Con el nombre de Distorsión: el discurso contra la realidad, la organización ARTICLE 19 pone en evidencia que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, persiste la desinformación desde quien encabeza el poder, existe un intento de control y censura de Internet y la violencia y estigmatización en contra de la prensa se mantiene, así como la violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder.
El informe menciona que las conferencias matutinas del presidente se han “[...] alejado de ser un verdadero espacio informativo, de transparencia y rendición de cuentas, para convertirse en uno donde se concentra y posiciona la agenda del Ejecutivo a cualquier costo, incluso sacrificando la verdad sobre el desempeño gubernamental”.
Así los “otros datos” que el presidente presume poseer (sobre todo en cuestión de derechos humanos), pareciera que no existen en los acervos oficiales, pues al recurrir a la Ley de Transparencia para solicitar a Oficina de Presidencia de la República y la Coordinación General de Comunicación Social para solicitar el sustento de la información, las respuestas de “incompetencia” pasaron de 0 en 2019 a 329 en el 2020.
Del estudio de las “mañaneras” celebradas el año pasado, ARTICLE 19 consideró que en estas comparecencias “[...] se persigue que en la arena pública la única voz que se escuche sea la del primer mandatario, y la información que contrasta y desestima sus dichos es negada mediante artilugios legales”.
De prensa, amenazas y libertad de expresión
Paralelamente a la imposición de la agenda presidencial, de enero a diciembre se registraron 692 agresiones contra la prensa, lo que de acuerdo al informe, representa un 13.6% más que en el año 2019. De las cuales 49.5% fueron cometidas por funcionarios públicos, que son 29.4% más que las agresiones cometidas en 2019. Prácticamente una agresión contra la prensa cada 13 horas. Así, 28.72% de las agresiones cometidas por funcionarios están relacionadas a hostigamientos judiciales y estigmatizaciones contra la prensa; 23.94% con intimidaciones y hostigamientos; y 21.28% con censura o alteración de contenido.
Dado que la mayoría de las agresiones provienen del aparato gubernamental federal, como el informe menciona, se “[...]alienta a mandatarios municipales y estatales a ejercer el mismo tipo de discurso contra los medios locales y envía un mensaje permisivo hacia particulares y otros poderes fácticos, que encuentran en las narrativas estigmatizantes un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado”.
Por lo que las entidades que más ataques padecieron en el 2020 fueron: Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. Sumados, sobrepasan 47% del total nacional de agresiones.
Esta situación resalta “[...] la caracterización negativa que el presidente y algunos integrantes de su gabinete hacen de la prensa tiene un peligroso efecto en cascada, que se reproduce y recrudece a nivel local a manera de hostigamiento, amenazas y uso ilegítimo del poder público en contra de las y los periodistas” y se refleja en los seis periodistas que asesinaron el año pasado a causa de su trabajo, que en total suman 17 en el presente sexenio.
De uso de recursos y censura en Internet
A pesar de existir una reducción en el gasto en comunicación social (contrario al sexenio previo), se dio una subejecución del gasto publicitario y no fue hasta diciembre del año pasado que se desembolsó el 44.3% de los recursos destinados, lo que “[...] resulta inadecuado, si se toma en cuenta que parte de éstos tendrían que haberse destinado a realizar campañas informativas sobre la pandemia durante todo 2020, no sólo al final”.
En cuanto a la asignación de estos recursos, el reporte indica que no hay criterios claros o del todo transparentes. y esto se refleja en que el 54% del total ejercido se repartió tan sólo en diez empresas de comunicación, mientras que otras 387 apenas alcanzaron el 46%.
Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador decidió unilateralmente, mediante decreto, disminuir los tiempos fiscales que los concesionarios de radio y televisión deben ceder al gobierno, con la justificación de que ya tiene las conferencias mañaneras para informar.
Simultáneamente, la organización pone en evidencia la vocación autoritaria para sobrerregular diversos aspectos de internet a fin de “[...] menguar su potencial democratizador y evitar que la narrativa y del desempeño oficiales se sujeten a escrutinio y crítica sociales”.
Como resultado, durante el 2020 se presentaron ante los congresos federales o locales 15 iniciativas que restringen la libertad de expresión a través de internet , de las cuales ocho iniciativas han sido aprobadas.
De derechos humanos y conclusiones
ARTICLE 19 subrayó la existencia del desmantelamiento, estancamiento o franca cooptación de instituciones protectoras de derechos humanos, cuando aún se registran violaciones graves, incluso en materia de libertad de expresión y el derecho a la información. Por lo que a lo largo del año pasado “los derechos de libertad de expresión e información fueron vulnerados de distintas formas, condicionando así el ejercicio de otros derechos humanos”.
En consecuencia, el discurso oficial es un espejo que distorsiona la realidad, bajo la dirección de una narrativa de aversión al disenso, pues mientras se mantenga tenga la deuda histórica con la sociedad en materia de respeto a sus derechos humano, “la censura y la represión seguirán siendo una amenaza que no sólo proviene de las prácticas del pasado, sino del presente”.
Así, a dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador “se evidencian signos de permanencia y aprovechamiento de anclajes autoritarios que operan en sentido contrario al respeto y garantía de los derechos humanos”.
