Con mayoría de 451 votos a favor, cero en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de Marina (Semar) quede a cargo de “formular, conducir, evaluar y actualizar la política nacional marítima”. Aquí te explicamos de qué se trata.
De acuerdo con el dictamen, que fue enviado al Senado, la Marina será la responsable, en coordinación con las dependencias federales involucradas en el sector marítimo, de formular y conducir el conjunto de acciones, decisiones y estrategias que el país requiere para “promover, proteger y desarrollar sus intereses marítimos nacionales”.
Blindaje marítimo
“Es una oportunidad estratégica que articula e impulsa los esfuerzos de la federación, las entidades, los municipios y la sociedad en general”, señaló el diputado Jaime Martínez López, presidente de la Comisión de Marina y autor de la iniciativa.
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Con dicha Política Nacional Marítima se busca consolidar los intereses marítimos nacionales “necesarios y prioritarios” para el desarrollo marítimo nacional, explicó el miércoles en tribuna el legislador morenista.
Estos intereses marítimos nacionales consisten en: seguridad marítima, sistema portuario nacional, protección marítima y portuaria, industria naval, cultura marítima, recursos marinos, comercio marino y mercante, medio ambiente y turismo náutico.
¿En qué beneficia?
Según el dictamen, los principales beneficios de la aplicación de esta Política Nacional Marítima a cargo de la Semar consisten en que:
- Garantiza la aplicación de estrategias de corto, mediano y largo plazo en los campos de la seguridad y protección marítima, con la finalidad de propiciar el desarrollo a través del fortalecimiento del poder marítimo nacional.
- Impulsa un desarrollo sostenible y orientado al crecimiento, fortaleciendo el mercado interno y aumentando el empleo, lo que a su vez contribuirá a la autosuficiencia económica y social del país.
- Promueve el desarrollo en el ámbito marítimo y mejorara la competitividad de sus puertos, promoviendo el comercio internacional y fomentando la inversión en infraestructuras portuarias y de transporte marítimo.
“Una política marítima bien estructurada permite una gestión adecuada de estos recursos, fomentando su explotación sostenible y asegurando que los beneficios obtenidos se distribuyan de manera equitativa y en beneficio del país y sus habitantes”, sostuvo Martínez López.
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