Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del juez que concedió una suspensión provisional de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica volvieron a ser cuestionadas. En esta ocasión fue la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro la que alzó la voz.
Los diputados emecistas exhortaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a actuar ante esta situación. Los legisladores pidieron que aperciba, amoneste y multe al mandatario tabasqueño y a Rocío Nahle, secretaria de Economía.
Adriana Gabriela Medina fue la encargada de inscribir el punto de acuerdo, en el cual se sugiere una multa de 25 mil 506 pesos para ambos funcionarios, cifra que equivale a los 180 días de salario mínimo que contempla el CJF como multa máxima para quienes falten el respeto a algún órgano o miembro del Poder Judicial de la Federación.
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En este sentido va el argumento de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, el cual refiere que se faltó el respeto y se desacreditó el trabajo del juez Juan Pablo Gómez Fierro, al “haber insinuado deshonestidad en el juzgador”.
Fue el lunes pasado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional que López Obrador declaró que pediría se investigara al juez Gómez Fierro, para comprobar que su labor no estaba influenciada por intereses externos.
Este juzgador fue el que concedió la suspensión temporal en contra de la denominada “reforma eléctrica” del presidente, quien envió con carácter de preferente su iniciativa a la Cámara de Diputados para su discusión y votación; el dictamen pasó al Senado, n donde también fue aprobado sin un solo cambio. GA
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