Balbina Flores Martínez*
Con el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, colaboradora del periódico Norte de Juárez, y fundadora de la agencia informativa MIR, ocurrido el 23 marzo en Chihuahua, suman tres periodistas asesinados en este mes. Antes, ocurrieron los crímenes de Cecilio Pineda Birto, el 2 de marzo, y Ricardo Mounlui Cabrera en Yanga, Veracruz, el 19 de marzo; además del atentado, el martes pasado, contra el periodista independiente Julio Omar Gómez en Los Cabos, Baja California Sur, del que salió ileso con su familia, pero su escolta asignado por el Mecanismo de Protección de Gobernación fue asesinado al repeler el ataque.
Los tres asesinatos nos alertan sobre el repunte de la violencia contra la prensa en México que se remonta a 2012 cuando asesinaron en un mes a seis periodistas en Veracruz. No lo olvidemos. La pregunta es ¿qué está pasando? ¿Por qué esta violencia contra la prensa no se detiene? Estos tres casos se suman a la lista de periodistas asesinados en el país: 114 y 23 desaparecidos, según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En lo que va del sexenio han asesinado a 33 periodistas hasta la fecha. De acuerdo al registro y seguimiento de los casos por Reporteros sin Fronteras, Chihuahua ocupa el primer lugar, junto con Veracruz y Tamaulipas, seguido de Oaxaca y Guerrero de 2000 a 2017. En estas entidades la inseguridad, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y el narcotráfico se instalaron hace más de un lustro; el horror de las desapariciones es historia desde hace años y la impunidad ha ganado terreno frente a la mirada inpávida de la autoridad. 
El primer indicador de que algo no anda bien en la salud de un país es el asesinato de sus periodistas y defensores de derechos humanos; en México, el estado de salud de la prensa es grave. Los periodistas y defensores de derechos humanos son los más atacados y esto tiene una explicación: ambos actores son incomodos y le estorban no sólo a las autoridades que se sienten observadas, sino a los poderes fácticos que actúan a la sombra del poder.
Muertes que no debieron ocurrir
Horas después del asesinato de Miroslava Breach, el periódico Norte de Juárez difundió un posicionamiento público dirigido a la Procuraduría General de la República (PGR), al gobierno estatal: “Hoy elevamos un reclamo de justicia para una muerte que no debió ocurrir, por una familia que ha quedado en la orfandad, por un gremio lastimado, sobajado por la violencia criminal e institucional”. Coincido con el diario Norte de Juárez.
Estos tres casos no debieron ocurrir, si la impunidad en este país dejara de existir y las medidas de protección para los periodistas fueran eficaces. Es necesario un fuerte y sólido mecanismo de protección para periodistas y defensores, una Fiscalía de Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, capaz de concluir investigaciones con consignaciones sólidas, en lugar de ocuparse en deshacerse de ellas como ha sido su política hasta hoy.
El mensaje que dejaron los victimarios de Miroslva en el lugar del crimen fue contundente y no deja duda: fue asesinada por su labor periodística y así lo consideró desde el primer momento Reporteros sin Fronteras. Sus revelaciones vinculadas con grupos de narcotraficantes, asuntos de corrupción en el ámbito municipal y estatal durante el gobierno de César Duarte y la complicidad entre políticos y narcotraficantes son las líneas establecidas por autoridades federales y locales, consignó La Jornada en sus páginas, el pasado 25 de marzo.
Otro caso donde se ve claramente la mano del crimen organizado es el homicidio de Cecilio Pineda Birto, asesinado en el municipio de Pungarabato, Guerrero, periodista independiente que hasta 2016 colaboraba con La Jornada Guerrero y El Despertar de El Sur, pero decidió dejar esas corresponsalías e informar a través de Facebook y con trasmisiones en vivo en su portal Las Noticias al Instante. Dos horas antes de su muerte, Cecilio trasmitió en vivo críticas hacia un líder del narcotráfico conocido como El Tequilero, además denunció la colusión entre autoridades de seguridad local y el crímen organizado.
›Después de 18 días del asesinato de Cecilio, Ricardo Arturo Monlui, director del periódico El Político, fue asesinado frente a su familia en Yanga, Veracruz; días antes publicó en su diario la muerte de un presunto periodista al que le habían dejado dos mensajes: “esto me pasó por andar con mugrosos ‘Z’”, aunque el otro no fue revelado.
En los tres casos ocurridos en marzo, tanto las autoridades locales como federales tienen la obligación de agotar las línea de investigación con relación al trabajo periodístico, detener y procesar a los responsables, si no quieren seguir engrosando la lista de periodistas asesinados en México y dar paso a la impunidad como ha ocurrido en más de un lustro los homicidios de periodista en este país.
Los hechos y los móviles que se dejan ver desde el primer momento en los tres casos tienen patrones comunes y un objetivo único: acallar a periodistas y sembrar el miedo en sus compañeros, frente a la mirada de las autoridades que parecen verse desbordadas por estos crímenes y por quienes los cometen a plena luz del día, confrontando de forma directa al Estado y a la sociedad.
TINTA ROJA. En este sexenio se han reportado los asesinatos de 33 periodistas en territorio nacional.
En Chihuahua y Veracruz la violencia es imparable y hay “alertas tempranas” impulsadas por el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. En Veracruz empezó a operar hace más de un año; y en Chihuahua, aunque fue aprobada, no se ha echado a andar porque es “rehén” de los pleitos presupuestales y pugnas políticas.
En menos de dos semanas fueron asesinados dos escoltas asignados por la Secretaría de Gobernación para la protección de sus peticionarios, en el ejercicio de su trabajo: uno en Los Cabos, quien protegía al periodista Julio Omar Gómez, y otro a la defensora de derechos humanos Alma Angélica Barraza, en Sinaloa.
El presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, deberían convocar a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y su gabinete de seguridad para responder a la sociedad sobre la estrategia para resguardar a defensores y periodistas frente a la oleada de violencia que “no está en la mente de quienes lo dicen”, sino que está en las calles y en todos los rincones de este país. Las muertes de Miroslava, de Cecilio y Ricardo así lo exigen.
