La suma de una serie de deficiencias en materia de seguridad e impartición de justicia, que se refleja en la carencia de jueces, y policías; el aumento de delitos, y la precaria situación en materia de derechos humanos, entre otros, implican que México ocupe el lugar 60 de 69 países analizados en el Índice Global de Impunidad (IGI) 2020.
De acuerdo con el informe elaborado por investigadores del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), nuestro país reflejó altas puntuaciones en la dimensión estructural, tanto en el aspecto de justicia como el de seguridad, lo cuales repercuten directamente en “los muy altos niveles de impunidad”, que lo orilla a mejorar las capacidades y el funcionamiento de las instituciones en ambos ámbitos.
A diferencia del IGI 2017, cuando México encabezó la lista de los países de América con el mayor índice de impunidad, en esta edición es Honduras quien se encuentra a la cabeza en la medición de la región. Y sin que esto advierta una mejora en el respeto a los derechos humanos, y el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, las naciones de la región con peores índices que el caso mexicano son: Guatemala, Perú, Ecuador; ubicándose sólo por debajo de Guyana, apenas incorporado al análisis, Paraguay Y Honduras.
En la escala global, contando a partir del número 59, los países registrados con una impunidad “muy alta” fueron: Guatemala, con 49.66 puntos; seguido de México, que sumó 49.67 puntos; Kirguistán (51.80 puntos); Nepal (51.94 puntos); Guyana (52.07 puntos). Así como Paraguay (53.15 puntos); Azerbaiyán (54.56 puntos); Argelia (57.63 puntos); Marruecos (58.04 puntos); Honduras (59.69 puntos); finalmente Tailandia, en la posición 69, sumando 62.82 puntos.
“Hoy confirmamos que nuestra recomendación de que el gobierno debe invertir en mejorar las capacidades y funcionamiento de las instituciones, en especial en la procuración e impartición de justicia, es crucial si se aspira a reducir sustantivamente la impunidad y corrupción presentes en nuestra nación”, reiteró Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, en la presentación del informe.
De acuerdo con la medición, presentada en conjunto con el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) y la UDLAP Jenkins Graduate School, si bien el IGI 2020 ya no alcanzó a medir el impacto que ha tenido la pandemia de Covid-19 sobre la impunidad. Se advierte que dados los vínculos entre la impunidad y la desigualdad, resulta primordial analizar cómo es que la emergencia sanitaria puede agudizar los indicadores de inseguridad y violencia. Y en ese panorama también puede repercutir, “aún más”, en el limitar el acceso a la justicia y otros bienes públicos.
Considerando que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador heredó niveles delictivos muy altos, graves casos de corrupción y problemas estructurales en las instituciones de seguridad y justicia por parte del gobierno inmediato anterior, entre las áreas de oportunidad detectadas en el índice se menciona:
Que el país, en esta actualización, refleja un alarmante déficit en la cantidad promedio de jueces por cada 100 mil habitantes, pues cuando el IGI 2020 indica que la media global se ubicó en 17.83 jueces por cada 100 mil habitantes, México tiene un promedio de 2.17; mientras que en el estatus actual del estado de fuerza policial en el país se ubica por debajo del estándar mínimo internacional, que es de 1.05 frente a 1.8 policías por cada 100 mil habitantes.
El aumento de las estadísticas delictivas, así como la frágil situación de los derechos humanos significan factores críticos, ante los cuales, “se requiere dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia”, y que estos recursos reflejen
La suma de una serie de deficiencias en materia de seguridad e impartición de justicia, que se refleja en la carencia de jueces, y policías; el aumento de delitos, y la precaria situación en materia de derechos humanos, entre otros, implican que México ocupe el lugar 60 de 69 países analizados en el Índice Global de Impunidad (IGI) 2020.
De acuerdo con el informe elaborado por investigadores del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), nuestro país reflejó altas puntuaciones en la dimensión estructural, tanto en el aspecto de justicia como el de seguridad, lo cuales repercuten directamente en “los muy altos niveles de impunidad”, que lo orilla a mejorar las capacidades y el funcionamiento de las instituciones en ambos ámbitos.
A diferencia del IGI 2017, cuando México encabezó la lista de los países de América con el mayor índice de impunidad, en esta edición es Honduras quien se encuentra a la cabeza en la medición de la región. Y sin que esto advierta una mejora en el respeto a los derechos humanos, y el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, las naciones de la región con peores índices que el caso mexicano son: Guatemala, Perú, Ecuador; ubicándose sólo por debajo de Guyana, apenas incorporado al análisis, Paraguay Y Honduras.
En la escala global, contando a partir del número 59, los países registrados con una impunidad “muy alta” fueron: Guatemala, con 49.66 puntos; seguido de México, que sumó 49.67 puntos; Kirguistán (51.80 puntos); Nepal (51.94 puntos); Guyana (52.07 puntos). Así como Paraguay (53.15 puntos); Azerbaiyán (54.56 puntos); Argelia (57.63 puntos); Marruecos con 58.04 puntos); Honduras (59.69 puntos); finalmente Tailandia, en la posición 69, sumando 62.82 puntos.
“Hoy confirmamos que nuestra recomendación de que el gobierno debe invertir en mejorar las capacidades y funcionamiento de las instituciones, en especial en la procuración e impartición de justicia, es crucial si se aspira a reducir sustantivamente la impunidad y corrupción presentes en nuestra nación”, reiteró Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, en la presentación del informe.
De acuerdo con la medición, presentada en conjunto con el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) y la UDLAP Jenkins Graduate School, si bien el IGI 2020 ya no alcanzó a medir el impacto que ha tenido la pandemia de covid-19 sobre la impunidad. Se advierte que dados los vínculos entre la impunidad y la desigualdad, resulta primordial analizar cómo es que la emergencia sanitaria puede agudizar los indicadores de inseguridad y violencia. Y en ese panorama también puede repercutir, “aún más”, en el limitar el acceso a la justicia y otros bienes públicos.
Considerando que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador heredó niveles delictivos muy altos, graves casos de corrupción y problemas estructurales en las instituciones de seguridad y justicia por parte del gobierno inmediato anterior, entre las áreas de oportunidad detectadas en el índice se menciona:
Que el país, en esta actualización, refleja un alarmante déficit en la cantidad promedio de jueces por cada 100 mil habitantes, pues cuando el IGI 2020 indica que la media global se ubicó en 17.83 jueces por cada 100 mil habitantes, México tiene un promedio de 2.17; mientras que en el estatus actual del estado de fuerza policial en el país se ubica por debajo del estándar mínimo internacional, que es de 1.05 frente a 1.8 policías por cada 100 mil habitantes.
El aumento de las estadísticas delictivas, así como la frágil situación de los derechos humanos significan factores críticos, ante los cuales, “se requiere dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia”, y que estos recursos reflejen “en un aumento de sus capacidades humanas, infraestructura y profesionalización”.
