En su editorial del día de hoy el diario estadounidense The New York Times realiza un análisis sobre las acciones en materia de transparencia, a continuación les dejamos la nota completa.
México se resiste a la rendición de cuentas
Cuando hizo campaña para la presidencia de México, Enrique Peña Nieto utilizó el título en su libro, “México, la Gran Esperanza”, para explicar el registro que esperaba lograr y la nación que quería construir. Después de tres años en la presidencia, parece más probable que sea recordado no como el líder de las transformaciones que los mexicanos pensaron habían elegido, sino como un político que acotó la rendición de cuentas a cada paso.
En el reloj del señor Peña Nieto, el gobierno mexicano ha escondido rápida y sistemáticamente verdades feas y restado importancia a los escándalos.
Después de que periodistas mexicanos revelaron que un contratista del gobierno había hecho una casa lujosa a disposición del Sr. Peña Nieto y su esposa, el presidente nombró a un amigo para investigar el asunto. No es sorprendente que la investigación no encontró ninguna evidencia de mala conducta para el Presidente. Los periodistas, a pesar del meticuloso reportaje, perdieron sus trabajos.
Cuando el más poderoso capo de la droga del país, Joaquín Guzmán Loera, escapó de la cárcel en julio, los mexicanos eran justamente escépticos acerca de la versión oficial, sobre todo porque era la segunda fuga de Guzmán. El Gobierno afirmó que el señor Guzmán se había deslizado a través de un túnel que él y sus cómplices habían cavado sin el conocimiento de los funcionarios de prisiones, descartando la posibilidad de que tenían ayuda desde el interior. Mientras que algunos funcionarios fueron detenidos como resultado de la fuga de la prisión, el Gobierno aún tiene que explicar plenamente el caso.
Más preocupante es el esfuerzo fallido del Gobierno en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, que parecen haber sido masacrados en el estado rural de Guerrero. El Gobierno afirmó que los estudiantes fueron ejecutados e incinerados por los miembros de una banda de narcotraficantes. Un informe preliminar emitido por un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre, citando imágenes satelitales, dijo que era improbable que los cuerpos hubieran sido incinerados.
Añadiendo al escepticismo público, el Gobierno ha rechazado las solicitudes repetidas para permitir que el equipo internacional entreviste a personal militar destacado cerca del lugar de la desaparición.
No es muy tarde para que el gobierno reconozca que se echó a perder su investigación y para dar a los investigadores internacionales el acceso sin restricciones al personal gubernamental. Eso puede ser poco para salvar la reputación del señor Peña Nieto. Pero es lo menos que puede hacer por las víctimas de una de las peores atrocidades contra los derechos humanos de México en la historia reciente.
