El gobierno de México llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) su demanda contra las armadoras de Estados Unidos (EU) por conocer el “tráfico ilícito masivo”.
A cuatro meses desde la petición de México a la Corte-IDH, el organismo internacional abrió este jueves un debate continental respecto al papel de las empresas fabricantes de armas y su impacto en la violación de derechos humanos en la región.
Es preciso recordar que en agosto de 2021 el gobierno de México decidió presentar una demanda contra las armadoras norteamericanas por presunta negligencia y por ser parte de la crisis de inseguridad y la violencia en territorio mexicano.
Por esta razón, el año pasado presentó ante la Corte-IDH una solicitud de “Opinión Consultiva”, sobre las actividades de las empresas privadas de armas y su impacto en los derechos humanos.
La solicitud la presentó Roselia Barajas, embajadora de México en Costa Rica, sede de la Corte-IDH, quien argumentó que las armadoras actuaron con “prácticas negligentes y/o intencionadas”.
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Agregó que las fabricantes de armas “facilitan su tráfico ilícito, su disponibilidad indiscriminada entre la sociedad y en consecuencia aumentan el riesgo de violencia perpetrada con las mismas en la región”.
Entre los señalamientos de México ante la Corte-IDH se encuentran:
- Actividades de comercialización de las armadoras sin el debido cuidado
- Posible responsabilidad por el incremento de la violencia
- Las posibles obligaciones del Estado para prevenir el derecho a la vida e integridad personal
- Regulación más estricta sobre la comercialización de armas de fuego
- ¿Pueden los Estados ser responsables de no prevenir, investigar y/o sancionar a las productoras de armas
En adelante, el presidente de la Corte-IDH, Ricardo Pérez, estableció como fecha límite el próximo 10 de julio de 2023 para que todos los interesados entreguen por escrito sus observaciones y opinión respecto a la solicitud de México. (Con información de El Universal) EJ
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