La marchista mexicana, Lupita González, volvió a rechazar las acusaciones de dopaje y afirma haber recibido una mala asesoría legal en el manejo del caso, por parte de su antiguo equipo de abogados.
Después de que la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo le impusiera una suspensión de cuatro años por la detección de trembolona en un control antidopaje (un anabólico prohibido por el Código Mundial Antidopaje), la mexicana sostuvo que la contaminación se produjo de manera accidental, al consumir una amplia variedad de carnes.
La atleta explicó que previo al sometimiento a las pruebas de antidopaje fue diagnosticada con un cuadro de anemia, motivo por el cual estuvo ingiriendo grandes cantidades de carne, que según ella, explican el positivo de trembolona en las pruebas.
En este sentido, “Lupita” presentó ante la IAAF una serie de documentos corroborando su defensa. Entre los que destacan, uno que prueba la legalidad en México del uso de trembolona en el ganado, los respectivos recibos de su visita a los restaurantes Picanha Grill y las Gueras, en donde asegura haberse contaminado y un diagnóstico del Hospital General número 26, en donde se constata el mencionado padecimiento de anemia.
Sin embargo, la IAAF desestimó todos los recursos, al acusar una falta de pruebas contundentes que sostengan la hipótesis de la contaminación accidental y al percatarse de ciertas irregularidades en la declaración de la acusada, con respecto a su desayuno el día anterior de la prueba.
Ante esta situación, González declaró antes los medios: “Mi situación actual ya la conocen, la situación que se vino de cierta manera complicando por una asesoría inadecuada. Yo creo que ningún atleta, como yo, que está a favor del juego limpio nunca está preparada para afrontar una situación como esta.”
“El día que se notifica es una sorpresa para mí porque vengo haciendo lo mismo durante ya seis años, vengo siguiendo procedimientos de trabajo, mi esfuerzo, me cae de extraño, por supuesto, esa notificación. Es por eso que ahora he cambiado mi defensa”, agregó
De esta manera, la defensa del caso ahora es llevada por el abogado Andrés Charría, quien ya hizo público el abandono de la vía del consumo legal y manifestó que hasta el 9 de junio para presentar nuevos argumentos para anular la suspensión.
evr
