La madre de Raúl, Jesús, Gustavo y Luis Armando Trujillo Herrera, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una denuncia contra el Estado mexicano por la desaparición de sus hijos, a quienes busca desde hace 14 años.
María es madre de ocho hijos, pero en 2008 dos de ellos desaparecieron (Raúl y Jesús), dos años más tarde, dejó de tener noticias sobre Gustavo y Luis Armando; ahora acusa al Estado mexicano por violar sus garantías y las de su familia.
Por una falta de investigación y búsqueda diligente de parte de las instituciones nacionales, es que María acudió a la CIDH, en Washington, para que se inicie un proceso en el que se verifiquen los hechos relacionados a la desaparición de sus cuatro hijos y se emitan recomendaciones al Estado mexicano.
Representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la acompañaron hasta Washington, donde recordaron que en México hay más de 100 mil desaparecidos (107 mil 87) y que miles de familias como la de Trujillo Herrera, siguen esperando justicia.
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Tras años sin saber de sus hijos, María y sus familiares lograron unificar a 167 colectivos de búsqueda mediante la Red de Enlaces Nacionales, quienes comparten experiencias, información y se organizan para labores de rastreo a lo largo y ancho de todo el país.
Raúl y Jesús desaparecieron en agosto de 2008 cuando se encontraban en el estado de Guerrero; mientras que Gustavo y Luis Armando lo hicieron en septiembre de 2010 en Veracruz.
Desde entonces María Herrera inició el largo camino que involucra a tres distintos presidentes, el primero de ellos Felipe Calderón, a quien reclamó durante los llamados “Diálogos de Chapultepec” en 2011, cuando la cifra de desaparecidos era de 12 mil 600.
Una década después acudió a la CIDH para señalar las violaciones a distintos derechos cometidos por el Estado mexicano, desde el derecho a la vida, integridad libertad, personalidad jurídica, a ser buscados y a ser identificados.
El Centro Prodh también recalcó que la familia Trujillo Herrera tiene derecho a acceder a la verdad y la justicia, el cual siguen sin alcanzar debido a las “negligencias y omisiones” que las autoridades mexicanas han cometido a lo largo de las investigaciones. EJ
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