La violencia del crimen organizado que domina regiones del país y la corrupción enquistada en la clase política agudizan la insuficiencia para que los ciudadanos disfruten plenamente de sus libertades como el derecho y acceso a la libertad de prensa o la defensa y respeto de derechos humanos.
“El país sufre severos déficits de estado de derecho que limitan el pleno disfrute ciudadano de los derechos políticos y las libertades civiles”, advierte el último reporte Freedom in the World 2018 de la organización internacional Freedom House, centrado en los riesgos internacionales de las democracias del mundo.
El análisis aplicado a la vida democrática mexicana, considerada vigente desde la alternancia presidencial de 2000, concluyó que durante 2017, México fue una nación parcialmente libre, con un puntaje de 62 enteros de 100, considerado este como la situación de mayor libertad.
Por rubros, el país obtuvo tres de siete puntos en las escalas que miden el ranking de libertad general en México, así como para el ejercicio de derechos políticos y garantía de las libertades civiles.
Para Freedom House, el estatus actual de la libertad de prensa en México es nulo. No existe, de acuerdo con las condiciones analizadas por este organismo, y reafirma el primer lugar que el país ocupó en 2017 a nivel internacional con 12 periodistas asesinados, según mediciones del Comité para la Protección de Periodistas y Artículo 19.
Las limitaciones a los derechos civiles también afectan a la posibilidad que los mexicanos tienen para navegar y acceder a internet, rubro categorizado como parcialmente libre a nivel nacional.
El análisis de la situación nacional en 2017, si bien apunta al dominio que grupos criminales ejercen en el territorio nacional, destaca como actores a funcionarios como los responsables de limitar las libertades de los mexicanos.
Negro panorama
Destacaron como factores clave los casos de corrupción que apuntan a gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Javier Duarte, en Veracruz, César Duarte, en Chihuahua, y Roberto Borge, en Quintana Roo. Estos casos fueron vinculados con el origen partidario del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al que se la atribuyó el estancamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Vinculado con la administración Peña Nieto, el reporte refiere como factor clave la revelación de espionaje cometido presuntamente por agencias del gobierno federal contra de activistas y periodistas.
Los factores restantes corresponden a tasas de violencia y homicidios que reportaron cifras históricas en noviembre del año pasado, y que no dejaron de escalar en los primeros 11 meses de 2017. Asociado a este fenómeno, Freedom House destaca los asesinatos contra periodistas.
EL DATO. El polémico nombramiento del fiscal anticorrupción, el involucramiento del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el caso Odebrecht, fueron factores que debilitaron el ejercicio de libertades, según la organización.
Impunidad
La corrupción enquistada en las estructuras del gobierno, principalmente asociada al PRI, es un elemento que para Freedom House ha debilitado el desarrolo y la consolidación de las reformas estructurales con las que arrancó el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El organismo avizora la falta de interés de las clases políticas, tanto funcionarios como legisladores, por combatir los casos de corrupción y la impunidad, asociadas a la violencia rampante que mes con mes arroja récords históricos.
Otros casos como el cuestionamiento del exprocurador general de la República, Raúl Cervantes, quien presuntamente aspiraba a ocupar el cargo como fiscal anticorrupción a modo, y el involucramiento del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el escándalo internacional de sobornos perpetrados por la constructora Odebrecht, fueron también elementos que debilitaron el ejercicio de libertades en México durante 2017.
