El gobierno de México aceptó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) su responsabilidad en el caso de tortura sexual contra 11 mujeres en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, negó el diseño de un plan de tortura y agresión contra los detenidos como narraron cinco de las once víctimas y aseguró que realizó todas las reparaciones por violaciones a derechos humanos. El embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y representante del Estado mexicano ante la Corte aseguró que es falso lo denunciado por las víctimas de que el gobierno de México no ofreció medidas de reparación contra las 11 mujeres agredidas. Incluso pidió a la Corte revisar las acciones de reparación para dar fe de ello y que no se ordenen nuevas reparaciones, incluyendo las garantías de no repetición, porque ya se realizaron. Sin embargo la defensa de las víctimas consideró falso que ello ocurriera pues hasta ahora, precisaron, “no se ofreció a las víctimas acceso a la justicia”. Aunque México aseguró que las investigaciones fueron diligentes, imparciales y efectivas porque se castigó a un mando por los hechos, la defensa cuestionó que a más de una década no hubiera un solo procesado a lo que la Corte le pidió aclarar si actualmente hay alguna sentencia firme contra los policías. El Estado mexicano reconoció que hay ninguna sentencia condenatoria.
En efecto no tenemos hasta este momento ninguna persona condenada (…) no podemos hablar de impunidad mientras los procesos penales sigan en curso”, dijo Alejandro Gómez, fiscal general de Justicia del Estado de México.
La representación de las víctimas señaló incluso que muchos de los detenidos fueron liberados por errores en el proceso judicial y no se ha investigado nunca la cadena de mando.
No se ha investigado integralmente lo ocurrido, ni se han deslindado responsabilidades de la cadena de mando policial y político”, citó la representante del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.
El Centro Pro agregó que otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los operativos permanecen impunes como las ejecuciones extrajudiciales de un joven y un niño. Ruiz Cabañas precisó que se cumplió con investigar los distintos grados de responsabilidad y pese a errores cometidos al inicio de las investigaciones, las diligencias implementadas después permitieron esclarecer los hechos e identificar a responsables. La Corte Interamericana pidió a México que explique mejor qué obstáculos probatorios y procesales se han enfrentado para brindar justicia, porque no se entiende que haya transcurrido más de una década sin sentencias. El juez Roberto F. Caldas, presidente de la Corte, pidió a las partes información adicional por escrito en los alegatos finales y señaló los plazos para hacerlo. Al México demandó aclarar cuáles son los hechos que el Estado reconoce en el caso Atenco, ya que no quedaron claros, así como sobre la individualización de las responsabilidades políticas. Finalmente, el juez Caldas señaló que para la Corte las respuestas estatales frente a las protestas sociales no pueden limitarse sólo a las acciones represivas y agradeció a las mujeres de Atenco por haber rendido su testimonio con valentía y dignidad.
“Reparación se cumplió, ellas no aceptaron”
Ruiz Cabañas explicó que en reuniones celebradas con representantes de las víctimas, fueron ellas quienes decidieron no aceptar las ofertas. “Hubo una oferta muy amplia para cumplir con todas las medidas de reparación”, señaló Ruiz Cabañas.
Anotó que se puso a disposición de las víctimas y sus familiares el acceso a un fondo especial de atención creado específicamente para el caso, el cual comprende medidas de rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica, y compensación económica, entre otros.
Las representantes de las víctimas consideraron falso que el gobierno ofreciera todas las medidas de reparación ya señalaron que hasta ahora no se ofreció a las víctimas acceso a la justicia, debido a que en la investigación, que consideraron poco seria, no se han tomado en cuenta todos los hechos desde 2006. “El Estado insiste en que reconoce los hechos, pero solo una parte y en palabras de Norma de ayer ‘la mitad de la verdad, no es la verdad’”, señalaron.
Explicaron que en cuanto a las medidas de no repetición, “el Estado no ha comprobado que sus leyes y protocolos hayan erradicado la tortura y el uso excesivo de la fuerza pública”.
Señalaron que la última declaración de alto perfil del entonces gobernador del Estado de México, que si bien reconoció que hubo abusos, señaló que los responsables ya habían sido sancionados, lo que no es verdad.
Por su parte en la audiencia, la jueza Odio consideró que “no hay voluntad política del patriarcado”, sobre las políticas dirigidas a erradicar la violencia contra la mujer.
Rechazan que existiera un diseño para torturar
La representación de México ante la Corte negó el diseño de un plan de tortura y agresión contra los detenidos como narraron cinco de las once víctimas.
El viernes 17 de noviembre, en la última sesión de la comparecencia del caso Selvas Gómez y otras contra México, la representación rechazó que existiera una orden de los mandos a cargo para abusar o torturar, aunque justificó la violencia utilizada por los policías la violencia utilizada por los policías contra los manifestantes como acciones individuales de algunos elementos.
