En una medida encaminada a impulsar el desarrollo socioeconómico y turístico de la región, el gobierno de la República ha decretado la expropiación de más de 168 hectáreas de terreno para la construcción del tan esperado Tren Maya.
Esta acción se lleva a cabo bajo la figura de “utilidad pública” y afecta principalmente a los estados de Quintana Roo y Campeche.
Seis decretos han sido publicados en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de este lunes, detallando las áreas específicas que serán expropiadas.
El municipio más afectado por esta medida es Bacalar, donde se expropiarán cuatro superficies con extensiones de 36.39, 56.8, 53.99 y 2.65 hectáreas, respectivamente.
Estas expropiaciones se realizarán a favor de la empresa Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., con el objetivo de llevar a cabo la construcción de obras de infraestructura ferroviaria y la operación del Proyecto Tren Maya, así como sus obras complementarias.
El quinto decreto expropiatorio involucra una superficie de 28 áreas en el municipio quintanarroense de Othón P. Blanco.
Por otro lado, el sexto y último decreto afecta una superficie de 261 mil 884 metros cuadrados en los municipios de Solidaridad y Bacalar, en Quintana Roo, y Escárcega, en el estado de Campeche.
Este último decreto detalla que se expropiarán 12 inmuebles de propiedad privada para la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.
Los seis decretos enfatizan que el Tren Maya es el proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo más importante del presente sexenio.
Desarrollo integral
Con un recorrido estimado de mil 525 kilómetros, abarcará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, interconectando las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán.
Con esta decisión, el gobierno busca promover el crecimiento económico, la generación de empleo; y el impulso del turismo en la región, aprovechando el potencial turístico y cultural de la Península de Yucatán.
La construcción del Tren Maya representa una oportunidad para el desarrollo integral de la zona, así como una mejora en la conectividad y accesibilidad para los habitantes y visitantes de la región.
Es importante destacar que la expropiación de los terrenos se realiza bajo la figura legal de “utilidad pública”.
Es decir, implica que se considera que el proyecto del Tren Maya es de interés y beneficio general para la sociedad.
Se espera que esta iniciativa impulse el turismo sostenible, la conservación del patrimonio cultural y natural, y contribuya al crecimiento equitativo y sostenible de la región en los próximos años. DJ
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