México, el cuarto país con mayor impunidad en América

Sólo por debajo de Honduras, Paraguay y Guyana, México se ubicó entre los países de la región de América con el mayor índice de impunidad. A nivel global, de un análisis de 69 países, sólo nueve posiciones fueron la diferencia para que encabezara el ranking de naciones con mayores niveles de casos no resueltos.

La permanencia de México dentro del grupo de países con indicadores de una impunidad “muy alta”, de acuerdo con la tercera entrega del Índice Global de Impunidad (IGI) 2020 —que elabora la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)—, resulta una señal de alarma que deberá atender el gobierno actual en busca de contrarrestar los preocupantes indicadores de ilegalidad y corrupción, señala el documento.

El IGI-2020, presentado este miércoles 9 de agosto en conjunto con el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) y la UDLAP Jenkins Graduate School, reveló que la condición por la que atraviesa el país se deriva de un cúmulo de deficiencias en materia de seguridad e impartición de justicia, que a su vez se refleja en el déficit, en cantidad y preparación, de jueces y policías; el aumento de las estadísticas delictivas; así como la “precaria situación” en materia de derechos humanos que persiste, entre otras condiciones.

México reflejó altas puntuaciones en la dimensión estructural, tanto en el aspecto de justicia como el de seguridad, lo cuales repercuten directamente en los “muy altos niveles de impunidad”, que imponen a las autoridades y gobiernos, tanto federal como locales, a mejorar las capacidades y el funcionamiento de las instituciones en ambos ámbitos, señala el informe elaborado por investigadores del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de UDLAP.

›“Hoy confirmamos que nuestra recomendación de que el gobierno debe invertir en mejorar las capacidades y funcionamiento de las instituciones, en especial en la procuración e impartición de justicia, es crucial si se aspira a reducir sustantivamente la impunidad y corrupción presentes en nuestra nación”, reiteró Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, en la presentación del informe.

A diferencia del IGI 2017, cuando México encabezó la lista de los países de América con el mayor índice de impunidad, en esta edición es Honduras quien se encuentra a la cabeza en la medición de la región. Pero, los analistas sostuvieron que esta modificación no implica alguna mejora en el respeto a los derechos humanos, y el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia del caso mexicano, sino que la situación de otros países empeoró.

El índice apunta a que la variación, en cuanto a que en la edición de 2017, México ocupó el lugar 66 de 69, y en el IGI-2015 se colocó en la posición 58 de 59 países analizados, corresponde a los “cambios en la posición de otros países, más que de la implementación de acciones efectivas para fortalecer el Estado de derecho, garantizar el acceso a la justicia o proteger los derechos humanos”.

A nivel global, contando a partir del número 59 del total de 69 países, son 10 naciones las que registran una impunidad “muy alta”, y dentro de este grupo que encabeza Guatemala, con 49.66 puntos, se ubica México, que sumó 49.67 puntos. El resto de países dentro de las escalas más altas impunidad lo completa Kirguistán, Nepal, Guyana; así como Paraguay; Azerbaiyán ; Argelia; Marruecos; Honduras, finalmente Tailandia, en la posición 69, sumando 62.82 puntos.

No obstante la consideración que se hace en el estudio, de que la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador “heredó niveles delictivos muy altos, graves casos de corrupción y problemas estructurales en las instituciones de seguridad y justicia por parte del gobierno inmediato anterior”, pero que finalmente impactaron en daños estructurales en los sistemas de seguridad y justicia, y sobre los cuales, se “necesita tomar medidas urgentes para reducir los altos índices de impunidad y es vital la necesidad de incrementar el número de jueces”.

Al respecto de ese tema, la actualización de este año indica un alarmante déficit en la cantidad promedio de jueces por cada 100 mil habitantes, pues cuando el IGI-2020 indica que la media global se ubica en los 17.83 jueces por cada 100 mil habitantes, México tiene un promedio de 2.17; mientras que en el estatus actual del estado de fuerza policial en el país se ubica por debajo del estándar mínimo internacional, que es de 1.05 frente a 1.8 policías por cada 100 mil habitantes.

El dato. México reflejó altas puntuaciones en dimensión estructural, tanto en el aspecto de justicia como el de seguridad.

La cifra en cuanto al número promedio de juzgadores señala el informe, contrasta con la del país que refleja el menor índice de impunidad, que es Eslovenia, república europea que registró 42.77 jueces por cada 100 mil habitantes.

El incremento en los indicadores delictivos, así como la frágil situación de los derechos humanos, que el estudio califican de “precaria”, resultan también factores críticos, ante los cuales los analistas hacen el exhorto de que “se requiere dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia”, y que estos recursos se reflejen “en un aumento de sus capacidades humanas, infraestructura y profesionalización”, tanto para jueces como para elementos policiales.

“Mejorar las capacidades del sistema de justicia, incluyendo procuración e impartición de justicia, resulta clave para aspirar a reducir niveles de impunidad extremadamente altos. Un sistema de justicia deficiente implica, en primer lugar, acceso desigual a la justicia y permitir procesos de doble victimización, pero significa también la imposibilidad de enfrentar la inseguridad pública a través de las instituciones del sistema de justicia”, advierte uno de los aspectos diagnosticados en el caso mexicano con respecto a las carencias del actual sistema de impartición de justicia.

Aunque este nuevo documento no alcanzó a medir el impacto que ha tenido la pandemia a causa de Covid-19 sobre los índices de impunidad, sí advierte que dados los vínculos entre la impunidad y la desigualdad es primordial analizar cómo es que la emergencia sanitaria puede agudizar los indicadores de inseguridad y violencia. Y señala que en ese sentido también puede repercutir, “aún más”, en el limitar el acceso a la justicia y otros bienes públicos.