México prevé monopolizar la explotación de litio, indispensable para las baterías de autos eléctricos y el desarrollo de nuevas tecnologías, según un proyecto de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados también propone reservar al Estado una participación mayoritaria en el sector eléctrico, anunció López Obrador este viernes en su habitual rueda de prensa.
Si la enmienda es aprobada, la explotación de minerales “considerados estratégicos”, como el litio, no será concesionada, dijo el secretario de Gobernación, Adán López.
“Será el Estado el que intervendrá en la exploración y producción de estos minerales”, indicó.
López Obrador detalló que actualmente hay ocho concesiones otorgadas en el país para la exploración de litio que quedarán vigentes “siempre y cuando (las empresas) acrediten que han iniciado” ese proceso y que “están en los términos previstos para empezar la producción”.
El litio se extrae principalmente en Sudamérica y Australia, y China domina la cadena de suministro.
México tiene yacimientos de este mineral principalmente en el norteño estado de Sonora, donde operan narcotraficantes y otras bandas del crimen organizado.
A finales de diciembre, el Instituto Faraday, centro de investigación sobre baterías eléctricas del Reino Unido, habló de una nueva “fiebre del oro” para metales como el litio, el cobalto y el níquel.
Aunque México no se ha fijado una fecha para prohibir los nuevos vehículos de gasolina y diésel, en el país operan
ensambladoras de importantes marcas de autos como
Ford, General Motors, Kia, Audi y BMW.
No se busca “estatizar”
La reforma constitucional también asegura a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 54% del mercado del sector, frente a 46% de los privados.
El objetivo es llegar a una “auténtica competencia”, afirmó el mandatario, precisando que la iniciativa modifica tres artículos para que haya un control en los precios de los energéticos y de ese modo proteger la “economía popular”.
“Esto significa fortalecer a las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas”, añadió en referencia a sus predecesores, a quienes acusa de haber aplicado políticas neoliberales que profundizaron la corrupción y la desigualdad en México.
No obstante, aseguró que la reforma no busca “nacionalizar ni estatizar”, sino “darle su lugar” a la CFE.
La reforma también contempla la desaparición de organismos reguladores de energía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
A inicios de marzo pasado, el Congreso aprobó una ley eléctrica impulsada por López Obrador que daba prioridad a la CFE en la generación de energía, sin importar el costo ni la tecnología.
Sus detractores señalaban que se fortalecía a la compañía estatal a costa de producir energía más cara y contaminante.
La ley fue suspendida indefinidamente por un juez especializado en competencia económica, luego de que varias empresas presentaran amparos, por lo que López Obrador pidió al poder judicial investigar al magistrado.
El presidente ha criticado fuertemente la participación de la iniciativa privada en el sector energético, y en particular reformas que se aprobaron durante el gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2021-2018).
Con la nueva composición de la Cámara de Diputados, Morena, el partido oficialista, no tiene mayoría calificada, esto es, el número suficiente de legisladores para cambiar la Constitución por sí solo. Por ello, deberá negociar la reforma con otras fuerzas políticas.
