México obtiene fallo favorable en arbitraje internacional con Tele-Fácil
Un inversionista reclamó a México que disposiciones del IFT y resoluciones en juzgados y tribunales destruyeron su inversión en el país; la demanda fue tramitada en 2016
La Secretaría de Economía informó que el pasado 5 de junio un Tribunal para el Derecho Mercantil Internacional rechazó las reclamaciones por parte de inversionistas y la empresa Tele-Fácil en contra de México al considerar que decisiones emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y decisiones de juzgados y tribunales especializados “destruyeron su inversión en el país”.
Según lo explicó la dependencia federal a través de un comunicado, la demanda ante tribunales internacionales data del 27 de abril de 2016, cuando Joshua Dean Nelson, inversionista de la empresa Tele Fácil, S.A. de C.V. inició un arbitraje inversionista-Estado argumentando que su inversión se vio lastimada debido a fallos y determinaciones institucionales en México.
No obstante, el tribunal internacional establecido conforme al Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Reglamento de arbitraje de 1976 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional rechazó las reclamaciones.
El comunicado refiere que fue hasta este miércoles que el Centro de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, hizo público el laudo a favor de nuestro país, al determinarse que la Secretaría de Economía y el IFT demostraron las medidas reclamadas no constituyen una violación a sus derechos.
“El Laudo arbitral confirma que, aun cuando inversionistas extranjeros no compartan o estén de acuerdo con las determinaciones de autoridades especializadas en la materia o con las decisiones de tribunales locales, este tipo de hechos no equivalen a una violación de obligaciones internacionales por parte de México”.
El inversionista exigía a México un pago de 472 millones de pesos, sin embargo, dado el fallo a favor de México, la empresa deberá pagar al Gobierno de México un monto de 2 millones de pesos por concepto de gastos incurridos en el arbitraje. CJG