Sicarios de los Arellano Félix, los autores
Unos días de diferencia y muchas similitudes unen a estos dos crímenes ocurridos en Baja California, a los que atribuyen no sólo la intención de acallar a los comunicadores sino también intención de desestabilizar; se espera el jueves un informe oficial
Desprotegidos por autoridades estatales y federales, los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado trataban de seguir sus vidas con normalidad pese a la amenaza que pendía sobre ellos, pero no lo consiguieron, según líneas de investigación, no los asesinaron delincuentes comunes, sino sicarios ligados al Cártel Arellano Félix (CAF).
Ambos alertaron públicamente que estaban en riesgo, lo que incluyó su actividad profesional, pero fue sólo hasta que criminales organizados los mataron, que sus casos recibieron “atención prioritaria” de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ALIANZA DE MEDIOS MX ofrece un panorama de estos crímenes que autoridades se han comprometido a esclarecer a través de la creación, por primera vez en los tres años de gobierno de López Obrador, de un grupo de alto perfil para dar con los autores intelectuales y materiales.
Aquí en Tijuana, los reporteros están en una delgada línea en la que lo mismo pueden ser agredidos por el poder político, que por la delincuencia que los ha infiltrado con “halcones”, particularmente en coberturas de hechos delictivos.
En el caso de la autoría intelectual del homicidio de la periodista, el exgobernador Jaime Bonilla, forma parte de una de las líneas de investigación, tanto de la fiscalía estatal, como del grupo de inteligencia federal, debido al litigio laboral entre su empresa y la comunicadora. Pero el exmandatario local asegura “tener la mente y conciencia tranquilas”, y que durante sus dos años de gobierno a Lourdes Maldonado le brindó protección personal las 24 horas, algo que no sucedió en esta administración de Marina del Pilar, destaca.
En entrevista, Bonilla plantea que desde su perspectiva la reportera “buscaba los reflectores” y fue utilizada como parte de una estrategia para golpearlo políticamente. Lamenta su fallecimiento, sostiene, pero lo califica de “daño colateral” de esta campaña que inició, según él, antes de que fuera gobernador y de la cual acusa a “poderes fácticos” de Baja California, entre quienes desliza al empresario y exalcalde tijuanense, Jorge Hank Rhon.
Detalles de dos crímenes
Un día antes de ser acribillado, Margarito Martínez sonreía porque ganó la apuesta a su compadre en partido de la NFL. El lunes 17 de enero, después de mediodía, su esposa le escuchó decir: “voy a un 5 bravo” (cobertura de persona baleada), salió de su casa y se escucharon tres detonaciones.
Lourdes, por su parte, preparaba una investigación por probables actos de corrupción del anterior gobierno estatal; así como la estrategia a seguir tras la victoria en el juicio laboral de nueve años contra el exgobernador Bonilla, cuya empresa Media Sports de México (PSN) debía pagarle un millón 296 mil 362 pesos.
Cuentan personas cercanas a Margarito que el trámite burocrático lo desanimó a inscribirse de inmediato en alguno de los mecanismos de protección a periodistas, luego de que fue colocado en la mira criminal por la acusación del “facebookero” Ángel Peña, quien lo responsabilizó de manejar las páginas “Tijuana en Guerra” y “Quemando Malandros”, cuyo contenido revela en redes sociales imágenes y actividades de narcotraficantes y delincuentes, exponiéndolos públicamente.
Lourdes no tenía escolta personal ni vigilancia policiaca permanente por parte del gobierno estatal, sólo contaba con “botón de pánico” en su casa y de manera intermitente era visitada por la policía. Desde 2021 estaba en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de Baja California, pero resultó inútil porque el 23 de enero un matón le disparó un tiro a bocajarro y recogió el casquillo para evitar que el arma fuera rastreada como sucedió con Margarito.
En
las dos
investigaciones, las líneas también incluyen problemas personales: Margarito por un conflicto con vecinos de una familia de galleros sinaloenses a los que acusaba de despojarlo de parte de su terreno. Lourdes por una disputa sobre la posesión de su casa.
Acallar, la intención
El homicidio de los dos comunicadores, más allá del móvil, trastocó la libertad de expresión y reveló la ineficacia de los mecanismos de protección a periodistas no sólo en Tijuana, sino en el país.
Adela Navarro, directora de Semanario Zeta, acostumbrada a revelar información sensible sobre narcotráfico, corrupción y redes de poder, afirma que los dos asesinatos son un ataque directo contra el ejercicio periodístico.
A diferencia de otros homicidios en el gremio, la respuesta gubernamental por Martínez y Maldonado, perpetrados con seis días de diferencia, afuera de sus domicilios y con disparos en la cabeza, llevaron a la creación “fast track” de un grupo especial “interinstitucional” supuestamente para no dejarlos impunes.
Funcionarios revelaron que el procesamiento de datos “sensibles” está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Guardia Nacional, militares y marinos, ante la desconfianza de “fuga de información” en las corporaciones del estado.
Por la muerte de Maldonado han sido detenidos tres sujetos que, de acuerdo con los avances de la investigación, pertenecen al CAF. Con la indagatoria en curso y la presión encima, el fiscal estatal Ricardo Iván Carpio, apresuró a decir el 9 de febrero que el crimen no está relacionado con su actividad profesional, aunque tampoco definió el móvil.
La periodista Adela Navarro no duda: “Los homicidios de Margarito y Lourdes son ataques deliberados para la prensa, los dos eran figuras muy públicas, los dos con similar modo en el crimen y sí se considera un ataque a la libertad de expresión”.
Los autores intelectuales y materiales, considera, aprovecharon el asesinato de Margarito para matar a Lourdes.
“Cuando asesinan a Margarito investigamos que el arma con que lo ultimaron había sido utilizada en cinco homicidios de 2020 por parte de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es una célula que ahora está en el Cártel Arellano Félix, entonces salió de éste el asesino o los asesinos de Margarito. Cuando asesinan a Lourdes Maldonado para evitar esto se llevan el casquillo, o sea hay una planeación”.
Del exgobernador, manifiesta: “Creo que ese clima o contexto enrarece toda esta situación de inseguridad contra los periodistas cuando ya estás hablando que uno de los sospechosos es un político del partido del gobierno de mucha cercanía con el presidente de la República y exgobernador de Baja California (…) Bonilla no es una víctima, es sospechoso”.
En su opinión, no hay margen para que la fiscalía estatal ni el gobierno federal determinen que los homicidios de Margarito y Lourdes fueron por su entorno personal. “Definitivamente fue por su posición de periodistas”, apuntala.
Crímenes y poder
Tijuana tiene la realidad de otras ciudades fronterizas: paso de droga, criminales, dinero, personas, asentamiento del crimen organizado y sufre las pugnas de éste. Los periodistas están en riesgo, particularmente en la cobertura de hechos de violencia. Ahora enfrentan un fenómeno creciente en las colonias más peligrosas como Zona Norte, Sánchez Taboada, La Morita, La Obrera, El Florido y Capistrano.
“Halcones” se mezclan cada vez más con teléfono celular, iPhone, y aparentan ser parte de la prensa para grabar imágenes de criminales involucrados en diversos sucesos, ya sea para informar a sus jefes, exhibir o cazar a sus enemigos; incluso toman fotos y videos de reporteros.
El periodista Ricardo Martínez trabajaba en la estación de Telemundo Tijuana cuando conoció a Margarito en la cobertura nocturna de nota policiaca. “Era mi contacto obligado, él traía las frecuencias de emergencia y policiaca, nos tocó lo que suponíamos fue la etapa más dura 2008, 2009, 2010. Aquí sabes que hay mucho riesgo en ciertas coberturas y con dos colegas asesinados todavía aumenta”, detalla.
Para Eduardo Rubio, corresponsal de La Silla Rota en Tijuana, cuando hay agresión u homicidio contra un periodista el bien mayor a tutelar es el derecho a la información que tiene la gente, por eso la autoridad debe dejar claro por qué y quiénes ordenaron matar a dos periodistas.
“La amenaza siempre está ahí para el gremio, tanto del crimen organizado como la gubernamental, pero no estamos como en otros lugares, Guerrero, Michoacán, donde los criminales se meten hasta las redacciones”, explica.
Alejandro Arturo Villa, periodista de Zeta, señala que el tema de los dos reporteros asesinados no sólo es condenable, sino que merece que el gremio no ceda en la exigencia de justicia. La violencia hacia los comunicadores en México, añade, no sólo proviene de la delincuencia, servidores públicos y políticos, sino desde Palacio Nacional.
“Es constante la agresión hacia la libertad de expresión desde Palacio Nacional, que todos los días, desde la máxima tribuna, el presidente ataque a la prensa genera un lenguaje de odio que la gente que lo sigue lo replica sin razonar, podemos ver que Ángel Peña se refería a Margarito como eres un chayotero, vendido, tienes intereses al gobierno, es el mismo discurso que hace el mandatario contra la prensa”.
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