El exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, afirmó que México vive hoy “un riesgo alarmante de retroceso en materia democrática, pero también en materia social”.
“La llegada al gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, se explica por dos motivos: el malestar instalado en la sociedad, por un lado, pero también por la construcción democrática que se había hecho en los años anteriores.
“¿Cuál es el problema, entonces? Que el gobierno actual no reconoce como algo válido lo construido en términos democráticos. Para el Presidente, la justicia está por encima de la ley, y la voluntad popular está por encima de la ley. No entiende que, en democracia, quienes ejercen el poder están regulados por las normas”, expuso.
Al participar en el seminario “Reflexiones sobre los síntomas políticos de la pandemia”, organizado por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, el también académico de la UNAM dijo que López Obrador “no sabe, no puede y no quiere coexistir con los otros poderes constitucionales en término de igualdad”.
Otro síntoma que, según Woldenberg, pone en riesgo al sistema democrático son las descalificaciones presidenciales.
“A las organizaciones de la sociedad civil las ha descalificado una y otra vez; a los órganos autónomos del Estado los quisiera alineados a la voluntad popular; a la prensa crítica la descalifica, pero no con argumentos, no entra jamás a la discusión, no entra a desmontar las evidencias que se ponen sobre la mesa, lo suyo es la descalificación adjetivada”.
A la pregunta de si la democracia puede contagiarse de Covid-19, Jacqueline Peschard, expresidenta del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción y exconsejera del IFE, dijo que México “tiene una conversación pública que se ha contagiado de un discurso presidencial, que está lleno de elementos tóxicos, que no ayudan a crear unas condiciones para la adecuada deliberación en unas elecciones”.
“Este esquema de conflicto, de contaminación de la conversación pública ha hecho que en México tengamos una contracción del espacio cívico, es decir, lo que logramos construir en los últimos 10 o 15 años del siglo XX y los primeros 20 de este siglo fue una pluralidad, una presencia de organizaciones de la sociedad civil en el espacio público; sin embargo, tras las elecciones de 2018, lo que tenemos es una enorme polarización”, expuso la investigadora.
Por su parte, Mauricio Merino, también exconsejero del IFE (hoy INE, Instituto Nacional Electoral), opinó que el principal instrumento de gobierno de López Obrador ha sido la comunicación y “la distorsión deliberada de los datos para presentar información que no se puede cotejar o que cuando se coteja no corresponde con la evidencia disponible y que, sin embargo, está cargada de intención política”.
Como ejemplos del manejo de datos que no se pueden cotejar con fuentes fiables, Merino se refirió al uso de los recursos públicos durante los primeros meses de la pandemia y la falta de certidumbre sobre la manera en que esos fondos fueron dirigidos para atender la emergencia.
“Más del 98% del gasto que se realizó durante los primeros meses de la emergencia fue a través de adjudicaciones directas y se hizo de manera diferenciada en los diferentes subsistemas de salud que operan en México; se aprecian compras diferenciadas de equipo médico, ventiladores, cubrebocas, con precios diversos, con empresas diferenciadas, lo que muestra una muy potente falta de coordinación”, expuso.
