México es uno de los lugares más peligrosos para los activistas y defensores del medio ambiente. Este fue uno de los señalamientos del informe anual de la organización no gubernamental Global Witness, que detalló que por tercer año consecutivo, nuestro país registró un aumento de los ataques letales a las personas que se dedican a proteger el medio ambiente.
“El país se ha convertido rápidamente en los últimos diez años en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, con 154 casos documentados durante este período. La mayoría de los asesinatos (131) tuvieron lugar sólo entre 2017 y 2021”, señala el reporte, toda vez que junto a Colombia y Brasil, México acapara más de la mitad de los ataques a activistas durante el año pasado.
Entre las principales víctimas también se encuentran los integrantes de los pueblos originarios, ya que sus asentamientos suelen ser objeto de proyectos de explotación de recursos a gran escala, los cuales son promovidos tanto por empresas nacionales como extranjeras, y respaldados por el gobierno mexicano.
Uno de estos casos fue el descubrimiento de seis conjuntos de restos humanos cerca del territorio yaqui en el sur de Sonora, y de los cuales se sospecha que pertenecen a 10 defensores del medio ambiente que habían desaparecido semanas atrás. Al respecto, las autoridades aceptaron la posibilidad de que el narcotráfico se encuentre detrás de los asesinatos, ya que anteriormente se había registrado un aumento en crímenes de este tipo.
Al alarmante aumento de asesinatos contra activistas e indígenas se suma la impunidad, ya que más del 94% de los crímenes no se denuncia, y las autoridades resuelven únicamente el 0.9% de los mismos.
Sin embargo, el crimen organizado se ha inmiscuido en otras actividades, como la minería, e impone sus condiciones y violencia contra la comunidad indígena con total impunidad y sin una respuesta adecuada del Estado mexicano.
Como recomendaciones, Global Witness señala que México debe cumplir con sus obligaciones de investigar, impartir justicia y reparar las violaciones a los derechos humanos contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. También debe establecer una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú que incluya la coordinación entre los poderes del Estado, la generación de políticas y el financiamiento adecuado para garantizar mecanismos de justicia ambiental, así como reconocer la situación de la comunidad nahua en la Sierra de Manantlán como un ataque sistemático contra esta población indígena, entre otras acciones.
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