La industria minera y energética en México, fuertes imanes de inversión extranjera en el sector industrial, se convirtieron en uno de los más riesgosos del mundo durante la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
La certeza para invertir en México está al mismo nivel de países como Venezuela y africano Tanzania, revela el estudio de la consultora británica Verisk Maplecroft, especializada en riesgos políticos, económicos, sociales y ambientales que afectan a empresas e inversores globales.
“La caída de México en el Índice de Nacionalismo de Recursos (RNI, por sus siglas en inglés) se puede explicar por las tendencias nacionalistas del presidente López Obrador, que han provocado retrocesos de reformas importantes, como la reforma energética de 2015 (sic), y han visto al (Poder) Ejecutivo violar activamente la independencia de los organismos reguladores en el sector energético”, informó la consultora que también tiene oficinas en la Ciudad de México.
Como ejemplo del intervencionismo gubernamental, el reporte elaborado por los especialistas Jimena Blanco y Mariano Pablo Machado, de Verisk Maplecroft, menciona que actualmente hay “una propuesta legislativa (en el Congreso, ahora estancada) para nacionalizar el litio. Eso indica que el intervencionismo de Andrés Manuel López Obrador, que casi es seguro que se expandirá más allá del petróleo y el gas en la segunda mitad de su mandato. Esto será menos que expropiaciones directas, sin indemnización, pero pueden ser intromisiones indebidas en agencias autónomas que supervisan el sector minero y cambios regulatorios motivados ideológicamente”.
Datos de la Secretaría de Economía muestran que esos dos sectores recibieron más de 3 mil 200 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2019, cifra que representó el 16.4% del total de recursos que llegaron al sector industrial mexicano.
México, reportó la consultora, sobresale por el mayor aumento en el riesgo de los 198 países evaluados por la RNI, derivado de la “agenda nacionalista de AMLO que maneja argumentos comunitarios y ambientales como justificación para una mayor participación estatal en el sector extractivo”.
