la segunda entidad más hostil hacia los sacerdotes, sólo por debajo de Guerrero. Con nueve casos de padres asesinados, de los 21 que se enumeran en lo que va de la actual administración, la directora en México de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, Julieta Appendini Moral, aseguró que se ha logrado documentar el riesgo que corren los capellanes en su labor de defensores de derechos humanos, al intentar generar diálogo en los espacios con presencia del narcotráfico.
“La violencia sube y baja, se dan hechos violentos que afectan a toda la comunidad; a veces se vienen tiempos de no violencia y se tranquilizan los ánimos, pero a veces son olas de violencia que laceran a la sociedad y en este momento creo que se recrudece”, acusó la semana pasada, Carlos Garfias Merlos, arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia.
Precisamente en Morelia, donde el doctor Mireles sostiene se suscitan alrededor de cinco muertes violentas cada día, el sector empresarial hizo saber su atención a la recurrencia de hechos de extrema violencia como el hallazgo de cadáveres desmembrados y mantas con amenazas encontrados en días pasados. Sobre esos hechos el vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Michoacán, Rubén Flores Muñoz, hizo un llamado a las autoridades para atender el tema antes de que se recrudeciera.
De acuerdo a la última actualización de incidencia delictiva y reporte de víctimas del delito de enero de este año, en Michoacán murieron de forma violenta 117 personas, es decir, un promedio de tres homicidios intencionales cada día. En 89 de esos casos, apenas cinco víctimas más de las que implicó el total de muertes culposas en ese mes, se trataron de asesinatos por arma de fuego; de las 544 lesiones dolosas registradas, 91 se debieron al uso de un arma de fuego.
De acuerdo a la última actualización de incidencia delictiva y reporte de víctimas del delito de enero de este año, en Michoacán murieron de forma violenta 117 personas, es decir, un promedio de tres homicidios intencionales cada día.
Disolución. El 14 de abril de 2014, Alfredo Castillo, comisionado federal para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, anunció el desarme de las autodefensas ante la oposición de comunitarios.
Historial del movimiento
Del 24 de febrero de 2013 los agravios por la inseguridad en Michoacán ya habían dado lugar a una oleada de policías comunitarias, pero éstas se habían limitado en su mayoría a las poblaciones indígenas purépechas, nahuas, mazahuas y otomíes de la entidad.
al siguiente día, habitantes del poblado de La Ruana (cuyo nombre oficial es Felipe Carrillo Puerto), perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán, se armaron y despojaron a la policía municipal de dos patrullas, de siete armas de fuego y procedieron a formar su propio cuerpo de seguridad. La rebelión ocurrió a las doce del día, los inconformes se habían cubierto el rostro y estaban armados con pistolas y rifles de alto poder.
Hacia el 19 de mayo cuando es desplegado a Michoacán, especialmente a los municipios de Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán, un contingente de alrededor de 2 500 elementos militares con la intención de controlar el territorio en que surgieron las autodefensas. Mismas que aceptaron replegarse, sin dejar las armas.
Hacia el segundo semestre de 2013,derivado de un hermanamiento entre las autodefensas que surgirán en diferentes municipios y a cierta coordinación con el ejército y la Policía Federal, no exenta de roces, se logró extender la seguridad en los caminos desde Buenavista hasta la Costa
El 15 de enero de 2014 Peña decretó la formación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán (CSDIM) y nombró a Alfredo Castillo comisionado de la misma. Anunció una inversión inicial de 3 mil millones de pesos en programas sociales para la zona del conflicto en Michoacán. La comisión fungiría como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación para coordinar las acciones de las autoridades federales, estatales y municipales así como del Ejército.
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