México, rumbo a la destrucción ambiental
Esta semana se sentaron las bases para desaparecer o restar independencia al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, lo que implicaría un retroceso de 30 años en la política ambiental mexicana, y a la larga, aumentaría la vulnerabilidad del territorio nacional, advierten
A finales de los años 80 del siglo pasado, en busca de una serie de antiguas ciudades mayas ubicadas en el valle del río Usumacinta, y en conjunto con diversos arqueólogos y grupos conservacionistas, la National Geographic Society se asoció con la NASA para documentar con imágenes satelitales la zona antes de que llevara a cabo un proyecto de hacer una represa en el río para generar energía eléctrica.
Esto condujo a que en 1988, la NASA publicara una imagen de satélite donde se aprecia claramente la forma de la frontera entre México y Guatemala debido a la deforestación que se había realizado en las regiones de Balancán y Tenosique en nuestro país por un proyecto impulsado por la Comisión Nacional de Desmontes para talar el trópico mexicano.
“Cuando la produje”, dijo en 2012 el arqueólogo Tom Sever, quien dirigió el proyecto, “pensé que todo el mundo sabía sobre esto. Fue sorprendente ver cómo para todos era una noticia, una noticia alarmante”.
›El equipo de Sever estaba tratando de recabar “tanta información arqueológica como pudiéramos antes de que las aguas de la inundación eliminaran a los indios mayas modernos y destruyeran los sitios antiguos”, agregó el pionero de la investigación arqueológica desde el espacio en una entrevista para la NASA.
La diferencia se debía, por un lado, a que la relativa estabilidad de México había llevado al desarrollo agrícola que “justificaba” la limpieza del bosque, mientras que la guerra civil en Guatemala había llevado a que los rebeldes vivieran en la selva del Petén y, como efecto secundario, limitaban el desarrollo y dejaban intacto el bosque.
“Fue un escándalo internacional que la frontera entre países fuera también la frontera de la deforestación” asegura el biólogo Exequiel Ezcurra. Muchas organizaciones, como la propia National Geographic y el World Wildlife Fund, abordaron el tema y le dieron difusión, “y se generó un gran descrédito para México en un momento en que el país estaba tratando de incorporarse a la economía internacional”.
Ezcurra es uno de los biólogos más relevantes de México, ha publicado más de 300 artículos de investigación, ha sido presidente científico de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y director por 11 años del instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California y actualmente es profesor investigador en el campus Riverside de esta misma universidad.
Recientemente participó en un foro convocado por el Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM para analizar qué implicaría, en caso de ocurrir como es la intención manifiesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
La importancia de este organismo, que es la versión corregida y aumentada de lo que fue hasta 2012 el Instituto Nacional de Ecología (INE), se puede apreciar mejor en su historia y antecedentes catastróficos.
Del Chernobyl mexicano a la preocupación ambiental
El 3 de mayo de 1991 explotó la planta de agroquímicos Anaversa en Córdoba, Veracruz. A pesar de que a causa directa de la explosión murieron sólo un par de personas, la explosión que tuvo secuelas tremendas pues se emitieron toneladas de sustancias tóxicas y carcinógenas al ambiente.
“Es como el Chernobyl mexicano” comentó Ezcurra, pues según la Comisión Nacional de Derechos Humanos hubo más de 10 mil casos de cáncer atribuibles a la explosión y se calcula que el daño económico fue de entre mil y dos mil millones de dólares, y eso sin tomar en cuenta contaminación de ríos y lagos.
Casi un año después, México tuvo una participación activa y relevante en la Cumbre de Río de Janeiro, o Cumbre de la Tierra, donde los países firmaron una Declaración cuyo principio 13 establece: “Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales”.
Casi cuando la delegación mexicana estaba bajándose del avión, el 22 de abril de 1992, ocurrieron las explosiones del drenaje de Guadalajara, por acumulación de gasolina por un derrame.
El saldo de las explosiones fue de 212 muertos, 69 desaparecidos, 1,800 lesionados, se destruyeron más de ocho kilómetros de calles, resultaron afectadas un 1,142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares y unos 600 vehículos. El costo oficial estimado del desastre de 10 millones de dólares parece muy reducido.
›En el mismo año, en medio de las negociaciones para aumentar las exportaciones mexicanas, un economista llamado Sergio Margulis, que formaba parte de una misión del Banco Mundial, hizo una investigación para estimar el impacto de la contaminación del aire.
“Hasta ese momento, por acción de Seduve (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología), el costo de las enfermedades respiratorias no era público”, explica Ezcurra; pero Margulis logró hacer su estimación para la Ciudad de México. Tan solo los costos relacionados con la polución de micro partículas alcanzaba 850 millones de dólares anuales, reportó el economista.
Las autoridades mexicanas estaban descubriendo que el deterioro ambiental tenía afectaciones muy severas para la economía nacional. El entonces nuevo secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio, preguntó a diversos expertos, entre los cuales estaba Ezcurra, qué se podía hacer. La respuesta fue que en casi todos los países que tenían un cierto nivel de cuidado del medio ambiente, la investigación científica y la evaluación de las políticas ambientales están en instituciones separadas de las que manejan la gestión, conceden los permisos.
La separación institucional
En el mismo año de 1992, a partir de la Seduve, se creó el Instituto Nacional de Ecología, que dirigió la bióloga Alicia Bárcena, como una forma de cumplir con la Cumbre de la Tierra y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las funciones de vigilancia y aplicación de la ley quedaron en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la gestión y normatividad quedaron en el INE. Ambas estaban en la Secretaría de Desarrollo Social.
En 1994, el entonces presidente Ernesto Zedillo fundó la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), que quedó a cargo de la bióloga Julia Carabias y a la que se integraron tanto la Profepa como el INE y las funciones de manejo de recursos naturales como agua, bosques y pesca.
El INE aplicaba los instrumentos que estaban en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 1987, y que se reformó en 1996, sobre factores cosas como calidad del aire, áreas naturales protegidas, residuos peligrosos, comentó en el mismo seminario la propia Carabias.
En el 2000, la secretaría perdió la parte de pesca, que se pasó al sector agrícola, y la gestión ambiental quedó en una subsecretaría de la Semarnat. El INE se encargó desde entonces de la sistematización y la generación de conocimiento, pero sobre todo de convocar y colaborar con las redes de investigadores mexicanos y de recopilar información nacional e internacional y traducirlo en políticas públicas.
El 6 de junio de 2012, con la promulgación la Ley General de Cambio Climático, se le agregó este término al ahora INECC, y quedó como un órgano descentralizado, lo que le dio mayor autonomía de gestión y de manejo de su presupuestó, y como el encargado de investigar, evaluar y proponer las políticas públicas sobre el cambio climático.
Por ejemplo, sobre el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el INECC señaló que había habido un avance “muy pobre”, incluso cuando las metas que se habían propuesto eran “muy modestas”, y de las cuales sólo se cumplió un tercio, comentó Adrián Fernández, experto en ciencias ambientales, y quien fuera presidente del INE del 2005 al 2011.
Para que la protección del ambiente funcione, “es indispensable que el jefe de estado tenga interés y un conocimiento mínimo para comprender que no son temas sectoriales, que competen a una u otra secretaría”, sino que son temas transversales que tocan todas las decisiones, comentó Fernández en el seminario.
“Es indispensable entender que el futuro del país y de la humanidad está en juego”, agregó.
El peor momento
“Las tragedias ambientales no han parado pero son menos frecuentes”, comentó Ezcurra, lo que significa que los esfuerzos por mejorar la investigación y basar las políticas públicas en ella y evaluarlas han disminuido la vulnerabilidad en el territorio mexicano.
Está por supuesto el caso de los ríos Bacanuchi y Sonora, que fueron contaminados por diversos metales pesados debido a fallas en las instalaciones de una mina de Grupo México. El costo estimado de esta tragedia es de 125 millones de dólares, pero el costo real de perder dos ríos debe andar por los miles de millones de dólares.
Ante estos números, el costo del INECC, cuyo presupuesto ha pasado de 310 millones de pesos en el 2017 a 100 millones de pesos en el 2021 (o de 15 millones de dólares a cinco), es mínimo.
Ezcurra calcula que el costo de la tragedia de Guadalajara pagaría el INECC durante 600 años y con la de Anaversa alcanzaría para 500 años. Con cifras más actuales, comentó que con los 12,500 millones de dólares que están presupuestados para la refinería de Dos Bocas, que equivale a un millón de dólares por cada hora, “el INECC nos cuesta cinco horas de esa construcción”.
La reducción del presupuesto del INECC no está sola, otras instituciones ambientales como Conabio y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) padecen de lo mismo y esto no comenzó con la actual administración.
Del 2015 a la fecha, el sector ambiental en su conjunto ha tenido una reducción de su presupuesto de más del 61%, y para algunas de las instituciones es hasta del 70%, como la Comisión Nacional Forestal o Conagua, comentó en el seminario el abogado ambiental Guillermo Javier Haro.
Pero concluyó que “debilitar las instituciones ambientales no es nuevo, lo que es nuevo es su demolición”.
Para los expertos, la desaparición del INECC o su integración a la Semarnat, que tendría que llevarse a cabo por una modificación constitucional, sería un despropósito que conduciría a que sus funciones se politizaran. Por lo pronto, el 11 de marzo pasado ya se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación que permite al presidente nombrar al titular del Instituto.
“Estamos pasando por el peor momento de la historia para las instituciones ambientales en México, de las últimas tres décadas” no sólo por la reducción de presupuesto sino porque las instituciones, “empezando por la Semarnat, han sido pobladas por personas que, de manera descriptiva y no valorativa, no tiene trayectoria, experiencias ni conocimiento”, alerta Adrián Fernández.
“No es consuelo que en muchas otras áreas del actual gobierno ocurre lo mismo”, concluyó.