El año 2023 ha dejado en México un sombrío relato en la historia de los migrantes, enfrentándose a una hostilidad sin precedentes marcada por la violencia, la inseguridad y la falta de acceso a servicios esenciales. Este capítulo desgarrador revela una urgencia crítica de abordar los desafíos humanitarios en torno a la migración, una realidad que afecta de manera devastadora al tejido social de nuestro país.
La organización no gubernamental (ONG), Save the Children pone sobre la mesa el trágico suceso en Ciudad Juárez, donde decenas de migrantes perdieron la vida en condiciones inhumanas en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en marzo de este año. “Este incidente representa un símbolo de la desesperación y vulnerabilidad que enfrentan aquellos que buscan una vida mejor”, denuncia la ONG.
En mayo, el fin de la política estadounidense conocida como Título 42 sacudió el escenario migratorio mexicano, pero en lugar de propiciar soluciones humanitarias, introdujo nuevas restricciones que impactan a migrantes irregulares. La incertidumbre y los desafíos se han vuelto moneda corriente para aquellos que buscan refugio en suelo mexicano.
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Después de la medida del Título 42, en las principales ciudades del país se ha observado un creciente número de migrantes que buscan la forma de sobrevivir, desempeñando trabajos, principalmente los que tienen que ver con fuerza, ya que su estatus migratorio no les permite desarrollar algo más especializado si es que están capacitados para ello.
La situación adquiere una dimensión aún más crítica cuando se observa el impacto directo en niñas, niños y adolescentes, un grupo vulnerable que enfrenta amenazas, violaciones a sus derechos fundamentales y consecuencias devastadoras para su salud mental y emocional. Más del 50% de las personas en movilidad en México han experimentado episodios de violencia, vinculados a actividades de grupos armados y actos de violencia de género.
La estrategia del programa de Migración de Save the Children se concentra en brindar atención integral a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en movilidad en México, priorizando su protección, supervivencia e integración. A pesar de los esfuerzos que han impactado la vida de cerca de 30 mil niños y adolescentes, la magnitud de los desafíos exige ajustes macro y estructurales, en pocas palabras, el Gobierno debe tomar su papel.
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