De acuerdo con información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la reducción en el presupuesto para el saneamiento y el alcantarillado pone en riesgo la salud pública, resultados que derivan de la falta de la actualización de la Ley Nacional del Agua y la falta de compromiso del Congreso de la Unión.
En el complejo tejido de desafíos que enfrenta México, uno que destaca en la última escena es la reducción del 13% en el presupuesto destinado al saneamiento y alcantarillado, anunciado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este recorte, lejos de pasar desapercibido, plantea preguntas cruciales sobre la prioridad que se le otorga a la gestión del agua en nuestro país.
La conferencia del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) arroja luz sobre la urgencia de abordar esta problemática, subrayando que la falta de inversión en infraestructura y saneamiento podría complicar aún más nuestra situación actual.
“En los últimos 60 años, parecería que estamos hablando de hace muchísimo (…) se ha reducido a la tercera parte la disponibilidad anual por habitante en el país. De 10 millones de litros promedio en 1960 a 3.2 millones de litros en 2020 y esto solo se va a seguir reduciendo si no tomamos medidas importantes”, señaló Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO.
Los datos son reveladores: con el aumento de las sequías y el 70% del agua que retorna a los ríos sin tratamiento y por consecuencia contamina a la que está limpia; asimismo, el recorte presupuestario de la Conagua añade un nuevo elemento a la ecuación, una escasez anunciada.
“Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar, pues principalmente, porque el agua tratada reduce la contaminación y reduce algunos riesgos de salud pública y desde luego para el medio ambiente”, indica Carrillo durante una conferencia sobre el Índice de Competitividad Urbana 2023.
Se plantea la pregunta sobre cómo prosperarán las ciudades y sus habitantes cuando los recursos esenciales experimentan recortes. Ya la Ciudad de México tiene en el radar que, de no llover, el Sistema Cutzamala presentará una reducción importante que impactará a la ciudad. Según las cifras, el Sistema debiera proporcionar 19 mil litros por segundo a la capital del país, pero lo está haciendo con 9.2 mil, y los expertos esperan que este volumen decaiga al mismo tiempo que las lluvias no nutren el caudal.
La obsolescencia de la infraestructura, con más de tres décadas de antigüedad en la mayoría de las ciudades, se presenta como un desafío adicional. Esto no solo genera pérdidas técnicas y no técnicas, sino que también destaca la necesidad de una actualización normativa, especialmente la Ley Nacional de Agua de 1991 que, según el IMCO, el Congreso de la Unión tuvo en la mesa a modificarlo, no obstante, lo han dejado como algo no prioritario para la legislación y se encuentra en deuda desde hace nueve años por no expedir una ley general de aguas, y se suma en un actor clave en este drama hídrico.
El recorte presupuestario de la Conagua, si bien es un llamado de atención, también resalta la importancia de medidas proactivas para evitar una crisis hídrica más profunda en el futuro, ya que la mayoría de las ciudades está actuando de manera reactiva a lo que sucede con la falta de agua y su tratamiento, así como con la infraestructura disponible para cambiarla.
Es momento de que el país enfrente la realidad del agua como un recurso finito y esencial. La Conagua y el Congreso tienen la responsabilidad de actuar con prontitud para mitigar los impactos de estos recortes y asegurar un futuro sostenible para todos.
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